Las desprolijidades e inconsistencias del capítulo tarifario de los servicios públicos que mostró el plan “parche electoral” anunciado por el gobierno nacional para tratar morigerar el avance de la inflación y frenar la caída del consumo dejaron en offside y descolocados políticamente tanto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Pese a que representó un ítem saliente del paquete de medidas, la Casa Rosada no les anticipó a Vidal y Larreta los alcances reales de las decisiones adoptadas en materia tarifaria.
“El Gobierno nacional no dispondrá más aumentos de tarifas de electricidad, gas y transporte público para las familias en lo que resta del año”, indicaron los funcionarios nacionales encargados de comunicar las medidas de claro tinte electoral.
Si bien en el caso del gas se mantienen los ajustes pautados a nivel nacional para mayo y junio, lo que resolvió basicamente la administración de Mauricio Macri es frenar y cubrir con mayores subsidios todos los aumentos que estaban agendados hasta diciembre en los servicios de energía eléctrica, gas, colectivos, trenes y peajes que están bajo el control y jurisdicción de la Nación.
De acuerdo con los números oficiales, la absorción de los aumentos en juego representará para las cuentas nacionales un desembolso adicional en subsidios de 9.000 millones de pesos anuales. Otras estimaciones privadas, en cambio, proyectan que esas nuevas compensaciones no bajarán de los 15.000 millones de pesos anuales siempre y cuando no se dispare la cotización del dólar.
En caso del servicio eléctrico, el “congelamiento transitorio” alcanza solo a los clientes de Edenor y Edesur. Por el lado del transporte, el mantenimiento tarifario es para los colectivos y los ferrocarriles metropolitanos. Y en los peajes, el freno a los aumentos es solo para las cabinas de las rutas nacionales y los accesos Norte y Oeste.
De esta manera, en la Capital Federal quedaron inicialmente al margen de este atípico congelamiento las tarifas del subte y los peajes de las autopistas urbanas. En tanto, en la provincia de Buenos Aires las tarifas no alcanzadas por el “freezer nacional” son las correspondientes a los colectivos municipales y provinciales, los peajes de la autopista a La Plata y la autovía 2 y el servicio eléctrico que prestan las distribuidoras privadas y cooperativas más allá del Conurbano.
Para no quedar mal parados y evitar los cuestionamientos de los usuarios, tanto Vidal como Larreta se vieron obligados a seguir los lineamientos de la Nación y acoplarse al congelamiento de las tarifas de los servicios que dependen de ellos.
El Jefe de Gobierno porteño picó en punta y ya anticipó que suspende hasta nuevo aviso el aumento del subte a 21 pesos que había autorizado a partir de mayo. Si bien no fue anunciado ahora, las autoridades de la Ciudad también tienen decidido postergar hasta 2020 el incremento en los peajes de las autopistas urbanas que la empresa estatal porteña AUSA tenía en carpeta para agosto.
Según los cálculos preliminares, esos cambios implicarían para la administración local un desembolso adicional de subsidios de casi 800 millones de pesos entre mayo y diciembre.
Por su parte, la gobernadora Vidal tiene previsto anunciar la próxima semana un virtual congelamiento de las tarifas de los colectivos urbanos y del servicio eléctrico en el interior de la provincia hasta diciembre.
A eso se agregaría la suspensión de las subas de los peajes provinciales previstas para el segundo semestre. En principio, la compensación con mayores subsidios de esos frenos tarifarios representaría para el tesoro provincial un gasto adicional, en lo que resta del año, de 3.000 millones de pesos.
Pero más allá de las movidas de Vidal y Larreta, el apartado tarifario del plan “parche” del gobierno nacional presenta una serie de fisuras y omisiones que anticipan nuevos aumentos en los restantes servicios públicos y privados.
--Pese a que juegan un papel clave en la formación de casi todos los precios y servicios de la economía, los combustibles líquidos no fueron incluidos en el congelamiento.
Las naftas y las distintas clases de gasoil seguirán ajustándose en forma mensual en función de las variaciones que registren el valor internacional del petróleo, la cotización del dólar, los biocombustibles y la actualización periódica de los impuestos internos.
--En luz y gas, el “congelamiento” solo abarca a los usuarios residenciales y deja al margen a los comercios, clientes industriales y el alumbrado público.
--Las tarifas de AySA no entraron en el freezer y a partir del 1 de mayo entrará en vigencia un aumento de 27% promedio para los usuarios de la Capital Federal y 26 partidos del Conurbano.
--Por el lado de los celulares, lo que se anunció fue solo un mantenimiento de los precios actuales durante cinco meses que abarca únicamente a las líneas prepagas.
--Para la medicina prepaga no se prevé ninguna clase de congelamiento. En mayo, las cuotas subirán un 7,5% y las empresas del sector ya anticiparon que reclamarán otro ajuste similar para julio-agosto.
--Y en el interior del país, las provincias y los municipios tendrán que resolver cómo compensan los mayores costos operativos y salariales de los colectivos urbanos: con más subsidios o con nuevos aumentos tarifarios que deberán afrontar los usuarios.
Fuente: Transporte y Energía
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