02/03/16

Aumentan hasta 500% los peajes y prorrogan las concesiones viales que había adjudicado De Vido

El gobierno macrista aprobó un “tarifazo” para los peajes de las rutas más transitadas del país.

Por Antonio Rossi

(LPO) - Al igual que en el servicio eléctrico, el gobierno de Mauricio Macri resolvió aplicar un marcado “tarifazo” en los peajes de las rutas más transitadas del país.

Sin levantar la perdiz y sin comunicación previa alguna, Vialidad Nacional—que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich—actualizó los valores de los peajes de las rutas del interior con subas que van desde el 275% hasta el 500%.

Por medio de seis resoluciones, Vialidad convalidó los nuevos cuadros tarifarios para los corredores viales que estaban congelados desde 2014.

En el caso de la ruta 9 en el tramo entre Campana y Rosario, cuya concesión está a cargo de Iecsa, la empresa del primo de Macri, Angelo Calcaterra, el ajuste aprobado llega al 275% en las estaciones de peaje de Zárate y General Lagos.

En tanto, en la ruta 19 del corredor vial 4 que opera Isolux, el aumento trepa al 500%.

Los aumentos, que se extienden a los 8.000 kilómetros de rutas que habían concesionados durante la gestión kirchnerista, entrarán en vigencia el próximo fin de semana, casi al mismo tiempo que la nueva suba del 10% promedio prevista para los combustibles líquidos.

Junto con los incrementos tarifarios, el gobierno macrista también tomó la decisión de prorrogar las actuales concesiones de las principales rutas del país hasta el último trimestre de 2016.

Por las demoras registradas en la asunción de los funcionarios del sector y la falta de tiempo para elaborar los nuevos pliegos licitatorios, el ministerio de Transporte resolvió extender hasta octubre las concesiones viales de las rutas más transitadas del país que debían expirar en abril.

A un mes de la fecha de terminación de los contratos que el gobierno de Cristina Kirchner había firmado hace seis años, el administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el titular del Occovi, Pablo Belenky les anticiparon a los concesionarios privados que seguirán operando las rutas con peajes hasta el último trimestre de 2016.

Desde abril de 2010, las principales arterias viales de la red nacional (rutas 3,5,7,8,9,12,16,19,33,34,38,188,191, 205 y 226) están en manos de las grandes constructoras y de las empresas de ingeniería que tenían buena llegada a la Casa Rosada. Los ocho corredores viales adjudicados por el ex ministro de Planificación, Julio De Vido quedaron a cargo de Roggio, Iecsa, Cartellone, Esuco, Helport (Eurnekian), Electroingeniería, Isolux, CPC (de Cristóbal López) y Petersen, del grupo Eskenazi.

El modelo K. de concesiones viales que ahora el macrismo prorroga--en principio-- por un semestre representó un notable fracaso que se mantuvo por los sucesivos parches contractuales que se fueron aplicando y los crecientes compromisos de pago que fue asumiendo el Estado.

Inicialmente, los contratos que arrancaron en 2010 tenían un esquema muy particular. Mientras el Estado debía pagar todas las obras nuevas y de ampliación de las calzadas, los concesionarios sólo tenían que afrontar con la recaudación de los peajes los “gastos administrativos de las cabinas, el señalamiento y las tareas de mantenimiento de las rutas”.

A cumplirse solo dos de los seis años que se habían fijado para las concesiones, el congelamiento tarifario y los atrasos en los pagos del Estado llevaron a una renegociación de las concesiones.

Con los cambios acordados a fines de 2012, los concesionarios quedaron con la única obligación de pagar los sueldos de los empleados y desde los cortes de pastos hasta los postes SOS y los servicios de atención a los usuarios en caso de accidentes pasaron a ser tareas remuneradas por el Estado.

Entre otros trabajos de mantenimiento que las operadoras viales comenzaron facturarle a Vialidad aparecen los bacheos y sellados de fisuras; la limpieza de carteles, barandas defensivas y desagües; el barrido de calzadas, banquinas y cordones y la poda de árboles y eliminación de malezas cercanas a las rutas.

Pese a esas modificaciones, las concesiones de los corredores viales lejos de encarrilarse siguieron sumando problemas por la falta de pago de las obras y los servicios que quedaron a cargo del Estado.

Desde 2013, los funcionarios K. desatendieron la continuidad de las obras en las rutas concesionadas para privilegiar los proyectos viales directos con provincias, municipios y cooperativas del interior.

Así las rutas nacionales más transitadas quedaron con un nivel mínimo de obras de conservación y mantenimiento, lo cual aceleró el estado de deterioro que actualmente se verifica en la mayoría de los tramos concesionados bajo el régimen de peaje.

Desde las empresas concesionarias sostienen que la deuda acumulada por los atrasos en los pagos de las tareas y servicios que asumió el Estado llega casi 800 millones de pesos.

A esa suma le agregan alrededor de 4.000 millones de pesos más por los certificados de las obras nuevas ejecutadas en los corredores concesionados que dejó sin abonar la gestión kirchnerista.

En enero, Iguacel –el nuevo timonel de Vialidad que proviene del negocio petrolero donde ocupó cargos gerenciales en Pecom, YPF y Pluspetrol—le había prometido a las operadoras viales cancelar en 60 días un 70% de las deudas con un bono y el 30% restante en efectivo.

Pero hasta ahora, ninguna de esas variantes de pago ha sido activada. El bono aún no tiene el visto bueno del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Y los pagos en efectivo dependen de nuevas partidas presupuestas que nadie puede precisar cuándo estarán disponibles.