Mientras toda la atención y los esfuerzos del oficialismo y la oposición están volcados a la campaña electoral, el silencioso y efectivo lobby de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur logró alcanzar un objetivo clave de cara a la nueva etapa política y económica que se iniciará a partir del 10 de diciembre.
Casi al mismo tiempo en que salía a la luz el decreto que faltaba de María Eugenia Vidal para aprobar el traspaso del servicio de distribución eléctrica de la órbita nacional a la provincia y la ciudad de Buenos Aires, los timoneles de Edenor y Edesur obtuvieron el aval del macrismo para colocar al frente del nuevo organismo regulador metropolitano a dos técnicos afines a sus intereses.
Con la doble venia del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y de la gobernadora Vidal, las distribuidoras se aseguraron que la conducción del nuevo “Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico” (EMSE) va a quedar en manos de Héctor Falzone y Osvaldo Rolando, dos hombres claramente identificados con las empresas privatizadas del sector.
Si bien sus orígenes profesionales se remontan a las ex compañías estatales Agua y Energía y SEGBA, desde los inicios de las privatizaciones menemistas tanto Falzone como Rolando pasaron a ocupar altos cargos directivos en las empresas privadas que desembarcaron en el negocio eléctrico.
En el caso de Falzone, sus antecedentes muestran que se desempeñó en las generadoras Central Guemes, CMS Energy y Central Puerto. Además fue integrante del Comité Ejecutivo de las Asociación de Generadores y director de la CAMMESA.
En tanto, en el caso de Rolando, su curriculum da cuenta que fue Director Técnico de Edesur durante una década, presidente de la Asociación de Distribuidores y Subsecretario de Generación Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica en la gestión del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Según los términos que se habían acordado para el traspaso de Edenor y Edesur, el nuevo ente bipartito será manejado por un directorio de seis miembros, de los cuales tres serán nombrados por la Ciudad y los otros tres por la Provincia.
Los miembros del directorio tendrán un mandato de tres años y funcionarán con una sede central ubicada en la Capital Federal y una delegación en La Plata.
Para la designación del primer presidente del EMSE, se acordó que el turno inicial de tres años quede a cargo de un representante de la Ciudad. Por esa razón, el que pasará a ocupar el sillón presidencial será ahora Falzone que representa al gobierno de Rodríguez Larreta, quedando Rolando como vicepresidente en representación de la provincia.
Para los restantes cuatro cargos del directorio hay varios nombres en danza de funcionarios que actualmente integran el gabinete del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y del área energética provincial.
En esa lista figuran dos candidatos que generan polémica.
Uno de ellos es Juan Garade, el actual Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico; quien antes había sido Gerente de Planificación Económica de Edenor entre 1992 y 1998 y director de Planificación de Edesur entre 2001 y 2012. Además, Garade fue el que negoció por la Nación los términos y clausulas del acuerdo de traspaso de Edenor y Edesur.
El segundo nombre que suena para incorporarse al EMSE es el de Edgardo Volosín, el actual Director de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Ex gerente de Edenor y hombre de confianza del grupo empresarial que lidera Marcelo Mindlin, Volosín digita la política energética provincial desde fines de 2015 y fue el principal negociador bonaerense para el traspaso de las distribuidoras eléctricas.
Tanto Rodríguez Larreta, como Vidal quieren acelerar los pasos administrativos para dejar armado el nuevo ente regulador con tropa propia antes de las elecciones del 27 de octubre.
De ese apuro se agarran Edenor y Edesur para tratar de colar en las primeras y segundas líneas del EMSE a técnicos y abogados de su confianza que puedan darles una mano en los momentos críticos y en los próximos ajustes y revisiones tarifarias que deberán aprobar las autoridades porteñas y bonaerenses.
No obstante, la movida de las empresas y el macrismo enfrenta un serio riesgo de quedar diluida si se cumplen los pronósticos electorales que anticipan un amplio triunfo de Axel Kicillof sobre María Eugenia Vidal.
Los técnicos “camporistas” que vienen trabajando con Kicillof ya advirtieron que van a revisar las condiciones de la “transferencia eléctrica” y que la designación de los representantes de la provincia en el nuevo ente es algo que les corresponde a las futuras autoridades.
Pero más allá de que lo que suceda con los nuevos reguladores, el traspaso de Edenor y Edesur también va camino a “judicializarse”.
Con la “oficialización” del pase de las eléctricas ha tomado otro impulso la denuncia penal promovida por el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) por el delito de malversación de fondos públicos contra Lopetegui y Garade.
De acuerdo con la denuncia presentada por el legislador K, los funcionarios les redujeron a Edenor y Edesur una deuda total por multas e incumplimientos que tenían con el Estado de 32.000 millones de pesos a 7.000 millones de pesos y les permitieron computar ese monto como futuras inversiones en lugar de devolver esa suma a los usuarios afectados por la mala calidad del servicio.
El proceso de traspaso de Edenor y Edesur había comenzado a tomar forma en febrero de este año cuando el ex ministro de Economía, Nicola Dujovne suscribió con Vidal y Rodríguez Larreta un convenio para transferir las empresas una vez que se resolvieran los reclamos pendientes que tenían cruzados el Estado y las distribuidoras por ajustes atrasados, multas, medidores comunitarios, tarifa social y créditos de la CAMMESA para sueldos e inversiones.
Tras varias y herméticas reuniones entre las partes, en mayo pasado Lopetegui y Garade anunciaron que habían llegado a un acuerdo de compensación de reclamos por el cual Edenor iba a saldar una deuda con el Estado de 4.000 millones de pesos con inversiones adicionales y Edesur haría lo propio con nuevas inversiones por 3.000 millones de pesos y un pago de 3.800 millones de pesos.
Según la denuncia de Tailhade, ese acuerdo no solo violó los contratos de concesión y el reglamento de suministro, sino que además implicó un beneficio de manera ilegítima para las empresas por la modificación unilateral del destino de las multas que correspondían ser acreditadas en las cuentas individuales de los usuarios.
Nota editada en www.letrap.com.ar
Bolivar 1787 - 6° E CABA
info@transporteyenergia.com.ar
Tel: +54 11 4300-2416
Portal de noticias con información actualizada
de dos sectores claves para el país