Más allá de las graves consecuencias económicas y la marcada incapacidad del Gobierno para explicar y resolver el problema, el mega apagón que dejó sin energía eléctrica a más de 50 millones de personas en casi toda la Argentina y en países vecinos ha generado puertas adentro de la administración macrista una nueva “grieta” respecto a las responsabilidades y el alcance de las sanciones en juego por el histórico blackout energético.
Tras la sorpresa inicial por la magnitud del corte total del servicio eléctrico, comenzó a aflorar en el interior del Gobierno una clara y creciente divisoria de aguas entre los funcionarios de la Secretaría de Energía que comanda Gustavo Lopetegui y los técnicos de la CAMMESA, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista.
Desde un primer momento, la postura del área de Energía—en sintonía con los lineamientos impartidos desde la Casa Rosada—fue tratar de bajar los decibeles y encuadrar el apagón como un “hecho anormal y extraordinario que originó una cadena de acontecimientos que terminó causando la desconexión total".
Según esa visión sostenida por Lopetegui y sus colaboradores, los equipos de protección de la red de interconexión--tras la detección de una sobrecarga en las líneas que vienen de Yacyretá y Salto Grande--procedieron a desconectar en forma automática la totalidad del sistema nacional en lugar de limitar el corte a la región mesopotámica y del Litoral.
Con ese razonamiento que pone el acento en una “falla informática y sistémica”, los funcionarios de Energía apuntarían a recortar las responsabilidades de Transener, la transportadora privada controlada por el grupo empresarial de Marcelo Mindlin que tiene a su cargo la operación y mantenimiento de las redes eléctricas de alta tensión y que se encuentra en la mira de los analistas del sector por el rol que tuvo en el mega apagón.
Mindlin es uno de los empresarios más identificados con el macrismo y que más se ha visto beneficiado por los “tarifazos” que ha venido autorizando el Gobierno desde 2016 en los servicios que prestan sus compañías energéticas.
A los pocos meses de la asunción de Macri, Mindlin compró la constructora IECSA de la familia presidencial sospechada por el pago de coimas durante la administración kirchnerista. Con la adquisición de IECSA al primo de Macri, Angelo Calcaterra, Mindlin se quedó con las obras que ya tenía adjudicadas esa empresa en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y en el Paseo del Bajo.
El grupo que pilotea Mindlin tiene una destacada participación en los tres segmentos del negocio eléctrico: generación (Genelba, Loma de la Lata, renovables), distribución (Edenor) y transporte (Transener). Además es uno de los principales productores de gas y petróleo y controla una de las dos transportadoras de gas: TGS.
Por su parte, los técnicos de la CAMMESA --que si bien está presidida por un hombre puesto por Lopetegui es una compañía compuesta por todos los agentes del sistema eléctrico—tienen otra visión que no coincide con la de Energía y es menos contemplativa con Transener.
Para los representantes de la CAMMESA, las líneas operadas por Transener tuvieron una falla que no fue corregida correctamente por los sistemas de protecciones que terminaron provocando un corte total sin que los operarios de la transportadora eléctrica reaccionaran a tiempo para evitar la salida en cadena de toda la red nacional.
Los técnicos de la CAMMESA—que tienen a su cargo el manejo del sistema interconectado nacional donde se ordena y equilibra la oferta con la demanda de energía eléctrica—vieron con preocupación las primeras movidas de los colaboradores de Lopetegui que buscaron descargar la responsabilidad del apagón en el accionar de esa administradora.
Además, desde Energía también deslizaron cuestionamientos contra los operadores de la CAMMESA por la cantidad de horas que demandó el restablecimiento total del suministro a los usuarios afectados. Apuntan a que tardaron casi cuatro horas en despachar algunas centrales térmicas que estaban en condiciones de entrar en servicio más rápidamente.
A contramano de las declaraciones de Lopetegui que sostuvo que se necesitarán 15 días para evaluar y definir qué pasó y por qué se produjo el apagón, desde la administradora eléctrica dejaron trascender que ese plazo se puede reducir a una semana si hay una decisión política clara de esclarecer el tema.
“Con los datos disponibles ya se podría efectuar una primera identificación de los equipamientos e instalaciones que fallaron y las responsabilidades a nivel técnico que pudo haber tenido Transener”, destacó una fuente de la CAMMESA.
El interés de los hombres de la sociedad administradora por deslingar responsabilidades y redactar el informe final sobre el histórico apagón también es compartido por los técnicos del ENRE, el ente regulador que eventualmente deberá aplicar las sanciones y penalidades económicas que puedan surgir de la investigación oficial.
Previendo lo que puede venir, el director general de Transener, Carlos García Pereira ya salió a abrir el paraguas. En la conferencia de prensa que dio junto con Lopetegui, el ejecutivo de Transener destacó que “siempre que hay fallas se presentan los registros e informes a CAMMESA, luego vienen los descargos y el ENRE puede sancionar si lo considera pertinente. Ahora si la empresa entiende que las eventuales sanciones no son correctas, puede recurrir a sede administrativa o judicial”.
Fuente: Transporte y Energía
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