Una “extraña” y curiosa situación ha quedado planteada en el negocio aerocomercial con la incursión de las compañías “low cost” que impulsa a toda costa el Gobierno de Mauricio Macri.
Mientras el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich cuestiona cada vez con más fuerza los aportes económicos del Estado destinados a Aerolíneas Argentinas, varios gobiernos provinciales y locales han emprendido una llamativa carrera para ver quien otorga más subsidios y desgravaciones fiscales para sostener la cuestionada “revolución de los aviones” de la administración macrista.
El reciente debut en el mercado de cabotaje de Norwegian y las más de 300 nuevas rutas concedidas por las autoridades nacionales a las compañías áreas que se habían presentado en la última audiencia pública volvió a poner sobre el tapete los amplios y significativos beneficios económicos que vienen otorgando gobernadores e intendentes del interior a las “low cost”.
Uno de los casos más emblemáticos denunciado por los gremios del sector aeronáutico es el acuerdo firmado por el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti con los directivos de Norwegian.
El convenio –que tuvo como fin la puesta en marcha de un “programa de inversión de 200 millones de dólares para la radicación de Norwegian en la provincia—incluyó los siguientes beneficios:
--la eximición, por el plazo de cinco años, del pago del impuesto inmobiliario de todos los inmuebles e instalaciones que la empresa utilice en su explotación comercial.
--el pago de solo el 50% de Impuesto sobre Ingresos Brutos en los primeros tres años de actividad y del 75% en los dos años siguientes.
--la eximición del pago del Impuesto a los Sellos en su totalidad para todos los contratos de obras y servicios que formen parte del plan de inversiones durante los dos primeros años de funcionamiento.
--el otorgamiento de un subsidio mensual por el monto equivalente al 20% del sueldo básico para un plantel de 100 operarios que tengan domicilio en la provincia.
--El desembolso de otro subsidio provincial de 5.000 pesos para cada uno de los 100 empleados para cubrir las tareas de “capacitación” que llevará adelante la empresa.
--Un tratamiento especial de parte de la empresa provincial de la energía (EPEC) para concretar todas las instalaciones eléctricas que requieran los inmuebles y equipamientos de la empresa.
Un convenio de similares características y beneficios ya había firmado Schiaretti con Flybondi en 2017.
Si bien Aerolíneas Argentinas también tiene un acuerdo con la provincia de Córdoba, los alcances del mismo no son tan amplios como los vigentes con las low cost y solo se limitan a un aporte transitorio para reforzar las remuneraciones del personal con base en la capital mediterránea.
En tanto, las que están próximas a cerrar con el gobierno de Córdoba convenios similares a los de Norwegian y Flybondi son las empresas Avianca y JetSmart.
Los directivos de Flybondi—con la ayuda de los funcionarios nacionales de Transporte—también lograron suscribir acuerdos para evitar el pago de impuestos y tasas locales en Corrientes, Jujuy y Misiones.
En el caso de Bariloche, Flybondi consiguió un paliativo relevante. El intendente de esa ciudad, Gustavo Genusso pasó por alto al Concejo Deliberante y por medio de un polémico convenio le concedió la exención del pago de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene por tres años. Junto con esa ayuda, el mandatario local rionegrino se comprometió a hacer lobby ante la provincia para que el Ente de Promoción Turística (Emprotur) coloque una porción de la inversión publicitaria anual en los aviones de Flybondi.
Por el lado de Avianca, la empresa alcanzó un ventajoso acuerdo con la provincia de Tucumán a cambio de utilizar al aeropuerto capitalino como base principal de sus vuelos de cabotaje.
El acuerdo que el gobernador Juan Manzur cerró con los ejecutivos de Avianca le garantiza a la empresa un piso del 65% de ocupación para cada uno de sus vuelos.
En caso de que no llegue a cubrir el 65% de los asientos ofertados, la provincia deberá hacerse cargo de la diferencia hasta alcanzar ese nivel de ocupación.
De esta manera, la empresa se asegura un subsidio provincial que le asegura un nivel de ocupación que siempre cerrará con números positivos y sin riesgo de pérdidas económicas.
Más allá de la intención de las provincias de captar la mayor actividad de las nuevas operadoras aéreas, los que siguen de cerca la dinámica del sector no descartan que detrás de las ayudas fiscales del interior exista una gestión en las sombras de los funcionarios de Transporte para apuntalar la denominada “revolución de los aviones”.
Esa “gestión” consistiría en garantizarle a las administraciones del interior una suerte de compensación de las ayudas económicas giradas a empresas aéreas mediante el envío de fondos para nuevos programas de obras y la agilización de los trámites y acuerdos pendientes en las distintas áreas del gobierno nacional.
Fuente: Transporte y Energía