La estrategia desplegada por el Gobierno para orientar todas las miradas sobre el pago de coimas en el megaproyecto del soterramiento de la línea Sarmiento hacia Odebrecht y los funcionarios de la gestión kirchnerista y dejar a salvo a IECSA (la ex compañía de la familia Macri que en marzo pasó sorpresivamente a manos del empresario oficialista Marcelo Mindlin) se topó con un nuevo escollo judicial que ha dejado en la mira al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
A fines de junio, el titular de Transporte había decidido crear una “comisión investigadora” para comprobar si se registraron irregularidades y distorsiones de precios en la adjudicación y puesta en marcha de las obras del soterramiento ferroviario.
Conformada por cinco funcionarios de Transporte y asistidos por dos representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), esa comisión investigadora creada por la resolución ministerial 413/2017 tiene que llevar adelante dos tareas clave. Por un lado, verificar la correcta aplicación de la normativa vigente al momento del procedimiento de selección, celebración del contrato y sus respectivas modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se detecten. Y por otro lado, comprobar la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, valoración de los posibles perjuicios fiscales.
A esa movida oficial le salió al cruce en los últimos días una decisión adoptada por el juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi que promete trastocar los planes del macrismo y poner al descubierto el rol desempeñado por los directivos de IECSA en la trama de sobornos pagados por la megaobra ferroviaria.
Con el fin de revisar las cuentas a fondo y detectar la posible hoja de ruta de las coimas tanto en el accionar de Odebrecht como en los movimientos de sus socias IECSA, la italiana Ghella y la española Comsa; Martínez De Giorgi decidió armar un “equipo interdisciplinario” con funcionarios y técnicos de la Inspección General de Justicia (IGJ), AFIP y el ministerio de Transporte.
Para eso, el juez le remitió oficio a la IGJ para iniciar la conformación del “grupo investigador” que tendrá, entre otras, la misión de “relevar el flujo del dinero que pasó por el consorcio empresario y confeccionar una estructura de costos y gastos para desentrañar la contabilidad interna de la UTE que se adjudicó el soterramiento.
Según los lineamientos que estableció el magistrado, el equipo de técnicos que actuarán como “auxiliares de la justicia” deberá rastrear la existencia de cuentas bancarias no registradas "o de doble contabilidad" y la posible presencia de “asientos simulados o transacciones incorrectamente identificadas" que pudieran explicar los pagos indebidos.
Además, tendrán que determinar si hubo “sobreprecios, facturas sin prestación efectiva de servicios y la posible existencia de maniobras que tengan por objeto el fraude fiscal".
En el oficio, Martínez De Giorgi dispuso que las tareas se hagan “con el auxilio de personal idóneo del ministerio de Transporte", la cartera manejada por Dietrich que está cargo de la ejecución de las obras y tiene en su poder todos los documentos, contratos y certificados de los pagos efectuados hasta ahora a las empresas contratistas.
Si bien todo indica que Odebrecht sobornó a ex funcionarios K., lo que el Gobierno quiere evitar a toda costa es que se ponga sobre el tapete que desde mediados de la década pasada y hasta 2012, las empresas que llevaron las riendas del consorcio adjudicatario del soterramiento fueron Iecsa y Ghella. Y que si durante ese período hubo pago de coimas como muchos creen, las que habrían desembolsado esas coimas no fueron otras que IECSA y Ghella en representación del grupo constructor.
En esa época --donde Odebrecht era un socio minoritario-- las figuras relevantes del consorcio fueron Angelo Calcaterra –el primo hermano del presidente Macri—y Javier Sánchez Caballero, el gerente general de IECSA y asesor de Franco Macri.
A esto se suma otra arista polémica que salpica a la gestión de Dietrich. Es la que involucra al monto total de la primera etapa de las obras que fue convalidado a los pocos días del desembarco de Mauricio Macri en la Casa Rosada.
El ministro de Transporte aprobó un presupuesto actualizado de 3.000 millones de dólares, pese a que un informe del ex titular de la Unidad Ejecutora del Proyecto, Ernesto Selzer—que fue ratificado en marzo en Tribunales-- había advertido que ese monto tenía un sobreprecio del orden de los 1.000 millones de dólares.
Publicado en Informador Público
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