La salida alternativa que estableció la Casa Rosada para tratar de mitigar el impacto del ajuste tarifario en el servicio de gas y bajar la tensión interna con sus aliados de la UCR y la Coalición Cívica ha dejado planteada varias dudas operativas y una clara intención del Gobierno de involucrar a la fuerza a las administraciones provinciales para poder transferirle buena parte del problema y del costo político de las medidas correctivas que se tengan que adoptar en el corto plazo.
Ante los reclamos de Elisa Carrió y los referentes radicales para atenuar la incidencia de los últimos aumentos de tarifas, el Gobierno aceptó modificar el esquema de vencimientos de las facturas de gas correspondientes a los períodos de mayor consumo que van desde mayo hasta agosto.
Según lo anunciado, ahora los usuarios residenciales van a poder optar por pagar las boletas que reciban hasta el mes de octubre en tres cuotas entre noviembre y abril del próximo año con tasa de interés de recargo que rondará el 21% anual.
De esta manera, las autoridades nacionales lograron mantener los porcentajes de aumentos sin cambios y desechar la propuesta de los técnicos de la UCR que impulsaba la aplicación de una tarifa plana a lo largo del año que implicaba para los hogares pagar todos los meses un importe similar.
En este punto, se impuso la posición del ministro de Energía, Juan José Aranguren que es contraria a ese cambio porque no permite que los usuarios adopten una pauta de ahorro y consumo racional y por las compensaciones económicas que el Estado debería reconocerles a las productoras de gas, transportistas y distribuidoras que se manejan con liquidaciones y pagos mensuales variables.
Lejos de calmar las inquietudes de los técnicos radicales y los usuarios, el escueto anuncio oficial sobre los cambios en las formas de pago generó una serie de dudas sobre su viabilidad operativa.
El primer interrogante gira en torno a cómo se va a implementar el “diferimiento optativo” del pago de las facturas. En este caso, el Enargas –ente regulador del sector gasífero—tendrá que determinar si los usuarios deberán presentarse en las oficinas comerciales de las distribuidoras para acceder a los planes de pagos o si las gasíferas estarán obligadas a emitir dos clases de facturas, una normal y otra con los vencimientos diferidos.
La segunda cuestión tiene que ver con la superposición de facturas que van a tener para pagar los usuarios que decidan fragmentar las boletas de los meses de frío. Entre noviembre y abril, esos usuarios deberán hacer frente a los consumos deferidos del invierno junto con las facturas de los meses estivales.
Y el tercer punto que promete generar ruido es el vinculado con el próximo incremento tarifario que está pautado para el servicio de gas en octubre y que requiere el visto bueno del Gobierno para que entre en vigencia.
Es el que corresponde a una nueva reducción de subsidios en el precio del gas y a las actualizaciones semestrales por los mayores costos operativos de las distribuidoras y transportadoras.
Junto con la posibilidad de pagar las facturas invernales en forma desdoblada, el gobierno y sus socios políticos de Cambiemos acordaron suspender hasta julio el nuevo y limitado régimen de subsidios para los hogares beneficiarios de la “tarifa social”.
A fines del año pasado, las autoridades de Energía decidieron cambiar el esquema de subsidios de la tarifa social por otro de “bloques mensuales” que varían según la época del año y cubren una parte del consumo con una bonificación del 100%, otra con el 75% y el resto se factura con el valor pleno del gas.
Con esos cambios, un usuario residencial con tarifa social que por un consumo de 200 metros cúbicos pagó en el último invierno 380 pesos deberá pagar ahora 900 pesos por bimestre. Y en el caso de una familia con tarifa social y 1100 metros cúbicos de consumo, la suba prevista invierno contra invierno superará el 300% al pasar de 2.800 pesos a 11.700 pesos por bimestre.
Ahora bien, la suspensión del recorte de subsidios para la tarifa social sólo regiría para los usuarios de las provincias que “acepten compartir el costo económico” de esa medida.
De esta manera, desde la Nación buscan derivarle parte del problema a las administraciones provinciales, las cuales han sido convocadas de forma urgente a una reunión del Consejo Federal de Energía con el doble fin de resolver el futuro de la tarifa social y poner en marcha una campaña conjunta de “concientización” sobre el consumo racional y el ahorro energético.
Desde el interior ven esta jugada del macrismo como una “encerrona” para amortiguar las críticas que están recibiendo los funcionarios de Aranguren y embretar a los gobiernos provinciales con el pago de una parte de los subsidios que hasta ahora son afrontados por las arcas nacionales.
Según los primeros cálculos que hicieron los técnicos de gobernadores opositores, la “factura” que la Nación les quiere hacer pagar a las provincias por mantener los subsidios a la tarifa social hasta julio treparía a casi 1.5000 millones de pesos.
Y en caso de que esa medida se extienda hasta la finalización del cuarto bimestre, lo que deberían desembolsar las provincias sería algo más de 5.000 millones de pesos.
Además con esta movida, la Nación apuntaría a que las provincias también se hagan cargo y asuman el costo político de cualquier retroceso o modificación en los ajustes que provenga de los distintas demandas judiciales en curso.
Especialmente las que están motorizando las entidades representativas de las pymes industriales y comerciales que tras haber vistos sus boletas incrementadas hasta un 40% en diciembre, ahora deberán afrontar otra actualización tarifaria que oscila entre el 42% y 60%.
Fuente: Transporte y Energía
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