Pese a que hace más de un mes que dejó el sillón del área de Energía, la figura del ex ministro Juan José Aranguren sigue siendo motivo de comentarios y especulaciones puertas adentro de la administración macrista.
Cada día que pasa va perdiendo fuerza el argumento inicial de su salida que desplegó el “relato oficial” basado en la mala imagen que dejaba Aranguren en sus apariciones mediáticas y los fuertes cuestionamientos políticos que venía recibiendo tanto de los socios radicales de Cambiemos, como de los referentes de la oposición.
En la Casa Rosada, las versiones que bajan desde el círculo más cercano al presidente Mauricio Macri han comenzado a plantear que el verdadero motivo de la eyección del ex CEO del Shell del gabinete nacional estaría vinculado, más que con una arista política, con una cuestión económica por el “manejo y tratamiento” que Aranguren le habría dado a una serie de licitaciones y millonarias contrataciones en dólares que tuvieron lugar en los mercados eléctrico y gasífero.
Por expreso pedido del Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel habría iniciado una especie de “investigación interna” sobre todos los contratos y convenios que se firmaron e implementaron durante la gestión de Aranguren.
Hasta ahora la mira de Iguacel y sus colaboradores estaría puesta en tres renglones salientes de la anterior conducción de Energía: los contratos de ampliación de la capacidad de generación térmica que surgieron de la resolución 21/2016; las adjudicaciones de proyectos de energías renovables y la fijación de los precios del gas que la CAMMESA y las distribuidoras privadas deben pagarles a las petroleras.
En el caso de los nuevos contratos con los generadores térmicos, lo que habría aflorado de las pesquisas internas es una llamativa “condescendencia oficial” con las empresas que no cumplieron con los plazos comprometidos para la entrada en servicio de las usinas.
Solo unas semanas antes de dejar el cargo, Aranguren aprobó un marco normativo para que el Estado proceda a aplicar las sanciones estipuladas en los contratos a las firmas que demoraron más de la cuenta la habilitación de las centrales y que estaban a tiro de ser penalizadas hace varios meses.
Lo que estaría en juego es el cobro de alrededor de 210 millones de dólares de multas a cinco compañías privadas y la estatal bonaerense Centrales de la Costa por los atrasos que tuvieron con la instalación de sus usinas.
Según los primeros análisis que hicieron los colaboradores de Iguacel, a dos empresas tendrían que haberle rescindido los contratos y ejecutarles las garantías en vez de perdonarles la vida y darles hasta 48 meses de plazo para pagar las multas.
Para sorpresa de los nuevos responsables de la política energética, un par de colaboradores de Aranguren habrían reconocido que, pese a haber manifestado su oposición, terminaron apoyando las polémicas medidas para no generar una situación conflictiva dentro del ministerio.
En esa línea se encontrarían el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga y el subsecretario del Generación, Transporte y Distribución Eléctrica,Juan Luchilo, quienes aportaron todos los expedientes y carpetas solicitadas por Iguacel con el doble fin de exponer las diferencias de criterio que tenían con Aranguren y hacer buena letra para seguir en sus cargos con la nueva gestión.
Por el lado de los contratos del programa RenoVar de energías renovables que llevó adelante el subsecretario Sebastián Kind, las objeciones de las nuevas autoridades también se focalizaron en la falta de rigor y la permisiva consideración oficial que tuvieron los funcionarios al no aplicar en tiempo y forma las sanciones previstas para las empresas que se atrasaron e incumplieron los plazos contractuales.
Para cambiar esa tónica y enviar un señal a las firmas que vienen demoradas, Iguacel ordenó la rescisión de los dos primeros contratos de energía renovables que arrastraban “reiterados incumplimientos de las empresas adjudicatarias”.
Se trata de los proyectos de 35 MW del Parque Solar Sarmiento (que la empresa SO Energy tenía en San Juan con un precio promedio de 52,95 US$/MWh) y de 100 MW del Parque Eólico Viento Reta, que el grupo chino Sinohydro tenía proyectado en Tres Arroyos con un precio promedio de 46 US$/MWh.
Y en el caso del gas, lo que se le cuestiona a Aranguren son los precios que estableció arbitrariamente en diciembre pasado para las compras que debían efectuar la CAMMESA para las generadoras térmicas y las distribuidoras para atender las demandas residenciales.
A la administradora mayorista del mercado eléctrico, Aranguren le impuso el pago de un valor uniforme de 5,20 US$ por millón de BTU por el gas recibido de distintas productoras locales. En tanto, a las distribuidoras les fijo hasta el mes de octubre la obligación de desembolsar a las productores un precio único de 4,68 US$ por millón de BTU.
Para la nueva conducción de Energía, esos precios fueron un premio excesivo para las petroleas. Ahora y a tono con la etapa de ajuste que se viene, la intención oficial es que tanto la CAMMESA, como las distribuidoras negocien por su cuenta con las petroleras los nuevos valores del gas que regirán en los próximos meses.
Según la visión de los nuevos funcionarios, la libre negociación entre las partes permitiría bajar los precios del gas, algo que para los principales especialistas del sector no sería tan fácil de lograr debido a la marcada concentración y el comportamiento cartelizado que predomina en el negocio gasífero.
Fuente: Transporte y Energía
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