Por Antonio Rossi
En medio de los anuncios de megaplanes de proyectos de infraestructura y las promesas de inversiones privadas que llegarían a partir del segundo semestre, la administración macrista volvió a echar mano del tradicional recurso de crear una “comisión evaluadora” que apunta a ganar tiempo y demorar los pagos de las obras atrasadas.
Al igual que su colega de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio que armó dos comisiones para analizar y redefinir los contratos que están bajo su órbita; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich también decidió conformar una “comisión específica” que se dedicará a revisar y reprogramar los contratos y licitaciones de las áreas de transporte, ferrocarriles y vialidad nacional.
Por medio de la resolución 64, Dietrich dejó constituida la nueva “Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procedimientos de Redeterminación de Precios” que funcionará en el ámbito de la cartera de Transporte.
La flamante comisión—que es practicamente un calco de una de las que creó Frigerio—tendrá las siguientes funciones:
--Unificar los criterios de trabajo para las redeterminación de precios de los contratos de obras y servicios que dependen del ministerio de Transporte.
--Intervenir y emitir informe técnico en todos los procedimientos de redeterminación de precios sustanciados en las áreas de transporte y vialidad nacional.
-- Asistir y elevar al ministro informes periódicos sobre el estado de avance de las redeterminaciones de precios de obras públicas.
-- Coordinar las acciones necesarias con la Sindicatura General de la Nación
--Intervenir en las nuevas licitaciones para verificar la exigencia en los pliegos de la documentación a presentar por los oferentes en materia de precios y redeterminaciones contractuales.
--Controlar la revisión final de las redeterminaciones de precios en forma previa a la aprobación del certificado definitivo de obra.
La encargada de pilotear la nueva comisión será la actual secretaria de Obras de Transporte y mano derecha de Dietrich, María Manuela López Menéndez. Los restantes integrantes del organismo serán sus colegas del gabinete de Transporte: Germán Bussi (secretario de Planificación de Transporte), Guillermo Krantzer (secretario de Gestión de Transporte) y Juan Manuel Gallo (subsecretario de Coordinación Administrativa).
En caso de que los responsables de la comisión lo consideren conveniente, podrán sumarse como “miembros no permanentes” los representantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de las subsecretarías y organismos dependientes del ministerio.
Además de intervenir en las futuras redeterminaciones de precios que vayan surgiendo en los próximos meses, Dietrich determinó que la nueva comisión deberá hacerse cargo de todos los trámites pendientes, los cuales volverán a ser analizados antes de definir si corresponde o no la actualización contractual.
Con esta movida, Dietrich puede seguir pisando los pagos de la mayor parte de las obras atrasadas mientras espera la llegada de las inversiones y los financiamientos externos para avanzar con los proyectos más relevantes que ahora no puede licitar por la falta de recursos.
Pese a las sucesivas promesas, hasta ahora Vialidad sólo habría cancelado un 20% de la deuda superior a los $ 12.000 millones que heredó con los contratistas de las rutas.
En el caso de la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias), de los certificados impagos que dejó la gestión K. por alrededor de $ 4.000 millones, los funcionarios macristas han abonado algo menos del 25% y prometieron pagar el resto a partir del segundo semestre.
El pionero en la creación de “comisiones evaluadoras” para estirar los plazos de pago de las obras terminadas y en curso fue el ministro Rogelio Frigerio.
A fines de febrero armó la “Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios” de los contratos vigentes.
Creada por la resolución 20, esa comisión tiene como fin analizar y definir las actualizaciones de precios que correspondan aplicar a las obras de los planes de viviendas, escuelas, hospitales, acueductos, proyectos hídricos y los emprendimientos a cargo de AySA.
En tanto, a principios de abril Frigerio lanzó al ruedo la denominada “Comisión de Concertación y Coordinación Operativa de la Obra Pública y Vivienda Federal” que está integrada por funcionarios del ministerio y representantes del gremio de la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción.
Según las tareas asignadas por la resolución 102, ésta comisión se dedicará a “coordinar el intercambio de información y proponer acciones que contribuyan a la reactivación del sector y a mejorar los sistemas de información a fin de trasparentar y agilizar la gestión en materia de obra pública y vivienda”.