La inesperada y negativa conjunción del recorte de subsidios que dispuso el gobierno nacional para cumplir con los compromisos con el FMI y la negligencia y falta de experiencia de las autoridades provinciales ha dejado a las empresas de colectivos de interior del país en una situación crítica que ya está afectando la prestación de servicios y pone en serio riesgo la continuidad operativa de numerosos las líneas locales.
Tras los acuerdos alcanzados con las provincias el año pasado para la aprobación del Presupuesto 2019, el ministerio de Transporte que comanda Guillermo Dietrich puso en marcha una fuerte poda en los subsidios que venía destinando la Nación a los colectivos urbanos.
Para las empresas que prestan servicios en el interior, Dietrich y los gobernadores habían convenido la creación de un “Fondo Compensador” por el cual la Nación iba a continuar aportando durante este año entre el 25% y el 50% de los montos totales de subsidios que estuvo desembolsando hasta diciembre pasado. Los mandatarios provinciales, por su parte, asumieron el compromiso de hacer frente a esa quita de subsidios con la instrumentación de una compensación provincial o con un aumento de tarifas a los usuarios finales para que las empresas puedan cubrir los costos reales de los servicios.
El nuevo esquema entró en vigencia en enero con un primer desembolso de subsidios de la Nación de 275 millones de pesos para las líneas del interior. Luego sobrevinieron dos giros más que completaron un pago mensual total de 334 millones de pesos. Esos ingresos sumados a los provenientes de los incrementos del 25% al 30% que se registraron en los boletos, les permitieron a las empresas locales pagar los sueldos y arrancar el año al límite.
Los serios problemas para las líneas del interior se dispararon en las últimas horas por un nuevo y sorpresivo recorte que dispuso la cartera de Dietrich en los ya disminuidos subsidios que el gobierno nacional se había comprometido a mantener.
En lugar de los casi 310 millones de pesos que debía girar el pasado viernes, Dietrich solo autorizo el envío de 209 millones de pesos para las líneas de colectivos de 9 provincias y dejó con las manos vacías a las empresas de transporte de 14 provincias.
Según los datos oficiales del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano”, las provincias que no recibieron los subsidios pactados para las líneas urbanas son las siguientes: Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, Neuquén, Misiones, Mendoza, La Rioja, La Pampa, Corrientes, Chubut, Chaco, Catamarca y Buenos Aires.
Ante el reclamo de los empresarios, los funcionarios nacionales le endilgaron la responsabilidad por la no recepción de los subsidios a las autoridades provinciales.
De acuerdo con las explicaciones dadas por los técnicos de Dietrich, algunas provincias no recibieron los fondos pactados porque aún siguen demorando la firma de los acuerdos operativos que se requieren para la canalización de los subsidios.
En otros casos, no se habrían remitido los fondos porque las autoridades provinciales no terminaron de rendir las acreditaciones y la redistribución de los subsidios que deben entregar a los transportistas.
Más allá de los argumentos que esgrimen desde la Nación, lo cierto es que la situación de las compañías de colectivos del interior es crítica y no se descarta que varias de ellas empiecen a reducir los servicios y a desprenderse de los choferes.
El primer paso en ese sentido que ya generó mucho ruido es el protagonizado por el reconocido Grupo ERSA que opera en varias ciudades del interior.
Tras cesar recientemente su actividad en la ciudad de Santiago del Estero, ERSA se presentó en la Justicia y solicitó el “concurso preventivo de acreedores” debido a “una fuerte crisis financiera producto de la devaluación, la suba de costos operativos por la inflación y el atraso tarifario".
El grupo ERSA es comandado por el empresario correntino Juan Carlos Romero, que en la última década pasó de ser un operador de servicios provinciales a convertirse en uno de los principales actores del autotransporte de pasajeros a nivel nacional.
Tiene una fuerte presencia en el interior del país y en Paraguay donde opera los servicios urbanos en las ciudades de Córdoba, Corrientes, Resistencia, Santiago del Estero, Santa Fe, Paraná y el Gran Asunción.
En la Capital Federal y el Conurbano tiene el manejo directo de la línea 19 que une Plaza Once con Carapachay y comparte la operación de otras 9 líneas (9, 25, 84, 271, 299, 373, 384, 505 y 570) asociada con los grupos DOTA y Nuevos Rumbos.
Y en el sector de larga distancia opera las marcas ERSA y Expreso Singer con servicios que comunican Buenos y Córdoba con las provincias de Corrientes y Misiones.
La compañía destacó que la convocatoria de acreedores “apunta a proteger el trabajo de 4.232 personas y familias, que de manera directa trabajan en la empresa y garantizar la continuidad y regularidad del servicio en distintas jurisdicciones del país.
Tras señalar que en los últimos años llevó adelante un proceso de innovación e inversión para mejorar los servicios a los usuarios en distintas ciudades, ERSA resaltó que desde el año pasado ha sufrido “el impacto de la suba del tipo de cambio de más del 100%, un fuerte incremento de las tasas de interés y el severo aumento de los costos operativos, lo cual se sumó a la disminución en los subsidios y la baja de ingresos por la menor cantidad de pasajeros transportados”.
Fuente: Transporte y Energía
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