Con el fin de eclipsar las denuncias recibidas en los últimos días que pusieron sobre el tapete la polémica financiación de negocios de empresarios amigos con fondos previsionales, la administración macrista se apresta a lanzar una línea especial de micropréstamos para los hogares de menores recursos.
Con recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, la Casa Rosada prevé otorgar con mínimos requisitos créditos de corto plazo que van de 3.000 hasta 30.000 pesos a las familias más pobres para apuntalar el consumo y mejorar las chances electorales del oficialismo.
Para financiar este programa que se instrumentará por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno tomará el 5% de los recursos que tiene disponibles el FGS y que según los últimos datos ascienden a un total de 61.000 millones de dólares.
Por esta vía, los funcionarios nacionales esperan volcar al consumo unos 50.000 millones de pesos con los micropréstamos que podrán solicitar las familias que reciben AUH, las personas que reciben pensiones nacionales y los jubilados de la Pensión Universal al Adulto Mayor.
Además del beneficio electoral, con esa movida el Gobierno busca atemperar los planteos judiciales y las críticas que han salido a la luz por el direccionamiento de los fondos previsionales del FGS hacia proyectos y negocios de empresarios afines al macrismo.
La semana pasada, la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social (UFISES) denunció ante la Justicia penal al titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso y a cuatro funcionarios del ministerio de Hacienda por un supuesto fraude de 35 millones de dólares en la compra de obligaciones negociables (ON) de Pampa Energía –el grupo energético de Marcelo Mindlin—y Genneia, la generadora eléctrica controlada por Jorge Brito, el dueño del Banco Macro.
Mindlin es el principal accionista de Pampa Energía y Petrolera Pampa. A principios de este año, le hizo un enorme favor al grupo empresario de la familia Macri al aparecer como comprador y nuevo dueño de IECSA, la constructora que manejó en los últimos años el primo del presidente Angelo Calcaterra. Durante la gestión kirchnerista, IECSA fue una de las principales contratistas de obras públicas y ha quedado en la mira de la Justicia por su asociación con Odebrecht en el polémico proyecto del Soterramiento de la línea Sarmiento.
En la denuncia que recayó en el juzgado del juez federal Rodolfo Canicoba Corral con intervención del fiscal Federico Delgado, la UFISES-- que conduce Gabriel De Vedia-- pidió que se investigue si Basavilbaso incurrió en abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta.
Según destacó la presentación del fiscal De Vedia, las operaciones del FGS “estarían beneficiando reiterada e infundadamente” a los empresarios Marcelo Midlin y Joseph Lewis de Pampa Energía, quienes “podrían tener vinculaciones con el Gobierno”.
Agregó que “las calificadoras de riesgo habían otorgado un puntaje regular a las ON de Pampa Energía” y advirtió que “dichos títulos registraban características especulativas significativas”. Por ese motivo, la UFISES planteó que debe investigarse por qué “el Comité del FGS optó por adquirir este tipo de ON y no otras que podían revestir un mayor beneficio para el fondo”.
Además de Basavilbaso también fueron denunciados penalmente los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Política Económica, Sebastián Galiani, junto a Juan Martín Monge, subdirector ejecutivo de Operación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.
A la denuncia que involucra a Mindlin se sumaría en los próximos días otra de similar tenor que haría foco en el empresario macrista Manuel Santos Uribelarrea, titular del grupo MSU y de las empresas Río Energy y Uensa.
En abril de este año, el comité ejecutivo del FGS acordó con la firma Uensa un contrato de préstamo sindicado para participar con 20 millones de dólares en el financiamiento de una central térmica de 150 MW ubicada en Villa María en la provincia de Córdoba.
En este caso, lo que más ha llamado la atención es que los responsables del FGS no hayan tenido en cuenta los curiosos y accidentados antecedentes que registra esa usina eléctrica.
La central térmica había sido desechada por los funcionarios de Energía en dos rondas licitatorias que se efectuaron entre mayo y agosto del año pasado por no haberse ajustado a los precios y a las condiciones técnicas que estaban en juego.
Pese a esos puntos en contra, a fines de octubre pasado la Secretaría de Energía Eléctrica, que conduce el ex cavallista Alejandro Sruoga le ordenó a la CAMMESA que salga a contratar la central ofertada por MSU junto con otra de 100 MW en Loma de la Lata que había propuesto el grupo Pampa Energía.
De esa manera, la central cordobesa de Villa María de MSU y la neuquina de Pampa Energía lograron entrar con fórceps al negocio de la generación eléctrica que se armó bajo el paraguas de la resolución 21/2016.
Proveniente del sector agropecuario, el grupo MSU -que agrupa un amplio abanico de sociedades conexas como Juamarita SA, MSU Air (transporte aéreo), MSU Ovo (avicultura), MSU Bioenergy (bioenergía), MSU Agribusiness Holding- logró pegar un gran salto a otros negocios vinculados con contrataciones del Estado a partir de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia.
En los últimos meses de 2016, MSU se convirtió en uno de los principales arrendatarios de las tierras de las Fuerzas Armadas que salió a licitar la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que dirige Ramón María Lanús. Se quedó con 3.000 hectáreas, algo más del 20% de los campos militares de alta productividad que la administración macrista decidió alquilarles a los grandes grupos privados de siembra.
Además, con su constructora UCSA, Santos Uribelarrea también consiguió que le adjudicaran contratos de obras públicas tanto la administración porteña de Rodríguez Larreta (provisión de la red de gas para la Villa Olímpica), como el ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich (un tramo Carmen de Areco-Junín de la futura autopista de la ruta 7 y obras de renovación de vías del Belgrano Cargas).
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