Temerosa de la reacción de la gente y del costo político que deberá afrontar justo en el momento en que arranca la campaña electoral, la administración bonaerense de María Eugenia Vidal decidió postergar hasta mediados de mayo el ajuste tarifario que tiene pendiente para las distribuidoras privadas y las cooperativas que prestan el servicio eléctrico en el ámbito provincial.
Los aumentos que oscilan entre el 40% y el 120% tenían que haber entrado en vigencia el 1 de marzo. Pero, por la extensión del conflicto gremial que aún tiene sin cerrar la paritaria con los docentes, el gobierno provincial optó por seguir pisando la orden de largada para la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios que están definidos desde fines de febrero.
Los funcionarios de Vidal no quisieron oficializar los aumentos en las boletas de la luz en medio de la negociación con los maestros para no darles más argumentos a al gremialista K, Rodolfo Baradel que reclama una actualización salarial del 35% que está muy lejos del 19% que ofrece la provincia.
Al igual que los incrementos del 60% al 148% que el ministro de Energía, Juan José Aranguren autorizó para Edenor y Edesur, las subas de hasta el 120% previstas para los usuarios bonaerenses responden a dos disparadores: la actualización del precio mayorista de la generación que dispuso la Nación y los mayores ingresos concedidos a las distribuidoras por las revisiones tarifarias integrales (RTI) que se debatieron en las audiencias públicas de fines de diciembre pasado.
Además del ajuste eléctrico, el gobierno provincial también tiene en “stand by” el aumento en los peajes de la autopista La Plata-Buenos Aires y en la autovía 2.
A mediados de febrero, el ministerio de Infraestructura bonaerense había autorizado subas del 30% al 70% en los peajes de ambos corredores viales.
En la Autopista el nuevo cuadro tarifario elevó el valor de cada uno de los dos peajes para automóviles de 15 a 20 pesos y de 20 a 25 pesos en hora pico. En tanto, en la autovía atlántica los aumentos recayeron en las cinco cabinas de la red donde los peajes de Samborombón, La Huella y Maipú pasaron de 45 a 75 pesos, mientras que en Madariaga y Mar Chiquita, el salto fue de 65 a 70 pesos.
Las nuevas tarifas sólo se cobraron durante dos semanas porque el 2 de marzo la Justicia Civil y Comercial platense hizo lugar a un amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense y suspendió los aumentos en juego.
El fallo frenó las subas con el argumento de que los funcionarios no habían realizado las audiencias públicas previas para debatir y analizar los cambios tarifarios.
Tras ese revés, el ministerio de Infraestructura resolvió organizar las audiencias públicas solicitadas por la justicia para poder destrabar los aumentos.
La primera audiencia pública está convocada para el 3 de mayo en el Colegio de Abogados de La Plata para informar y evaluar los “fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que determinaron los valores de los nuevos cuadros tarifarios de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata”.
En tanto, la segunda audiencia está programada para el 10 de mayo con el fin de tratar los aumentos en los peajes de la autovía 2.
Una vez superadas estas instancias, la provincia prevé ratificar los aumentos iniciales hacia fines de mayo.
Publicado en Informador Público
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