Tal como ha ocurrido en numerosas ocasiones donde quiso imponer su postura sin analizar la situación y terminó dando marcha atrás, la administración macrista estaría por sumar otro traspié con la ofensiva lanzada para correr a la empresa Electroingeniería de la megaobra las represas santacruceñas y dejar al frente del proyecto al grupo chino Gezhouba con nuevos socios locales.
Con Gerardo Ferreyra (uno de los dueños) preso desde principios de agosto—y Osvaldo Acosta (el otro timonel de la firma) imputado en la causa de los “cuadernos de las coimas”, la empresa Electroingeniería enfrenta una situación más que crítica e incierta.
Tras haber sido una de las compañías más beneficiada con contratos de obras públicas durante los gobiernos K., Electroingeniería empezó a decaer y afrontar serios problemas económicos y financieros a partir de diciembre de 2015 con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.
Siempre en la mira del actual gobierno nacional por su clara identificación con la gestión kirchnerista, la empresa del tándem Ferreyra-Acosta pudo resistir la fuerte embestida que el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren había desplegado en los primeros meses de 2016 para que ceda su participación en la UTE que comparte con el grupo chino Gezhouba en el megaproyecto de las usinas hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa.
Luego de casi más de un año de arduas y tensas negociaciones con el consorcio y las autoridades chinas, Aranguren y Macri lograron cambiar los términos originales del contrato con una reprogramación de las obras que implicó un reajuste de la inversión en juego que supera los 4.700 millones de dólares, la reducción de la potencia instalada de las represas y la incorporación de una línea de transporte en alta tensión desde Santa Cruz hasta Buenos Aires.
Las complicaciones para Electroingeniería se agravaron tras el tsunami judicial que sobrevino en la causa de los “cuadernos de las coimas”.
Las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno y las declaraciones de los arrepentidos Claudio Uberti (ex titular del Occovi) y Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción) dejaron a Electroingeniería en la “selecta” lista de las principales empresas que más sobornos y “aportes económicos” para las campañas electorales pagaron durante la era K.
Tras la detención de Ferreyra y su reconocimiento de los desembolsos efectuados a los funcionarios kirchneristas, la administración macrista volvió a la carga para desplazar a la empresa de la mayor obra pública que sigue—por ahora—en pie.
El ahora Secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel viene desplegando una marcada presión sobre el embajador de China en Buenos Aires y el grupo Gezhouba para que impulsen la salida de Electroingeniería del consorcio de las represas por las sospechas y acusaciones de corrupción que pesan sobre ella.
Por medio de la nueva empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa)---la sucesora de la ex-Enarsa--, Iguacel bajó la señal a los chinos de que deben desprenderse de Electroingeniería para que la obra no sufra retrasos en los pagos.
Junto con ese mensaje, los funcionarios macristas les habrían sugerido a los chinos cuatro empresas locales allegadas al gobierno que estarían dispuestas a ocupar el lugar de Electroingeniería en el grupo constructor.
El listado enviado a los ejecutivos chinos desde Ieasa—la empresa que conduce el ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell Aqua—estaría conformado por las siguientes empresas: Techint, Panedile, SACDE (la sucesora de la ex Iecsa que adquirió Marcelo Mindlin) y Caputo SA, la constructora que Nicolás Caputo—el mejor amigo y socio comercial de Mauricio Macri—le vendió a principios de año al fondo de inversión y desarrollador inmobiliario TLGT.
Si bien no aparecen en las posiciones estelares de Electroingeniería, tanto Techint como Panedile también se encuentran salpicadas en menor escala en la escandalosa causa de las coimas y sobornos que lleva adelante el juez federal, Claudio Bonadío.
Pero más allá del deseo de algunos funcionarios de voltear a Electroingeniería, la movida macrista no tuvo en cuenta dos datos clave que condicionan los cambios buscados.
El primero de ellos es que el grupo chino Gezhouba no estaría habilitado para absorber el papel de Electroingeniería y quedarse como única empresa adjudicataria del proyecto.
Según las reglas de juego que se fijaron en la licitación internacional del emprendimiento, en el consorcio a cargo de las obras tiene que haber una presencia de empresas locales no inferior del 30%.
Y el segundo aspecto relevante está vinculando con el hecho de que la empresa de Ferreyra y Acosta, como integrante de la UTE con casi el 40% de participación, tiene nominados y adjudicados contratos de obras y servicios por aproximadamente 2.000 millones de dólares a lo largo de los casi 6 años que se extiende el período de construcción de las represas.
Si cede esos contratos y sale del negocio, Electroingeniería estaría en condiciones de reclamarles una millonaria indemnización tanto a los socios iniciales chinos, como a la empresa que eventualmente la remplace en el consorcio.
Fuente: Transporte y Energía
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