Tras el sacudón político y el festival mediático que provocaron las detenciones de los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y Roberto Baratta; en la causa por los supuestos y multimillonarios sobreprecios en la importación de GNL han comenzado a aflorar una serie de inconsistencias y sugestivos olvidos que ponen bajo la lupa los alcances del fallo que sacó a la luz la semana pasada el juez federal, Claudio Bonadío.
Tres días antes de las elecciones, el juez Bonadío emitió una resolución judicial por la cual procesó a 25 personas bajo las siguientes condiciones.
--A De Vido y Baratta les dictó el procesamiento con prisión preventiva por considerarlos “autores penalmente responsables” de los delitos de “defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta”.
--A los ex titulares de la empresa estatal Enarsa, Exequiel Espinosa y Walter Fagyas, también los procesó como “coautores”, pero sin enviarlos a la cárcel.
-- Y a los 21 imputados restantes, les decretó el procesamiento sin prisión acusándolos de haber sido “partícipes necesarios”.
Según el juez, las actividades por desplegadas por todos los procesados entre 2008 y 2012 llevaron a que el país importe GNL a diferentes empresas internacionales a precios superiores a los valores de mercado, generando un perjuicio a las arcas del Estado de aproximadamente 6.995.926.798 dólares.
En los casos de De Vido y Baratta, el fallo considera que “tuvieron en sus manos el diseño del plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL”. A su vez, tanto ellos como Espinosa y Fagyas “tuvieron posibilidades reales de terminar con la maniobra en cualquier momento, pero lejos de hacerlo se encargaron de diseñar y pulir el sistema de corrupción que giró en torno al procedimiento de adquisición de GNL”.
En cuanto a los restantes involucrados—entre los cuales se encuentran el ex ministro menemista Roberto Dromi, ex gerentes y funcionarios de Enarsa, directivos actuales de YPF y el dueño de una agencia marítima--, el fallo sostiene que “si bien no estaban a cargo de la administración y el manejo de los fondos, sí tuvieron una participación necesaria en el hecho delictivo, dado que sin sus aportes no se habría podido concretar la maniobra ilegal”.
Ahora bien, tras las apelaciones presentadas por los procesados en los últimos días y los análisis que hicieron especialistas del sector han surgido varios puntos oscuros y polémicos que impactan en la línea de flotación del fallo.
En primer lugar, el juez sostiene que hay un fraude al Estado de casi 7.000 millones de dólares, pero no aclara quienes se llevaron esa abultada suma. No se entiende por qué motivos no aparecieron entre los citados a indagatoria, ni entre los procesados los proveedores internacionales de GNL como Repsol, Gas Natural, British Petroleum, Vitol, Morgan Stanley, Shell y Trafigura, entre otros que son los que trajeron los barcos al país y que, supuestamente, han cobrado los sobreprecios.
En segundo lugar, lo que llama la atención es por qué no han sido procesados el ex titular de YPF, Miguel Galuccio, y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quienes fueron los que forzaron la firma del convenio por el cual Enarsa le tuvo que ceder a la petrolera restatizada todas las gestiones de compras y selección de proveedores de GNL a partir de 2012. YPF fue la gestora e intermediaria de ENARSA en todas las compras del GNL entre noviembre de 2012 y diciembre de 2016.
El tercer dato curioso es que mientras que por el lado Enarsa fueron procesados desde los encargados de los trámites burocráticos hasta los integrantes de los directorios que pasaron entre 2008 y 2015, en el caso de YPF –que según el fallo tuvo una “participación necesaria” en la maniobra delictiva—sólo fueron alcanzados por el fallo dos directores de áreas quedando al margen las principales autoridades de la empresa.
A eso se agrega otra omisión sugestiva. Se trata de la no inclusión entre los procesados de la ex secretaría de Energía, la camporista Mariana Matranga que asumió ese cargo en remplazo de Daniel Cameron en julio de 2014. Cameron en su rol de ex titular de la Secretaría de Energía fue acusado de haber sido “partícipe necesario” por el fraude registrado entre 2008 y 2015. Pero, llamativamente, Matranga que ocupó el mismo cargo en los últimos 18 meses del período investigado no fue ni siquiera citada como testigo.
Otra cuestión clave que genera polémica y fuertes controversias es el informe pericial del ingeniero David Cohen.
La pericia que tomó el juez para determinar el multimillonario sobreprecio solo calcula un precio promedio anual del GNL pagado por la Argentina y lo compara con el precio del gas por redes del mercado doméstico de Estados Unidos, sin tener en cuenta los fletes, los gastos portuarios, los costos internos regasificacion y las bruscas oscilaciones que tuvieron los valores del combustible en el mercado mundial tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011.
Según las cuentas del perito, la diferencia que se habría pagado de más por las compras de GNL entre 2008 y 2015 sería de 6.990 millones de dólares. Con esas mismas referencias y metodología, en las importaciones de gas por barco que concretaron en los últimos 20 meses en la gestión del actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, los “sobreprecios” desembolsados entre 2016 y 2017 ya alcanzarían a los 2.000 millones de dólares.
La pericia tampoco discrimina por barco o por empresa y solo se limita a establecer promedios comparativos mensuales y anuales entre los montos pagados por el GNL importado y el valor del gas en EE.UU..
De esta manera, si un proveedor "A" vendió un barco a 10 USD / MMbtu y en el mismo período otro proveedor "B" lo hizo a 20 USD / MMbtu, la conclusión del perito es que ambos terminaron vendiendo a un precio de 15 USD / MMbtu.
Fuente: Transporte y Energía
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