En medio de la discusión pública por el proyecto legislativo de la oposición que busca morigerar los ajustes tarifarios, una nueva y polémica situación de conflicto de intereses involucra al ministro de Energía, Juan José Aranguren y a ex ejecutivos de la empresa Iecsa, la constructora que Angelo Calcaterra—el primo hermano del presidente Mauricio Macri—le “vendió” al titular del grupo Pampa Energía, Marcelo Mindlin.
Dos ex gerentes de la firma de la familia Macri --que dejaron sin terminar las centrales térmicas Ensenada y Brigadier López y que a fines de 2016 embolsaron para Iecsa una cuestionada indemnización de 1.600 millones de pesos-- integran ahora el equipo de funcionarios de la estatal Enarsa que va a privatizar esas dos usinas.
Se trata de Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, quienes tras haber trabajado durante más de una década para Calcaterra y el grupo Macri lograron desembarcar a fines del año pasado en la conducción gerencial de Enarsa de la mano de Aranguren y del titular de la compañía energética, Hugo Balboa.
En el caso de Brusco, su ingreso a la administración macrista se registró a principios de 2016 cuando fue designado como subsecretario de Infraestructura Energética del gabinete de Aranguren.
La polémica inicial por su nombramiento como funcionario nacional se acrecentó cuando el ministro lo puso al frente de la “Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios” de las todas las consultorías y obras del ámbito energético.
Por los cargos gerenciales que ocupaban en Iecsa, tanto Brusco, como Piccinini formaron parte del “comité directivo” de obras de las centrales térmicas Ensenada y Brigadier López, cuyas construcciones habían sido adjudicadas “llave en mano” por Enarsa en 2010 a la empresa de Calcaterra y a su socia Isolux.
Diseñada para funcionar como una central de ciclo combinado de 810 MW, la usina bonaerense de Ensenada sólo está generando a ciclo abierto con un aporte que, cuando no está fuera de servicio por problemas técnicos, llega a un máximo de 560 MW.
En tanto la central Brigadier López –localizada cerca de la capital santafesina--opera desde 2012 con un ciclo abierto de 280 MW y tiene frenadas las obras para ampliar su capacidad de generación a 420 MW.
En ambas usinas, los cierres de los ciclos combinados debían haber estado finalizados a mediados de 2014. Pero por diversos problemas gremiales, demoras en las actualizaciones de precios y reclamos cruzados entre las empresas y Enarsa, las obras aún permanecen inconclusas.
Tras atender la mayor parte de los reclamos económicos que había planteado el consorcio Iecsa-Isolux, la administración macrista adoptó una polémica decisión a fines de 2016: rescindió de común acuerdo los contratos de las obras y les pagó a las empresas constructoras una indemnización de 1.600 millones de pesos.
Más allá que el relato oficial salió a vender que esa cuestionada salida como un hecho “altamente positivo y favorable para el Gobierno”, lo cierto es que IECSA y su socia Isolux terminaron haciendo un gran negocio con la rescisión de los contratos de las centrales que había obtenido durante la gestión kirchnerista de Enarsa.
En esa negociación, tanto Brusco –desde su puesto de funcionario del equipo energético—, como Piccinini—como gerente de Iecsa – tuvieron participaciones clave desde ambos lados del mostrador.
Y ahora –como ejecutivos de Enarsa, la estatal que está en camino de transformarse en IEASA (Integración Energética Argentina SA)— los dos ex ejecutivos del grupo Macri aparecen dentro del “staff” que va a privatizar las dos centrales térmicas.
La semana pasada la empresa conducida por Balboa lanzó oficialmente el proceso de licitación para la venta y transferencia del fondo de comercio de las centrales, sus contratos vigentes de venta de energía a la Cammesa, la deuda por el financiamiento recibido para la construcción de ambas usinas, los empleados afectados a la operación y la obligación de completar las obras de cierre de los ciclos combinados.
Para hacer más atractivo el negocio, Enarsa abrió una instancia previa de “consulta pública” para que los interesados puedan sugerir cambios al pliego de bases y condiciones.
La intención del Gobierno es largar a la calle el pliego definitivo dentro de un mes con el fin de abrir las ofertas y adjudicar las usinas al ganador en los primeros días de setiembre.
Fuente: Transporte y Energía
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