Tras haber registrado una fuerte expansión en el negocio energético durante las administraciones kirchneristas y ser uno de los principales jugadores del sector que logró cerrar millonarios contratos de generación eléctrica con la actual gestión macrista, el grupo Albanesi ha quedado envuelto en una complicada situación judicial y económica que es observada con lupa tanto por las autoridades nacionales, como los proveedores y bancos internacionales que financiaron sus proyectos más recientes.
El golpe que dejó en estado de shock al grupo nacido en la ciudad de Rosario provino de la megacausa de “cuadernos de las coimas” que lleva adelante el juez federal, Claudio Bonadío.
El titular del holding Albanesi, Armando Loson integra la lista de los 42 ex funcionarios y empresarios que fueron procesados por Bonadío bajo la acusación de “asociación ilícita y cohecho”.
Tras haber estado detenido una semana a principios de agosto, Loson salió de la cárcel luego de convertirse en el quinto “arrepentido” de la causa que aceptó hablar como “imputado colaborador”. Gracias al acuerdo que llegó con el juez pudo zafar de la “prisión preventiva” que le correspondía al haber sido procesado como miembro de una asociación ilícita que tiene una pena que va de los 3 hasta los 10 años de detención.
Según los escritos de Oscar Centeno—el ex chofer de Roberto Baratta—Loson (que figura como “Loxon”) le entregó en varias ocasiones entre 2013 y 2015 bolsas y sobres con dinero a Baratta y a su secretario Nelson Lazarte en el edificio de Retiro donde funciona la sede porteña de Albanesi.
En su declaración como arrepentido, Loson reconoció haber efectuado esos pagos porque –sostuvo--fue presionado por los funcionarios K para efectuar aportes “para la política y las campañas electorales”. También cargó contra el ex titular de Nación Fideicomisos, Enrique Arceo indicando que lo había extorsionado para que firmara la cesión gratuita de un contrato de capacidad de transporte de gas que había sido pagado por Albanesi sin recibir ningún beneficio para la empresa.
Tras transformarse en “imputado colaborador”, Loson presentó su renuncia a todos los cargos directivos y ejecutivos que tenía en las sociedades del grupo.
A partir de ese momento, Albanesi comenzó a ser motivo de preocupación entre los funcionarios del área energética y los ejecutivos de los bancos locales e internacionales como ICBC, UBS y Credit Suisse que han financiado los últimos y millonarios emprendimientos de generación eléctrica que el grupo había ganado bajo la gestión del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Al día siguiente de que fuera detenido Loson, Generación Mediterránea SA (GEMSA)--una empresa controlada por el Grupo Albanesi---se vio obligada a aplazar hasta nuevo aviso la emisión de un bono de hasta 70 millones de dólares que tenía prevista de antemano para ampliar la capacidad de generación de la central térmica Maranzana de la localidad de Río Cuarto.
El flamante Secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel—quién en la última poda del Gabinete perdió el rango de ministro que tenía su antecesorAranguren—vigila de cerca los movimientos de Albanesi porque es una de las empresas que más obras y contratos de usinas eléctricas tiene en ejecución con una inversión total comprometida de casi 1.000 millones de dólares.
Los trabajos y obras en juego involucran a las centrales térmicas Maranzana, Independencia I y II, Roca, La Rioja, Sorrento, La Banda, Frías, Ezeiza, Renova Santa Fe, los cierres de Ciclo Ezeiza y Timbúes y el proyecto de Cogeneración Arroyo Seco.
Precisamente el futuro de este último proyecto es el que ha encendido las luces de alerta entre los proveedores, subcontratistas y los bancos que tienen como cliente a Albanesi.
Hace tres semanas, el grupo tuvo que reconocer en la Bolsa de Comercio que está buscando “potenciales compradores” para que se encarguen de llevar adelante el proyecto que su subsidiaria Generación Centro (GECE) no puede concretar por falta de financiamiento.
La usina de cogeneración –que fue adjudicada por la administración macrista el año pasado—está proyectada en un predio de Arroyo Seco que es propiedad del grupo cerealero francés Dreyfus.
La planta –que requiere una inversión cercana a los 150 millones de dólares que Albanesi no está en condiciones de poder conseguir—prevé generar unos 125 MW, de los cuales Dreyfus tomaría 25 MW, quedando disponibles 75 MW para ser destinados al sistema interconectado nacional.
Para los que siguen de cerca los números y negocios eléctricos, no sería extraño que Albanesi también tenga salir a vender la totalidad o parte de otros proyectos que tiene en curso.
En la última semana de octubre, el grupo tiene que cancelar un vencimiento con los bancos de 80 millones de dólares que hoy por hoy está en duda de que pueda afrontarlo en forma total.
A los escollos financieros que vienen jaqueando su actividad se agregaría otro problema derivado de una las ramificaciones de la causa de los cuadernos de las coimas.
Se trata de la vinculada con los negocios energéticos que el juez Bonadío ya avisó que comenzará a investigar en forma específica junto con los casos de las coimas ligadas a los subsidios ferroviarios y los “retornos” que desembolsaron las concesiones viales.
A juzgar por la documentación y pruebas obtenidas por Bonadío, uno de los casos que podría saltar sobre el tapete es el que involucra a la central térmica Sorrento.
Privatizada en la época menemista, la usina localizada en Rosario estuvo bajo control del empresario Sergio Taselli hasta fines de 2010 en que pasó a manos de Albanesi en medio de denuncias de vaciamiento, desinversión e incumplimiento del pago de sueldos.
La usina –que estuvo fuera de servicio en 2007 y funcionó en forma discontinua durante varios años—quedó a cargo de Albanesi tras un acuerdo que habían impulsado Baratta y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido por el cual Taselli accedió a alquilarle los equipos generadores de la central a la empresa de Loson.
Pero ahora Taselli en su declaración ante Bonadío salió a denunciar que Baratta y Albanesi le sacaron la central tras amenazas y lo obligaron a firmar un contrato de alquiler por el cual nunca pudo cobrar suma alguna.
Tras destacar que tiene iniciado un juicio de desalojo para recuperar la usina, Taselli sostuvo que Albanesi recibió del gobierno kirchnerista alrededor de 300 millones de pesos para reparar Sorrento con fondos públicos.
Reactivada con un acto encabezado por Cristina Kirchner en setiembre de 2011, la usina Sorrento vuelve ahora estar en la mira y tiene como actores principales a dos empresarios –Loson y Taselli—que tienen en común el hecho de haber sido procesados como miembros de una organización delictiva liderada por la ex presidenta Cristina Kirchner que habría movido casi 70 millones de dólares de coimas y sobornos.
Fuente: Transporte y Energía
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