Un creciente malestar con la administración de Mauricio Macri ha comenzado a gestarse entre los empresarios de la construcción.
El encolumnamiento con las políticas oficiales que los dirigentes de la Cámara Argentina de la Construcción venían mostrando desde el desembarco de Macri en la Casa Rosada empezó a mostrar las primeras fisuras y cuestionamientos puertas adentro de la entidad.
El malhumor sectorial obedece a la combinación de dos factores.
Por un lado, al doble discurso de los funcionarios que en privado reconocen la profundidad del marcado recorte en las obras públicas que se viene tras al acuerdo con el FMI, pero que ante los medios y la opinión pública sostienen que no será tan drástico y que se mantendrán las obras en curso.
Y por otro lado, a la polémica decisión del ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich de dejar al margen del ajuste al consorcio de la italiana Ghella y la local SACDE –la empresa sucesora de la ex Iecsa que Marcelo Mindlin “le compró” a Angelo Calcaterra—que tienen a su cargo la ejecución de las obras del Soterramiento de la línea Sarmiento.
Con respecto a la poda de los fondos que estaban destinados a los programas de obras públicas, la mayoría de las constructoras coinciden en señalar que los problemas y demoras en los pagos ya habían arrancado en los primeros meses de este año.
Hasta diciembre de 2017, los certificados de obras se pagaban antes de los 60 días. Pero a partir de febrero comenzaron a estirarse los plazos y ahora la espera para poder cobrar oscila entre los 120 y 150 días.
Además, por una instrucción no escrita del ex titular de Vialidad y nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, los inspectores y veedores del organismo vial pasaron a “modo tortuga” el trámite de certificación de las obras terminadas. Lo que habitualmente demandaba no más de 15 días de verificación y aprobación ahora puede tardar entre 60 y 90 días.
Uno de los hechos que irritó a las empresas es el reconocimiento oficial del ajuste en cuentagotas.
A principios de mayo, cuando Macri anunció que iniciaba negociaciones para una asistencia crediticia del FMI, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne comunicó un recorte presupuestario para las obras públicas de 30.000 millones de pesos.
A eso se agregó otro tijeratazo de 60.000 millones de pesos que salió a la luz a mediados de junio en la letra chica del convenio suscripto con el Fondo. De esa manera, el presupuesto original de 180.000 millones de pesos para obras públicas que estaba pautado para este año se achicará a la mitad.
En tanto, para 2019 el cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI implicará una reducción superior a los 150.000 millones de pesos en los “gastos de capital” dirigidos a las inversiones en infraestructura.
Mientras se alistan para afrontar un escenario recesivo que proyecta dejar alrededor de 80.000 desempleados en el sector, las constructoras mascullan su bronca por el tratamiento preferencial que el área de Transporte le daría a la obra del Soterramiento.
Por indicación expresa de la Casa Rosada, la cartera de Dietrich excluiría del ajuste presupuestario al megatúnel del ferrocarril Sarmiento que está construyendo el grupo integrado por Ghella (71%) y SACDE (29%).
Para justificar esa movida, la segunda de Dietrich, Manuela López Menéndez (Secretaría de Obras de Transporte) y el titular de Transporte del gobierno porteño, Juan José Méndez salieron a exhibir la obra en los medios afines al macrismo destacando que la máquina tuneladora funciona sin parar cinco días a la semana.
Según indicaron esos funcionarios, el cronograma de la obra prevé llegar en diciembre con el túnel de Castelar a Villa Luro y a fines de 2019 hasta Caballito. Después vendrán el llenado con cemento, el tendido de las vías y la construcción de ocho estaciones subterráneas.
Para este año, las obras del megaproyecto –cuya inversión total trepa a los 3.000 millones de dólares—implicará para el Estado un desembolso del orden de los 500 millones de dólares.
Pero más allá de estar en el candelero por evitar el ajuste, el Soterramiento volverá a captar la atención política y judicial a partir de agosto.
A mediados de ese mes, el primo hermano del presidente Macri y ex titular de Iecsa, Angelo Calcaterra tiene que ir a prestar declaración en los tribunales de Comodoro Py en la causa donde se investiga el pago de coimas por la adjudicación de las obras efectuada durante la administración kirchnerista al consorcio original del Soterramiento que encabezan la brasileña Odebrecht y la local Iecsa.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo indagará por el rol que desempeñó su empresa en la licitación del soterramiento y el vínculo que tuvo con los directivos de Odebrecht involucrados en el escándalo del Lava Jato.
Junto con Calcaterra también fueron citados a indagatoria a medio centenar de empresarios, intermediarios y ex funcionarios kirchneristas acusados de pagar y recibir sobornos. Entre los 49 imputados que pasarán por los tribunales sobresalen Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), el mediador Jorge “Corcho” Rodríguez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
Calcaterra quedó imputado por una denuncia que la actual diputada oficialista Graciela Ocaña había hecho antes de sumarse a la alianza Cambiemos. La denuncia destacó que las empresas Control y Auditorías Especiales de Argentina SA (CAESAI) y Controles y Auditorías Especiales SL de España (CYAES), adjudicadas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, habrían recibido sobornos del grupo Odebrecht por medio de la empresa offshore Klienfeld Service Ltd..
El magistrado dio por valido el testimonio de Luiz Antonio Mameri, quien era vicepresidente de Odebrecht para Latinoamérica y se acogió a la delación premiada en Brasil. Según ese directivo, los que negociaron las coimas con funcionarios de la administración kirchnerista habrían sido los ejecutivos Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa) y Mauricio Couri Ribeiro, Rodney Carvalho y Ricardo Vieira (ex CEOs de Odebrecht).
Fuente: Transporte y Energía
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