Por Antonio Rossi
(LPO) - Encandilado con el lanzamiento de la primera licitación de energías renovables y las promesas de inversiones externas, el gobierno macrista descuidó otra convocatoria clave que tiene en curso en el sector eléctrico y corre el riesgo de recibir una reducida
Se trata de la licitación lanzada a principios de abril para ampliar la capacidad de generación con pequeñas y medianas usinas térmicas que deberán instalarse contrarreloj para poder reforzar la oferta eléctrica a partir del próximo verano.
El proceso licitatorio de esta nueva versión del programa de “energía delivery” ya fue prorrogado una vez y ahora el ministro de Energía, Juan José Aranguren tiene que resolver si aprueba o no una nueva postergación para la presentación de las ofertas.
Si no amplía el plazo límite de entrega de las ofertas que está fijado para la próxima semana, se excluirían de la licitación las empresas chinas CCCC y Power China que están en condiciones de aportar entre 1.000 y 1.400 MW que representan casi la totalidad del parque de generación que busca contratar el gobierno.
Los dos grupos chinos le solicitaron formalmente a Aranguren que prorrogue hasta mediados de junio la recepción de las ofertas debido al escaso tiempo otorgado para la elaboración de los estudios de prefactibilidad técnica y económica y la obtención de los certificados y permisos ambientales.
Además, los representantes de las compañías chinas pidieron mayores precisiones sobre la disponibilidad del combustible para las usinas que deberá ser provisto por el gobierno por medio de la CAMMESA.
Tanto Power China, como CCCC China anticiparon que de no contar con más días para armar sus ofertas –-que cuentan con financiamiento estatal y privado de China-- van a tener que desistir de la licitación.
En la misma situación se encontraría la empresa estatal cordobesa EPEC que piensa arrimar una propuesta para cubrir cinco puntos críticos de la provincia con usinas provistas por empresas privadas.
A estas posibles bajas que complicarían el resultado final del llamado licitatorio, se ha sumado otra preocupación que tiene nerviosos a los funcionarios del área energética.
De acuerdo con algunos sondeos preliminares, los precios por la “nueva energía delivery” que pretenden cobrar los oferentes estarían por encima de los cuestionados valores que tienen los actuales contratos que fueron firmados durante la administración kirchnerista.
Con el fin de bajar los costos de financiamiento y reducir los precios de los MW entregados al sistema, Aranguren y el secretario de Energía, Alejandro Sruoga estarían gestionando un respaldo externo del Banco Mundial-- similar al previsto para la futura licitación de energía renovable-- que serviría para redoblar la garantía prevista para los pagos comprometidos en los contratos.
Para incrementar la oferta eléctrica en el corto plazo, el gobierno diseñó un esquema muy particular que prevé el alquiler de pequeñas y medianas usinas por un plazo de 10 años y el pago en dólares de la potencia y la energía suministradas.
La convocatoria—que es piloteada por la CAMMESA—apunta a reforzar el suministro en las zonas más críticas del país y “satisfacer los requerimientos esenciales de la demanda durante el próximo verano 2017, el invierno del 2017 y la temporada estival de 2018”.
Según las reglas de juego, las ofertas para cada punto de conexión tendrán que ser, como mínimo, de 40 MW y con unidades generadoras no inferiores a los 10 MW de potencia neta. En total, la apuesta del gobierno es incorporar al sistema eléctrico entre 1.000 y 1.500 MW adicionales en el período que va desde el verano 2017 hasta la siguiente temporada estival de 2018.