El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren y el titular de la empresa estatal Enarsa, Hugo Balboa salieron a abrir el paraguas con una movida que –inesperadamente-- apunta a beneficiar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido y al ex subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta quienes se encuentran detenidos con prisión preventiva en la causa por la importación de gas de barco (GNL).
Tanto Aranguren en una declaración radial de hace unos días, como el presidente de Enarsa en una reciente ronda de prensa con medios afines al Gobierno coincidieron en lanzar una fuerte embestida contra la pericia técnica del ingeniero David Cohen que el juez federal Claudio Bonadío tomó como válida y central para procesar a 23 personas y detener a De Vido y Baratta por el supuesto pago de sobreprecios de casi 7.000 millones de dólares en las compras externas de GNL entre 2008 y 2015.
Con el doble fin de curarse en salud ante una posible demanda que ponga sobre el tapete las compras de GNL efectuadas en los últimos dos años y defender a los cuatro agentes de línea de Enarsa que fueron procesados por Bonadío y que siguen trabajando en la empresa, los funcionarios macristas no solo atacaron la solidez del informe pericial de Cohen, sino que además consideraron que resulta insostenible plantear que existió un sobreprecio de casi el 50% en los valores pagados por las importaciones de gas por barco durante la administración kirchnerista.
La pericia que usó Bonadío para determinar el multimillonario sobreprecio solo calculó un precio promedio anual del GNL pagado por la Argentina y lo comparó con el precio del gas por redes del mercado doméstico de Estados Unidos, sin tener en cuenta los fletes, los gastos portuarios, los costos internos regasificación y las bruscas oscilaciones que tuvieron los valores del combustible en el mercado mundial tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011.
Según las cuentas del perito, la diferencia que se habría pagado de más por las compras de GNL entre 2008 y 2015 sería de 6.990 millones de dólares.
Lo que realmente genera intranquilidad en los actuales funcionarios es que si se aplica esa metodología a las importaciones de gas por barco concretadas en los últimos 20 meses quedaría sobre el tapete que durante la administración macrista también se estarían registrando “sobreprecios” del orden de los 2.000 millones de dólares.
Además de exponer la preocupación oficial, las declaraciones de Aranguren y Balboa sirvieron para reforzar los argumentos esgrimidos por el ex titular de Enarsa, Walter Fagyas en la denuncia penal por falso testimonio agravado que lleva adelante contra el perito Cohen.
Fagyas acusó a Cohen por haber falseado textos, usar conscientemente parámetros que él mismo sabía que no eran válidos, desconocer elementos clave de las estructuras de precios y plagiar trabajos de estudiantes chilenos, sin siquiera citar las fuentes.
La denuncia—que quedó en la órbita del juez federal, Sebastián Ramos y la fiscal Pamela Ochoa—precisó que el perito Cohen “tomó como parámetro un precio conocido como Henry Hub, que es un precio norteamericano en boca de gasoducto. Y utilizó esa referencia aun sabiendo que era un precio interno de Estados Unidos y no un valor internacional, que ese país no exportó GNL en esa época y sobre todo sabiendo que era un precio de gasoducto, mucho más barato que el gas que llegaba al país en barco”.
“El peritaje de Cohen –advirtió el denunciante– se basó en un cuadro cuya fuente es la inexistente Comisión Europea de Energía (CEE). En el texto dice: Source: CEE”. Googleando ya surge que no existe la Comisión Europea de Energía, algo que es evidente ya que por sus siglas en inglés debería llamarse en todo caso EEC (European Energy Comission) o ECE (European Comission of Energy), pero nunca CEE. Y está claro que es en inglés porque en el cuadro dice source. Parece que los dos estudiantes chilenos de los que se copió Cohen se referían al Center of Energy Economics (CEE), que depende de la Universidad de Texas. Pero como el dato está copiado, Cohen se equivocó e invocó una comisión europea que no existe”.
Fuente: Transporte y Energía