por Antonio Rossi
Se trata del timonel del grupo MSU, Manuel Santos Uribelarrea quien va camino a no poder cumplir con las inversiones comprometidas para la instalación de tres nuevas usinas de generación térmica que los funcionarios nacionales confiaban tener para el mejoramiento del servicio eléctrico.
Las centrales térmicas que Uribelarrea prometió construir y que se encuentran en la nebulosa son las siguientes: General Rojo (Ramallo) de 138 MW; Tandil (139 MW) y Villa María (137 MW).
El incumplimiento más marcado se registra con la usina bonaerense de General Rojo. De acuerdo con el contrato que tiene firmado con la CAMMESA -la administradora del mercado eléctrico que depende de Aranguren-, MSU tendría que haber puesto en funcionamiento comercial la central generadora el 30 de enero pasado. Pero, por el marcado atraso que registra en las obras no pudo llegar a tiempo. Respondió la primera intimación oficial diciendo que iba a habilitar la usina el día 3 de marzo, algo que tampoco pudo cumplir en tiempo y forma.
Los trabajos en la central generadora no tienen una fecha cierta de terminación y la multa contractual que ya tiene acumulada hasta los últimos días de marzo supera los 9,2 millones de dólares.
En los casos de las otras dos usinas, si bien las fechas de entrada en servicio están fijadas para el 15 de noviembre de este año, hasta ahora MSU no ha podido obtener todos los permisos municipales y ambientales previos que se necesitan para iniciar las obras preliminares y de nivelación de suelos.
Por ese motivo, tanto los técnicos de la CAMMESA, como los funcionarios de Energía ya dan por hecho que la empresa no terminará las obras en los plazos pactados y que los 266 MW que iban a aportar las dos centrales recién se podrán contabilizar, con viento a favor, a mediados de 2018.
La usina proyectada en Tandil registró varios hechos llamativos. Para instalar las turbinas, MSU le habría adquirido un terreno a una prima del presidente Mauricio Macri por un valor muy superior a los precios que se manejan en mercado inmobiliario de la zona. Después, alegando que no había tenido en cuenta las normativas municipales que condicionaban la instalación de usinas, MSU anunció que levantaba la obra prevista en Tandil para trasladarla a la localidad de Baker. No bien se enteraron de esa movida, los habitantes y las organizaciones sociales de Baker salieron a manifestar su rechazo a la construcción de la usina con asambleas públicas y denuncias presentadas ante las autoridades locales y provinciales.
En tanto, la usina de Villa María también presenta ribetes curiosos y polémicos.
Esa usina había sido desechada por los funcionarios nacionales en dos rondas licitatorias que se efectuaron entre mayo y agosto del año pasado por no haberse ajustado a los precios y a las condiciones técnicas que estaban en juego.
Pese a esos antecedentes en contra, a fines de octubre pasado la Secretaría de Energía Eléctrica, que conduce el ex cavallista Alejandro Sruoga cambió de parecer y le instruyó a la CAMMESA que salga a contratar la central ofertada por MSU junto con otra de 100 MW en Loma de la Lata que había propuesto el grupo Pampa Energía controlado por Marcelo Mindlin.
De esa manera, la central cordobesa de Villa María de MSU y la neuquina de Pampa Energía lograron entrar por la ventana al negocio de la generación eléctrica que se armó bajo el paraguas de la resolución 21/2016.
Para los funcionarios de Energía, los incumplimientos de MSU representan un serio problema cuya resolución les implicará tener que asumir un fuerte costo político.
Tras haber sido uno de los principales aportantes a la campaña electoral de 2015 de Cambiemos, Santos Uribelarrea tiene llegada directa al presidente Macri de la mano del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien en noviembre del año pasado le abrió las puertas de la Casa Rosada para que MSU anuncie oficialmente que iba a invertir 450 millones de dólares en las tres usinas que ahora están en veremos.
Esa influencia en el núcleo máximo de poder ya habría sido usada por Santos Uribelarrea para evitar que Energía le cobre las multas que corresponden por los atrasos en la central de General Rojo y tratar de lograr una suerte de dispensa por la demora de los otros proyectos.
Proveniente del sector agropecuario y con su base de operaciones ubicada en Villa Cañas, el grupo MSU -que agrupa un amplio abanico de sociedades conexas como Juamarita SA, MSU Air (transporte aéreo), MSU Ovo (avicultura), MSU Bioenergy (bioenergía), MSU Agribusiness Holding- logró pegar un gran salto a otros negocios vinculados con contrataciones del Estado a partir de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia.
En los últimos meses de 2016, MSU se convirtió en uno de los principales arrendatarios de las tierras de las Fuerzas Armadas que salió a licitar la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que dirige Ramón María Lanús. Se quedó con 3.000 hectáreas, algo más del 20% de los campos militares de alta productividad que la administración macrista decidió alquilarles a los grandes grupos privados de siembra.
Además, con su constructora UCSA -cuyas oficinas se encuentran en la sede central de MSU de Cerrito al 1200- Santos Uribelarrea consiguió que le adjudicaron contratos de obras públicas tanto la administración porteña de Rodríguez Larreta (provisión de la red de gas para la Villa Olímpica), como el ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich (tramo Carmen de Areco-Junín de la futura autopista de la ruta 7).
Y por el lado ferroviario, UCSA logró quedarse con una serie de contratos que rondan los 1.500 millones de pesos en obras de renovación y mejoramiento de vías en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.
Publicado en Informador Público
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