Por Antonio Rossi.
El cuestionado negocio del servicio de remolcadores para los barcos de GNL que el ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich y la empresa estatal Enarsa le habían adjudicado el año pasado al gigante naviero danés Maersk y la local Meridian se topó con un sorpresivo fallo judicial que involucra la sensible cuestión de las Islas Malvinas.
El juez federal en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico dispuso que los diez remolcadores que Maersk trajó al país en los últimos meses de 2016 no podrán salir de los puertos locales hasta tanto el holding naviero demuestre que no violó las normas vigentes cuando en 2010 le prestó servicios de transporte marítimo a las petroleras extranjeras contratadas por el gobierno de las Islas Malvinas.
Al hacer lugar en forma parcial a una cautelar solicitada por la Cámara de Armadores de Remolques, el juez Lavié Pico estableció “una orden de restricción de salida de puerto de los siguientes remolcadores que Maersk y Meridian tienen operando en el país: Svitzer Mora, Svitzer Damka, Zeus I, Apollo, Svitzer Grand Bahama, Diamond Cay, Svitzer Endeauvour, SMS Meximo, Burondi y Svitzer Honour”.
La medida se mantendrá hasta tanto Maersk pueda acreditar que “contaba con la habilitación prevista en el artículo 2 de la ley 26.659 en ocasión de que las embarcaciones citadas participaron en el remolque de la plataforma sumergible de perforación petrolera Ocean Guardian contratada por Desire Petroleum PLC para operar en las Islas Malvinas”.
Además el grupo danés también tendrá que acreditar que la embarcación “Maersk Rapier” tenía la correspondiente habilitación del gobierno argentino en ocasión de llevar a cabo transportes de combustibles hacia las Islas Malvinas desde la Isla de Ascensión”.
Con esta movida, el juez busca determinar si realmente Maersk actuó dentro de los parámetros legales que había establecido el kirchnerismo cuando sus barcos y remolcadores trasladaron los equipos y el combustible que utilizaron las petroleras contratadas por las autoridades de las Islas Malvinas para explorar la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en distintas áreas off shore que forman parte de la plataforma continental argentina.
El artículo de la ley 26.659 que hace referencia la resolución judicial les prohíbe a empresas que operan en el país “desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina”.
También les impide a las firmas locales “contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito, con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación correspondiente”.
Según parece, los servicios que Maersk prestó en su momento a las petroleras que operaron en Malvinas no contaron con las autorizaciones de la administración kirchnerista.
De confirmarse este hecho, la situación de los funcionarios de Enarsa y de la cartera de Transporte que avalaron la contratación de Maersk se vería bastante comprometida porque el artículo 5 de la ley 26.659 estipula que “el Estado no podrá contratar con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido habilitaciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos emitida por autoridad competente argentina”.
Uno de los que denunció en su momento a Maersk por haber violado las leyes locales al operar con las petroleras de Malvinas fue el actual ministro de Defensa, Julio Martínez.
En agosto de 2015, desde su banca de diputado nacional, Martínez había promovido un pedido de informes para que la administración de Cristina Kirchner aclare la situación planteada con las mismas embarcaciones de Maersk que ahora están en la mira del juez federal Lavié Pico.
Maersk es uno de los principales operadores mundiales de terminales portuarias y barcos de cargas. En Argentina, opera la terminal 4 del puerto de Buenos Aires y a nivel mundial concentra alrededor del 20% del tráfico y movimiento de contenedores.
Asociado con la local Meridian, en agosto del año pasado, ganó una polémica licitación por 50 millones de dólares para prestar los servicios de remolques a los barcos de GNL que contrata Enarsa para las terminales regasificadoras localizadas en los puertos de Bahía Blanca y Escobar.
Transona—la empresa local que salió segunda —se presentó en la Justicia para denunciar que hubo varias irregularidades registradas en la licitación que habrían beneficiado a Maersk y Meridian.
Ahora, el fallo de Lavié Pico vuelve a poner sobre el tapete la cuestionada licitación y obliga transitoriamente a Enarsa a tener que contratar otra empresa de remolcadores hasta que Maersk presente los papeles y los documentos de sus servicios a las petroleras que operaron en Malvinas.
Bolivar 1787 - 6° E CABA
info@transporteyenergia.com.ar
Tel: +54 11 4300-2416
Portal de noticias con información actualizada
de dos sectores claves para el país