Hace pocas semanas había quedado en el ojo de la tormenta por un millonario e insólito error de cálculo que salió a la luz al inaugurar un puente ferroviario en Luján que era demasiado angosto e impedía el normal paso de los trenes de pasajeros y cargas.
Y ahora ha vuelto a estar en la mira de todos por una sorpresiva y atípica medida de la Casa Rosada que implicará una sensible mejora en sus ingresos económicos como funcionario público.
Se trata del administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien se vio beneficiado con un aumento de sueldo específico que lo ha puesto en la misma escala de remuneraciones de los secretarios de Estado.
A contramano de la nueva ley que recorta los futuros incrementos de las jubilaciones y pensiones y del ajuste de personal y presupuestario que ha comenzado a aplicar en la administración pública, el gobierno decidió premiar a Iguacel con una suba salarial del orden del 60%.
Por medio del decreto 1015, el presidente Mauricio Macri determinó la “equiparación salarial del administrador y subadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad a los cargos de Secretario y Subsecretario de Estado respectivamente”.
Para justificar la medida (por la cual el sueldo básico --sin adicionales, ni extras-- de Iguacel se elevará alrededor de un 70% al pasar de algo menos de 100.000 a casi 170.000 pesos mensuales), la administración macrista recurrió a los siguientes argumentos:
--“Vialidad es un ente autárquico de Derecho Público que tiene a su cargo el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias”.
--“El rol otorgado a Vialidad dentro de la nueva estructura organizacional del ministerio de Transporte pondera la nueva responsabilidad y grado de preeminencia de las tareas encomendadas”.
--Por consiguiente debe equipararse salarialmente a las autoridades superiores de Vialidad a los valores asignados a los niveles de Secretario y Subsecretario”.
Más allá de los fundamentos y el momento elegido para instrumentar la mejora de sueldo a un hombre clave de la estructura del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el decreto 1015 presenta dos datos llamativos.
El primero de ellos es que, entre otros antecedentes normativos, toma como sustento y referencia un decreto del gobierno de Carlos Menem del año 1992 por el cual el entonces superministro de Economía, Domingo Cavallo había recibido facultados para fijar las remuneraciones y suplementos salariales de las autoridades superiores de los organismos estatales.
Y el segundo dato relevante es que la medida a favor de Iguacel contó con el visto bueno de la Secretaría de Empleo Público del ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, el mismo que impulsa una fuerte reducción en la estructura y los sueldos de los agentes de la administración pública y de los organismos estatales.
Fuente: Transporte y Energía
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