25/06/16

Dietrich crea el "Consejo Federal Portuario" para dilatar el traspaso del puerto local a Larreta

Transporte armó un ente consultivo portuario dejando a la Ciudad con poco margen de acción. Por Antonio Rossi


(LPO) - La tirante relación que mantienen el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la demorada transferencia del puerto a la órbita de la ciudad sumó un nuevo factor de tensión.

Sin previo aviso y con el fin de dilatar el traspaso que había sido una de las promesas electorales del macrismo, Dietrich resolvió crear el “Consejo Federal Portuario” (CFP), un nuevo organismo consultivo que entre sus funciones tendrá la de “analizar y promover” la posible cesión del puerto capitalino a las autoridades locales.

Por medio de la resolución 99, el ministerio de Transporte sentó las bases para la conformación del “CFP” que estará integrado por la Nación, las provincias con competencia portuaria, la propia Ciudad de Buenos Aires, el Consejo Portuario Argentino y la Cámara de Puertos Privados y Comerciales.

Si bien aparece formando parte del CFP, la administración porteña tendrá un margen de acción muy acotado, con lo cual estará obligada a negociar y consensuar una eventual transferencia del puerto a su jurisdicción con el resto de las provincias.

Tal como había informado LPO, Dietrich no tiene intenciones de cederle el dominio y la administración del puerto al gobierno de Rodríguez Larreta. El titular de Transporte quiere mantener en pie la Administración General de Puertos (AGP) que conduce el polémico Gonzalo Mórtola y relicitar las concesiones de las terminales portuarias porteñas que vencen en dos años.

Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño reclama el traspaso del área portuaria para poder llevar adelante la megaobra de la autopista ribereña y la creación de un nuevo espacio verde y recreativo denominado “Paseo del Bajo”. El lobby intenso de la Ciudad para avanzar con el traspaso, incluyó una visita la semana pasada del vicejefe porteño, Diego Santilli, a la autoridad portuaria de Londres, para interiorizarse sobre esa experiencia.

A la hora de justificar la creación del CFP, la cartera de Transporte destacó que “en el marco de la reestructuración del sector portuario, surge la necesidad de implementar mecanismos idóneos a los efectos de la concertación de los intereses de las distintas regiones en que se encuentran emplazados los puertos transferidos a las jurisdicciones provinciales”.

Según la resolución que lleva la firma de Dietrich resulta “oportuno y necesario propiciar la creación del CFP, de carácter consultivo, por medio del cual resulte factible potenciar el asesoramiento, la investigación y la coordinación en función de la formulación de políticas públicas tendientes a la armonización de intereses y al desarrollo coordinado y sustentable del sector portuario en todo el país”.

El nuevo organismo--que será presidido por un representante de la Nación designado por Dietrich—tendrá, entre otras las siguientes funciones:

--Promover la elaboración de políticas públicas y planes para el desarrollo en materia portuaria y en forma integrada con la política de transporte a nivel nacional.

--Fomentar el desarrollo de políticas de planeamiento estratégico, que contribuyan a la modernización, integración y competitividad de los puertos y del transporte marítimo y fluvial.

--Asesorar a la Nación, a las jurisdicciones provinciales portuarias y a los representantes sectoriales del sector privado en cuestiones referentes a la organización, coordinación, promoción y reglamentación de las actividades vinculadas al quehacer portuario, marítimo y fluvial.

--Impulsar acciones tendientes a lograr la armonización de intereses de todas las jurisdicciones a fin de obtener la mayor eficiencia en el logro de los objetivos planteados.

--Promover el desarrollo portuario sustentable de las diferentes regiones, provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La resolución que da origen al Consejo Federal Portuario presenta un dato llamativo. Fue redactada y aprobada a principios de mayo, pero su publicación en el Boletín Oficial se demoró más de 40 días.