05/09/18

Obras Públicas: con trabajos parados por falta de pago y 100.000 despidos en el horizonte, las constructoras reclaman declarar al sector en “emergencia”

Por Antonio Rossi


Ante el congelamiento de los pagos de los organismos estatales, la falta de financiamiento de los bancos privados y el drástico ajuste del 60% en los fondos destinados a las obras públicas para llegar al déficit cero en 2019, las empresas constructoras encendieron las luces de alerta frente al “inédito y negro” panorama que vislumbran para los últimos meses del año.

Los cálculos más optimistas que manejan las pequeñas y medianas constructoras perfilan una pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo en lo que resta de 2018 por la paralización de las obras en curso y la cancelación hasta nuevo aviso de las licitaciones que la Nación y los gobiernos provinciales tenían agendadas para el último cuatrimestre del año.

Según los números que barajan las empresas, de las casi 420.000 personas que estaban empleadas el año pasado se pasaría al inicio de 2019—con las bajas ya efectivizadas y las proyectadas-- a un total que no superaría los 300.000 trabajadores registrados.

A los atrasos en los pagos de las obras que dependen de los ministerios de Interior, Transporte y Energía se ha sumado en los últimos días el fuerte impacto que produjo la disparada de la cotización del dólar en los precios y los costos operativos del sector.

Una muestra más que relevante de los coletazos de la devaluación se registra con el precio del asfalto.



Las petroleras y productoras de asfalto aplicaron entre los primeros días de junio y la última semana de agosto un aumento del orden del 50%, lo cual llevó a la mayoría de las constructoras a postergar todas las obras de pavimentación y reparación de calzadas ante la imposibilidad de poder afrontar los nuevos valores de los materiales e insumos con los contratos pactados con precios de fines año pasado y de los primeros meses de 2018.

Frente a esta crítica situación y los masivos despidos de personal que se avecinan, las constructoras –que no quedaron pegadas a los “cuadernos de las coimas” –han comenzado a plantear la necesidad de declarar legalmente al sector en estado de “emergencia económica, financiera y administrativa”.

Con la máxima entidad del sector –la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)—totalmente desprestigiada por tener a sus máximos directivos involucrados y “arrepentidos” en la megacausa de corrupción que lleva adelante el juez federal, Claudio Bonadío; las empresas de mediano calibre que son contratistas de obras públicas consideran que la gravedad del momento no deja otra alternativa que revisar y “recalcular” todos los contratos vigentes.

Para reforzar los reclamos dirigidos a las autoridades nacionales para que declaren la “emergencia”, las constructoras ponen como ejemplo la movida impulsada por el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

Arcioni envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley de declaración de emergencia para habilitar “la rescisión, la paralización y reprogramación de todos los contratos de obra pública”.

Si bien la iniciativa de Arcioni tuvo su origen en la pérdida de recursos que sufrió la provincia por la decisión unilateral de la Nación de eliminar el “Fondo Federal Solidario” que se alimentaba con las retenciones a las exportaciones sojeras, para las constructoras representa una atinada medida que se puede replicar a nivel nacional para “reprogramar los plazos y redeterminar los precios de las obras públicas que quedaron desfasadas y desactualizadas.

Lejos de ser la “salvación” que pregona el Gobierno, los contratos de obras públicas por el sistema PPP también quedaron seriamente averiados por la situación económica y el cierre de las fuentes de financiación externas.

Para las empresas del sector, la salida contrarreloj que armó la administración macrista para salvar los primeros contratos viales adjudicados por PPP--transfiriéndole al Estado la búsqueda de los fondos que debían traer los oferentes-- ya se topó con la negativa de los bancos privados que no están dispuestos a otorgar nuevos créditos para el financiamiento de este tipo de obras.

Fuente: Transporte y Energía