Mientras busca la fórmula para morigerar el impacto final del aumento tarifario del gas que debe entrar en vigencia en abril por debajo del 35% que había anunciado su antecesor Javier Iguacel; el Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui concretó en la última semana dos jugadas clave que apuntan a beneficiar a empresarios ligados al entorno presidencial y a salvar los nuevos y tambaleantes negocios de generación de energías renovables.
En primer lugar, logró torcer la postura negativa que predominaba en la conducción de la estatal IEASA (la sucesora de la ex Enarsa) para que la empresa Central Puerto --que tiene como uno de sus principales accionistas a Nicolás Caputo, el mejor amigo y socio comercial de Mauricio Macri—se quede con la privatización de la Central Térmica Brigadier López en medio de una fuerte polémica que incluye una investigación judicial en curso contra las autoridades del área energética y la Casa Rosada.
Y en segundo lugar, sacó contrarreloj un cuestionado esquema de salvataje para que no tener que dar de baja a la mayoría de los proyectos de energía renovables que fueron aprobados el año pasado y cuyos adjudicatarios privados no han podido cumplir con los primeros hitos contractuales, ni con las obras e inversiones iniciales.
En el caso de la venta de la Central Térmica Brigadier López, el directorio de IEASA que comanda el ex Techint, Mario Dell Acqua era partidario de declarar desierta la licitación por considerar que la única oferta en juego de Central Puerto resultaba exigua e inconveniente para el Estado, según confirmaron fuentes del sector.
La misma postura de rechazo de IEASA –la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio –también se extendió a las dos ofertas para la Central Térmica Ensenada de Barragán que habían presentado la propia Central Puerto y la petrolera YPF.
Pero ante el fracaso político que podía representar para el Gobierno la caída de la licitación, Lopetegui habría decidido mover los hilos para que al menos una de las dos usinas en danza terminara fuera de la órbita estatal y en manos de una empresa generadora de buena llegada al Gobierno.
De esa manera consiguió que el comité de evaluación de las ofertas emitiría un dictamen salomónico por el cual declara “no aceptables” las ofertas para la Central Ensenada y recomienda como “admisible” a la única propuesta arrimada para la Central Brigadier López.
La oferta de Central Puerto—que tiene algo más del 15 % del parque de generación eléctrica nacional y que durante la administración macrista amplió su participación con la adjudicación de siete nuevos contratos de energías renovables—fue de 165,4 millones de dólares en efectivo y bonos de la CAMMESA junto con la absorción de una deuda de 161,1 millones de dólares que establecía el pliego licitatorio. De esta manera, el total ofertado ascendió a 326,5 millones de dólares para una usina térmica en funcionamiento que tiene una potencia instalada de 280 MW y obras pendientes de ampliación para llevar su capacidad de producción total hasta 420 MW.
Pero lejos de concluir, la polémica planteada por la enajenación de la usina localizada en Santa Fe promete seguir acaparando reparos y cuestionamientos. A las objeciones políticas por el bajo precio de la venta –la tasación oficial había arrojado un valor mínimo de 207 millones de dólares—se podrían sumar las novedades provenientes de la causa abierta en el juzgado federal de Raúl Rafecas.
Con los datos y elementos que había anticipado en este medio durante el año pasado acerca de esta forzada y conflictiva privatización, legisladores de la oposición impulsaron una denuncia contra las máximas autoridades del área energética y del Poder Ejecutivo por considerar que la venta a casi la mitad del valor real de la usina le ocasionaría al Estado una pérdida millonaria de 400 millones de dólares.
Tras el inicio de la instrucción que efectuó el fiscal Gerardo Pollicita quedaron imputados el presidente Macri; los ex ministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel y los funcionarios ejecutivos y gerentes de la ex Enarsa e IEASA involucrados en la licitación.
Según la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue reducido en un 50% sin fundamentos sólidos y razonables.
Otro dato no menor es que tanto la central Brigadier López, como Ensenada habían sido construidas durante la administración kirchnerista por la ex Iecsa (la empresa de primo hermano de Macri, Angelo Calcaterra vendida luego a Marcelo Mindlin) e Isolux.
A fines de 2016 y con las obras aún inconclusas por los incumplimientos de las constructoras, el gobierno de Macri acordó la rescisión del contrato con una indemnización para Iecsa-Isolux de 1.600 millones de pesos que para los conocedores del tema no correspondía bajo ningún aspecto.
Y para completar las suspicacias, dos ex ejecutivos de Iecsa que tuvieron a su cargo la construcción no finalizada de las usinas se incorporaron como gerentes de la ex Enarsa e IEASA para llevar adelante la privatización de las centrales. Se trata de Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, quienes pasaron por los “dos lados del mostrador" al integrar el comité evaluador de las ofertas.
En tanto, en el caso de los negocios de energías renovables que vienen acumulando numerosos atrasados y están más cerca de una rescisión que de una continuidad, lo que hizo Lopetegui fue montar una red de contención para auxiliar a las consultoras y titulares de los proyectos adjudicados que no pueden cumplir con las obligaciones contractuales e inversiones comprometidas.
Por medio de una resolución 52/19, el titular de Energía estableció un amplio y generoso esquema de gracia y blanqueo transitorio de incumplimientos para que las empresas demoradas puedan ponerse al día sin perder los contratos y las garantías.
Tras admitir que el Gobierno “ha detectado un retraso generalizado del cumplimiento de los hitos contractuales de los “Contratos de Abastecimiento suscriptos en el marco del Programa Renovar-Ronda 2, motivados por distintos factores que inciden en el desarrollo de los proyectos”, la resolución de Lopetegui les permite a las empresas afectadas extender y flexibilizar los plazos para los siguientes compromisos y obligaciones contractuales:
--Extensión de las fechas programadas de avance de obras de hasta 180 días para los hitos intermedios y 365 días para la fecha programada de habilitación comercial.
--Nuevas prórrogas para las fechas programadas para el “Cierre Financiero de los Contratos”; el “Comienzo de Construcción” y el “Principio Efectivo de Ejecución de las Obras”.
--Postergación de plazos para dar cumplimiento a las suscripciones de los contratos pendientes de “Abastecimiento y de Adhesión al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER)”.
Para justificar la ayuda a las compañías de renovables, Lopetegui introdujo una serie de requisitos que-- según la visión oficial—implicarán “beneficios para los usuarios, el sistema y la industria nacional”.
Son tres “concesiones” de las cuales las empresas deberán cumplir solo dos de ellas para acceder al salvataje: incorporar al menos un 30% de componente nacional; aceptar una reducción proporcional del “Período de Abastecimiento” del contrato y recortar el “Factor de Incentivo” previsto contractualmente.
Además –y en medio de las últimas y significativas novedades conocidas en la causa del supuesto negociado por los contratos eólicos que fueron comprados y revendidos con una ganancia de casi 50 millones en muy pocos meses por un grupo de sociedades de familiares de Macri donde aparece como socio el jugador de fútbol, Carlos Tevéz--, el “paraguas” de Lopetegui libera el camino para que las empresas renovables puedan cambiar rápidamente sus “socios estratégicos” con una simple notificación en forma previa a la suscripción del “Contrato de Abastecimiento” definitivo.
A eso se agrega otra posibilidad de alteración de los contratos comprometidos que no resulta neutra. Las adjudicatarias podrán “cambiar la tecnología del proyecto” que habían presentado en las ofertas y por esa vía modificar esencialmente los números y resultados que estaban previstos al ingresar en el negocio.
Fuente: Transporte y Energía
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