17/10/17

Pese a las desmentidas oficiales, en los ministerios ya se alistan para un ajuste después de las elecciones

por Antonio Rossi


A contramano de las declaraciones del ministro de Finanzas, Luis Caputo, que aseguró que después de las elecciones “no va a haber ningún ajuste”, en los ministerios y en las principales áreas de la administración pública nacional ya han comenzado a prepararse para pasar las tijeras a partir de noviembre tanto en el sector de personal, como en los gastos diarios de caja.

Las instrucciones impartidas de manera extraoficial desde la Jefatura de Gabinete a los todas las carteras ministeriales no dejaron lugar a dudas ni a distintas interpretaciones.

Todas las áreas, empresas y organismos estatales van a tener que llevar adelante en el último bimestre del año una doble poda del 10% en la cantidad de empleados y en el nivel de gastos y egresos corrientes.

Para las autoridades económicas, el ajuste presupuestario y laboral es necesario para poder encarrilar las cuentas públicas que se desbocaron por la campaña electoral y hacer frente al pago de la creciente carga que representan los intereses de la deuda externa.

De no aplicarse los recortes en juego, la administración macrista podría acumular un nuevo incumplimiento en la meta del déficit fiscal que según la ley de Presupuesto vigente debería bajar al 4,2% del PBI.

Con el fin de no afectar a las líneas intermedias que son clave para garantizar el funcionamiento diario, en varios ministerios piensan cubrir la pauta del 10% de ajuste en el personal por medio de dos vías: jubilaciones anticipadas para los agentes de mayor edad y no extensión de los contratos más antiguos que vencen en diciembre.

Para morigerar el impacto político, la Jefatura de Gabinete que pilotea Marcos Peña quiere hacer coincidir el recorte a nivel nacional con el ajuste que tiene previsto instrumentar la administración bonaerense de María Eugenia Vidal en los millonarios gastos del Congreso provincial.

Finalizadas las elecciones, el gobierno de Vidal prevé aplicar una fuerte reducción en el presupuesto de la Legislatura bonaerense que bajaría de 6.500 millones a 4.000 millones de pesos anuales.

El programa de achicamiento de los gastos del Poder Legislativo provincial ya habría sido consensuado entre el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca y el ministro de Gobierno, Federico Salvai.

Bajo el paraguas de “mayor transparencia y control del gasto público”, el ajuste pautado para el presupuesto del Congreso provincial se asienta en tres puntos clave: congelamiento de la cantidad de empleados de la planta permanente, limitación del número de asesores y no actualización de los montos asignados a cada legislador para subsidios y becas anuales.

Publicado en Informador Público