28/01/16

Las claves del ajuste tarifario que puso en marcha Aranguren en el servicio de energía eléctrica

Las subas oscilarían entre 150% y 300% Actualizaciones trimestrales y nuevo régimen de tarifa social.

Por Antonio Rossi


(La Política Online) - La administración de Mauricio Macri dio el puntapié inicial para la aplicación del fuerte ajuste tarifario que había anunciado para el servicio de energía eléctrica y que se extenderá a los hogares de todo el país.

Lo hizo por medio de la resolución número 6 del ministerio de Energía y Minería que contiene seis cambios significativos que regirán a partir del 1 de febrero.

-Un aumento en el precio mayorista que oscila entre el 200% y 700%.

-Un ajuste en las tarifas finales a nivel nacional que rondará entre el 150% y 300%.

-El retorno de las actualizaciones tarifarias trimestrales.

-Un nuevo régimen de tarifa social.

-Un renovado esquema de incentivos para que los usuarios reduzcan los consumos y atemperen el impacto de los aumentos.

-Una marcada penalización económica a las distribuidoras provinciales que no se pongan al día con las millonarias deudas que tiene acumuladas con la CAMMESA, la administradora estatal del mercado eléctrico.

Lo que hizo el gobierno con la resolución firmada por el ministro Juan José Aranguren fue establecer las bases y los lineamientos que darán paso a las subas finales que afrontarán los usuarios a partir del 1 de febrero. Esos aumentos que se reflejarán en las boletas van a quedar definidos en los próximos días, una vez que los entes reguladores de la Nación y de cada provincia procedan a aprobar los nuevos cuadros tarifarios que tienen que presentar las distribuidoras.

En lo que respecta a la comercialización mayorista de la energía eléctrica, la nueva norma estableció cinco clases de precios que elevan los valores actuales entre un 200% y 700%. El precio más alto quedó para los usuarios residenciales cuyos consumos superan los 300 kWh/bimestrales y que en la región metropolitana alcanza a casi el 70% del total de los hogares. El segundo valor más elevado quedó para aquellos usuarios que consumen hasta 300 kWh/bimestrales. Para los que puedan bajar el consumo entre un 10% y 20% mensual con respecto a igual mes de 2015, el precio mayorista aumentará un 350% promedio. Y para los hogares que logren un nivel de ahorro superior al 20%, el precio mayorista subirá sólo un 200%. Por último se ubican los encuadrados dentro del régimen de tarifa social: recibirán gratis hasta 150 kWh/mensuales y el consumo excedente se facturará a valores que son casi un 50% más bajos que los actuales.

La doble incidencia de estos aumentos en los precios mayoristas y los sobrecostos de la energía importada de Brasil que vuelven a tomarse en cuenta implicarán subas en las boletas finales que van del 150% al 300%.

Un hogar que ahora abona unos 60 pesos por bimestre pasará a pagar 240 pesos si mantiene el mismo nivel de consumo; 180 pesos, si demanda entre 10% y 20 % menos ó 150 pesos, si logra ahorrar más del 20%. En el caso de una familia que con subsidio venía pagando 130 pesos por bimestre a partir de febrero deberá desembolsar 520 pesos si consume lo mismo que en 2015; 390 pesos si reduce su demanda entre 10% y 20% y 330 pesos si su ahorro energético supera el 20%.

Otro dato relevante es que vuelven las reprogramaciones tarifarias estacionales que rigieron durante la convertibilidad. Esto determina que todos los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre se actualizarán los precios mayoristas en función de los aumentos que registren los combustibles y los costos de operación de los generadores.

Con respecto a la denominada “tarifa social”, la resolución no dio mayores precisiones y sólo se limitó a consignar que “los criterios de calificación y asignación de los beneficios a los usuarios finales serán definidos por el Miniserio de Desarrollo Social”. Y una vez que se conozcan esos parámetros, el ente regulador deberá “establecer la metodología para determinar el volumen de energía para el traslado de la tarifa social a los usuarios finales”.

Por último, el nuevo ordenamiento tarifario fijó fuertes sanciones económicas para las distribuidoras provinciales y cooperativas del interior que han acumulado una deuda récord de casi 15.000 millones de pesos con la CAMMESA por la energía que reciben del sistema eléctrico y que ahora deberán trasladarles a sus usuarios los fuertes aumentos que dispuso la Nación.

A las empresas que en el corto plazo no se pongan al día o se resistan a firmar planes de pago, la CAMMESA le facturará la energía al precio mayorista más elevado y sin tener en cuenta los valores diferenciales de la tarifa social y los niveles de ahorro.

De esta manera, las distribuidoras morosas terminarán pagando por la energía un precio mucho más caro que el que podrán facturar a los usuarios subsidiados y a los beneficiados por las pautas de ahorro.

Además, como garantía de los planes de pago que suscriban por lo adeudado, las empresas eléctricas tendrán que cederle a la CAMMESA “sus créditos por cobranzas u otro mecanismo alternativo que permita asegurar tanto el cobro de la facturación corriente, como las cuotas a abonar por las sumas en mora”.

Más allá de las cuestiones técnicas y económicas, lo que llamó la atención fue la falta de información y explicación oficial sobre el alcance y la magnitud de los aumentos pese a las reiteradas promesas de Aranguren de que se iban a brindar previamente todos los detalles y datos del ajuste tarifario.