Los autotransportistas de pasajeros de la región metropolitana arrancaron 2019 con una doble preocupación por las últimas movidas normativas que implementó la administración macrista en medio de las fiestas navidad y año nuevo y el anuncio de las nuevas tarifas con aumentos de hasta el 48% que regirán para los colectivos, trenes y subtes.
Se trata del decreto 1200/18 y la resolución 1154 del ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich que, a juicio de los timoneles de las empresas de colectivos, apuntarían a instalar un nuevo e incierto escenario regulatorio para el sector que podría venir acompañado de una temporaria ventanilla recaudatoria destinada a la campaña electoral del oficialismo.
Por medio del decreto 1200/18, el Gobierno de Mauricio Macri modificó una norma que estaba vigente desde 1994 por la cual las compañías de colectivos que prestan servicios urbanos podían acceder a una renovación automática de sus permisos de explotación por el plazo de 10 años una vez que se cumpliera el período de la concesión inicial otorgada por una década.
De esta forma, las empresas tenían asegurada –si cumplían con sus obligaciones y los requisitos técnicos y operativos—una duración de los permisos de explotación por 20 años para poder planificar la obtención de créditos, renovar periódicamente la flota de vehículos y ejecutar las inversiones adicionales en talleres y logística.
A partir de ahora, esa renovación deja de ser automática y el plazo de extensión de los permisos de explotación queda al total arbitrio de la cartera que comanda Dietrich. Es más, según la nueva norma, los funcionarios de Transporte podrán rechazar la extensión de un permiso si consideran “fundadamente que existen causales vinculadas al desempeño del operador, o a la funcionalidad o estructura futura del sistema de transporte u otras causales técnicas que aconsejen la no renovación”.
Para justificar esta alteración en las reglas del juego, el Gobierno esgrimió que los últimos estudios efectuados sobre los niveles de ocupación del sistema de transporte de la región metropolitana “han arrojado la necesidad de redefinir la oferta y la cobertura de los servicios” y que mientras se lleva adelante esa reestructuración “resulta necesario modificar la norma vigente para que la Autoridad de Aplicación tenga la facultad de renovar los permisos por plazos menores y sin automaticidad”.
En tanto, por medio de la resolución 1154 lo que hizo Dietrich fue crear una nueva estructura administrativa que se encargará de llevar adelante una supuesta “reconfiguración” de los colectivos que operan en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
El nuevo ente –bautizado con la pomposa denominación de “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Modernización de la red de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”—tiene asignadas la siguientes acciones y tareas principales:
-- Proponer modificaciones a las rutas actuales y futuras concedidas a los colectivos, junto con los instrumentos necesarios para la implementación de dichas modificaciones, a los fines de mejorar la cobertura, nivel de servicio y eficiencia del sistema.
--Coordinar estudios de oferta, demanda, y parámetros económico-financieros de las rutas de los servicios urbanos y suburbanos del AMBA.
-- Participar en la elaboración de pliegos de bases y condiciones técnicas para el otorgamiento de concesiones, permisos y/o cualquier otro tipo de figura jurídica que implique prestación de servicios de transporte.
--Coordinar la producción de indicadores para monitorear el desempeño de los operadores del sistema, incluyendo los mecanismos de elaboración y publicación.
Al frente de la flamante “Unidad Ejecutora”, Dietrich puso a Andrés Gartner, un técnico proveniente de los equipos macristas que desde diciembre de 2015 ha estado en el área de Transporte como titular de la Unidad de Coordinación y que a partir de ahora pasará a tener “rango y jerarquía” de Subsecretario.
Tras tomar nota de los cambios, los dueños de las líneas de colectivos entraron a desconfiar de intenciones oficiales que hablan de mejorar y modernizar los servicios que se prestan actualmente en la Capital y los principales partidos del Conurbano.
Para los empresarios del sector, las medidas adoptadas por el Gobierno podrían dar lugar a un dudoso y problemático reordenamiento de los recorridos que agravaría los problemas operativos y económicos que afrontan hoy en día varias compañías del AMBA.
Además sostienen que la nueva y amplia discrecionalidad otorgada a los funcionarios que se encargan de renovar los permisos daría paso a la aparición de situaciones asimétricas y poco claras.
Con las nuevas reglas de juego, a una empresa le podrían dar 6 años de renovación y a otra de similares características sólo 3 de extensión del permiso.
En ese caso --según apuntó un empresario con varias décadas en el sector y conocedor de otras experiencias similares—los “costos de la tramitación y la gestión” de los permisos no serán iguales.
“Y lo más probable en un año electoral como éste --agregó—es que aparezca una tarifario en las sombras con distintas escalas de valores y contribuciones según los plazos que tengan finalmente las renovaciones”.
Fuente: Transporte y Energía
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