El capítulo local de los sobornos de Odebrecht registró una impensada derivación que involucra a los principales socios que tiene el grupo brasileño en el consorcio que lleva adelante la megaobra del soterramiento de la línea Sarmiento.
Por distintas vías y de manera sigilosa, lobistas de la constructora italiana Ghella y del grupo Mindlin -el nuevo dueño de Iecsa, la ex empresa de Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente Mauricio Macri- salieron a presionar a los funcionarios clave del gobierno para que no avancen con la anulación del contrato que prevé “enterrar” las vías urbanas del Sarmiento que unen Once con Moreno.
Presionado por la oposición y las críticas internas de referentes de Cambienos, el gobierno comenzó a evaluar en los últimos días la posible cancelación del millonario contrato del soterramiento que está en cabeza del consorcio liderado por Odebrecht y cuyos trabajos iniciales arrancaron a mediados de 2016 tras varios años de contratiempos y anuncios fallidos.
Además de darle de baja a ese polémico contrato, la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Justicia también manejan la idea de sacar a Odebrecht del registro de proveedores y contratistas por medio de la no renovación del certificado anual que deben obtener las constructoras del Estado para poder seguir trabajando y participar de nuevas licitaciones de obras públicas.
Enteradas de esa movida y frente a las crecientes complicaciones que va sumando Odebrecht en las causas judiciales por el pago de coimas a funcionarios nacionales entre 2004 y 2015, los dos socios de peso que tiene el grupo brasileño en el soterramiento decidieron jugar sus propias cartas para no quedar salpicados por el escándalo.
Tanto los directivos de Ghella (la empresa de ingeniería italiana muy allegada a la familia Macri), como los representantes del grupo Mindlin (el flamante comprador de Iecsa mediante una sorpresiva y oscura operación) consideran que la anulación del contrato del soterramiento implicará para sus empresas un duro golpe económico y mediático que las dejaría al margen de las futuras licitaciones de obras públicas que tiene en carpeta la administración macrista.
Por la vía de la Cancillería, en el caso de Ghella, y a través de contactos directos con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el titular de Transporte Guillermo Dietrich en el caso de SACDE (la continuadora de Iecsa), las socias de Odebrecht le hicieron saber al Gobierno lo “inconveniente” que sería para ellas y para la concreción de la obra una eventual caída del contrato que apunta a modernizar la infraestructura del ferrocarril Sarmiento.
La jugada de Ghella y Mindlin recibió un apoyo clave de la cartera de Transporte. Los asesores y abogados oficiales que dependen de Dietrich plantearon que antes de adoptar una medida extrema los más aconsejable es esperar a ver que resuelve la justicia con respecto al pago de coimas y la posible existencia de sobreprecios en las obras.
Si bien la opción de aguardar una definición judicial les permitiría patear una definición para más adelante, a los funcionarios de Transporte nadie puede garantizarle que estarán exentos de acudir a tribunales para brindar explicaciones por las decisiones tomadas a partir de diciembre de 2015.
Tras comprobar que el financiamiento que había prometido por BNDS estaba en la nebulosa, Macri decidió en sus primeras semanas de gestión iniciar las obras del soterramiento con fondos públicos.
Para eso, los técnicos de Dietrich aprobaron una polémica reprogramación de los trabajos que terminó elevando de 2.200 millones a 3.000 millones de dólares el presupuesto oficial de la primera etapa del megaproyecto heredado de la administración kirchnerista.
Publicado en Informador Público
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