Para aquellos que lo frecuentan desde hace varios años y conocen los resquicios del negocio de la operación de terminales de pasajeros, no sería extraño que Néstor Otero—el polémico empresario que quedó detenido esta semana por orden del juez federal, Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos de las coimas—salga a patear el tablero y abra una nueva y explosiva derivación en el sonado caso de los sobornos que destapó el ex chofer de Roberto Barata.
Si Otero decide hablar y seguir el camino de casi todos los empresarios involucrados en la causa que se transformaron en “arrepentidos”, los datos que podría aportar prometen afectar por igual tanto a la anterior gestión kichnerista, como a la actual administración que encabeza Mauricio Macri.
Es que más allá de la mala fama que supo ganarse por su forma de actuar y de la millonaria suma de dólares y pesos que encontraron en su domicilio tras el allanamiento que dispuso Bonadío, lo cierto es que el actual concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro (TEBA) ha venido haciendo negocios con todos los gobiernos desde los primeros años del menemismo.
Si bien quedó marcado por las dádivas pagadas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por la renegociación de la terminal de Retiro, Otero nunca fue objetado, ni sancionado por los funcionarios macristas.
Lejos de ser relegado, Otero logró cerrar acuerdos y negocios con las autoridades de Transporte de la Ciudad cuando Macri era el jefe de Gabinete y después de diciembre de 2015 cuando ex Jefe de Gobierno porteño desembarcó en la Casa Rosada.
A diferencia de los otros empresarios que quedaron “pegados” con los cuadernos de las coimas, Otero atraviesa una situación personal y familiar crítica que podría llevarlo a pactar un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para --bajo el paraguas de “imputado colaborador” -- suministrar información relevante para la causa.
Su esposa se encuentra gravemente enferma y él ya practicamente les ha transferido todas las empresas a sus hijos para poder cuidarla. Por ese motivo se cree que buscaría salir de prisión rápidamente por más que tenga que admitir el pago de retornos en los últimos años.
Con una gran habilidad política y comercial, Otero logró hacer negocios con todos los gobiernos de turno en los últimos 20 años. Además de TEBA, controla -entre otras- las terminales de Puente La Noria, Mar del Plata y Villa Gesell y las estaciones ferroviarias de Once y Retiro-San Martín.
Fue procesado y enviado a juicio oral y público por el ex juez federal Norberto Oyarbide, luego de que se comprobara que, por medio de TEBA, le había pagado los alquileres de dos departamentos al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime mientras era funcionario público.
En octubre de 2015, cuando estaban a un paso de ir al tribunal oral, Jaime y Otero llegaron a un acuerdo con el fiscal federal Guillermo Marijuan, por cual admitieron el delito de “aceptación de dádivas” a cambio de un juicio abreviado que incluyó el pago de compensaciones económicas y la realización de tareas comunitarias.
En tanto, durante la gestión de Macri como Jefe de Gobierno porteño, Otero consiguió que la Ciudad le diera la explotación de la nueva terminal de ómnibus Dellepiane.
Ubicada en la zona sur de la Capital Federal, la terminal Dellepiane –que cuenta con 32 dársenas para ómnibus, 57 boleterías, 17 módulos de encomiendas y 400 cocheras --se originó en una iniciativa privada promovida por el propio Otero.
Tras recibir fuertes críticas y cuestionamientos, el proyecto –que había sido impulsado dentro del gobierno porteño por el ex ministro de Producción y actual titular del BICE, Francisco Cabrera—fue aprobado en la Legislatura a mediados de 2014 con el único apoyo de los legisladores macristas.
En lugar de concesionar el predio para la construcción de la terminal, el gobierno local le vendió a Otero el terreno de 40.000 metros cuadrados mediante un atípico sistema de leasing a pagar en cómodas cuotas a lo largo de 18 años.
Ante la negativa de las empresas de larga distancia a utilizar la nueva terminal, a fines de 2016 el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich y el Jefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez Larreta salieron a darle una mano a Otero con dos resoluciones regulatorias que intentaron llevar una parte de los servicios diarios de ómnibus que operaban en Retiro a la flamante estación de Villa Soldati.
La movida de los funcionarios macristas fue resistida por las compañías de colectivos de larga distancia por tres motivos salientes: los costos operativos de Dellepiane duplican los existentes en Retiro; la nueva terminal no cuenta con una red de accesos adecuada y las instalaciones y el entorno no reúnen las condiciones de seguridad que se requieren para vehículos y usuarios.
En lo que respecta al terminal de Retiro, el accionar desplegado por la cartera de Dietrich desde fines de 2015 ha sido muy llamativo y polémico.
Pese a los constantes quejas y denuncias de los usuarios por el mal estado de la terminal, Dietrich mantuvo a Otero al frente de TEBA con dos prórrogas consecutivas de la concesión dictadas en 2016 y 2017.
Hasta ahora el ministro de Transporte llevó adelante dos intentos de reprivatización de Retiro que terminaron fracasando. En las dos ocasiones, las mejores ofertas correspondieron a los consorcios liderados por Otero.
Si bien no fue reconocido como ganador en ninguna de las dos instancias, Otero igual sigue conservando el control de la terminal de Retiro gracias a las prórrogas de Dietrich.
Fuente: Transporte y Energía
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