El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich ha demostrado en sus últimas apariciones en los medios que no conoce, ni tiene en cuenta el refrán popular que dice “no aclares que oscurece”.
Lejos de brindar una explicación fundada y concreta sobre su sorpresiva creación por decreto, el titular de Transporte acrecentó las dudas y sospechas sobre los verdaderos alcances y objetivos que persigue el Gobierno con la puesta en marcha de la nueva empresa estatal “Corredores Viales SA”.
Ante las fuertes críticas de los gremios del sector y legisladores de la oposición, Dietrich salió el fin de semana a tratar de justificar la jugada de la administración macrista negando que la conformación de la nueva sociedad implique un primer paso para la privatización de Vialidad Nacional.
En declaraciones a medios oficialistas, Dietrich explicó que “Corredores Viales SA” fue creada para hacerse cargo de la operación de la autopista Ezeiza-Cañuelas, cuya concesión en manos de la empresa AECSA controlada por Cristóbal López está próxima a ser rescindida por el Gobierno.
Tras destacar que los reiterados incumplimientos de AECSA, el ministro sostuvo que el Estado por medio de la empresa Corredores Viales SA “va a pasar a administrar esa concesión en lo que es una especie de estatización transitoria". Y agregó que “creamos una empresa porque es la forma más ágil de hacer esta transición y que los trabajadores pasen de esa sociedad privada a esta sociedad estatal de una forma automática".
Las palabras de Dietrich no sólo no lograron calmar las aguas, sino que además dejaron sobre el tapete nuevos interrogantes y puntos oscuros.
En primer lugar, no se entiende porqué si la futura operación estatal de la autopista Ezeiza-Cañuelas va a ser algo “transitorio” se procedió a crear una sociedad anónima con mayoría estatal que tiene una duración de 99 años.
En segundo lugar, al determinar la constitución de la nueva empresa por decreto el Gobierno macrista volvió a dejar de lado las normas vigentes que establecen que una sociedad de esas características debe contar con la aprobación del Congreso tal como ha ocurrido en los últimos años con las creaciones de la energética ENARSA, las ferroviarias ADIFSE y SOFSE, la compañía de satélites Arsat y la controladora aérea EANA.
En tercer lugar, lo que llama la atención es el amplio y extenso objeto social que se le ha fijado a Corredores Viales SA y que va mucho más allá de lo consignado en los fundamentos que justifican la creación de la empresa en “las eventuales contingencias que pudieran surgir en el desarrollo de las concesiones viales a los fines de viabilizar la continuidad del servicio que se presta a los usuarios”.
Según el artículo 1 del decreto 794, la nueva empresa tendrá por objeto “ la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera”. Además podrá encarar “la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de Áreas de servicio, explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada con su objeto social”.
Según lo que establece el decreto publicado en el Boletín Oficial la semana pasada cuando todas las miradas estaban puestas en la campaña electoral, el capital social de Corredores Viales SA estará integrado de la siguiente manera: 51% a cargo del Ministerio de Transporte y el 49% restante en manos de Vialidad Nacional.
Pero en cualquier momento parte de las acciones podrán pasar a manos privadas ya que la norma prevé que “en caso de que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes”.
A esto se agregan tres puntos polémicos que figuran en el “estatuto social” y que delatan la intención de la administración macrista de relegar a Vialidad Nacional y apuntalar el accionar de “Corredores Viales SA” a la cual no le resultarán aplicables las disposiciones de la ley de procedimientos administrativos y del régimen de contrataciones de la administración nacional.
--La flamante empresa está habilitada para contraer empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de bonos, títulos y obligaciones negociables y contraer cualquier deuda y obligación, en moneda local o extranjera vinculada con el objeto social con garantía del Estado Nacional.
--Además podrá ejecutar “las políticas públicas en materia vial, prescriptas en general o en particular por las autoridades competentes, en cuanto forme parte de su objeto social”.
--Y por último estará facultada para “proponer las modificaciones y ampliaciones a la red de infraestructura vial y organizar los servicios que la integran, en procura de una mejor racionalización, mayor productividad y reducción de costos”.
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