Lejos de los ruidos de la campaña electoral y con una escasa difusión pública, la administración bonaerense de María Eugenia Vidal se apresta a concretar una llamativa privatización con la cual apunta a recaudar algo más de 500 millones de pesos mensuales en multas a los usuarios que esquivan el pago de los peajes en la autopista Buenos Aires-La Plata.
Por medio de la AUBASA –la empresa estatal que administra la autopista, la autovía 2 y las rutas a la costa atlántica—, la gobernadora macrista que busca su reelección en octubre decidió llamar a licitación para privatizar el “servicio de detección de infracciones por evasión de peaje en la Autopista Buenos Aires-La Plata”.
Según las reglas licitatorias que estableció la empresa vial dirigida por Víctor El Kassir—un ex gerente del Grupo Banco Galicia y ex director de varios fondos de inversión—, el controlador privado tendrá “proveer y operar los equipos de fotomultas” y encargarse de la “impresión y distribución postal de las infracciones” que deberán abonar los evasores de los peajes.
De acuerdo con los datos que maneja AUBASA, se registran mensualmente un promedio de 100.000 casos de evasión de peajes por “fuga, violaciones y tránsitos impagos” en las cinco estaciones de cobro que tiene la autopista que une la ciudad de Buenos Aires con la capital platense: Dock Sud, Quilmes, Berazategui, Hudson y Bernal.
La ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires, en sintonía con la ley nacional 24.449, considera como una “falta grave” el no pago de los peajes. Por el decreto 1350 del año pasado, el gobierno de Vidal castiga la falta de pago del paje con una multa que va de 100 a 300 UF (Unidades Fijas equivalentes a un litro de nafta premium).
Actualmente el valor de la UF es de 51,73 pesos lo que implica que las multas por evadir cada peaje en la autopista pueden oscilar entre un mínimo de 5.173 pesos y un máximo de 15.519 pesos según los casos.
De esta manera, con la “vigilancia privada” de los peajes lo que persigue la provincia es embolsar, como mínimo, unos 517 millones de pesos mensuales proveniente de las multas a los infractores.
Para “cazar” a los evasores, el futuro controlador privado deberá instalar 22 dispositivos fijos y 12 móviles para la captura de imágenes de los vehículos que pasen sin pagar.
Las empresas interesadas en quedarse con el negocio deberán acreditar antecedentes comerciales y de trabajos similares en los últimos cinco años, un patrimonio neto no inferior a los 100 millones de pesos y venta anuales superiores a los 250 millones de pesos.
El plazo de la contratación será por dos años y cada oferente deberá cotizar que porcentaje de los ingresos por infracciones que le corresponden a AUBASA quiere cobrar por sus servicios.
Según el convenio de colaboración vigente entre AUBASA y el ministro de Gobierno de la Provincia, la empresa vial recibe el 50% de la recaudación total por las infracciones y multas por evasión de peajes.
La recepción de las ofertas está agendada para el 2 de setiembre y si bien lo lógico sería que gane la empresa que solicite cobrar el porcentual más bajo, los resquicios del pliego licitatorio dejan abierta la posibilidad de que triunfe otro oferente.
Para la evaluación y decisión final, los funcionarios macristas de la provincia se reservaron la aplicación del criterio de “la oferta más conveniente a los intereses de la empresa”. Para los que conocen el sector y esta modalidad licitatoria no sería extraño que surja un resultado polémico que deje afuera a los competidores no afines con la orientación política del gobierno.
Fuente: Transporte y Energía
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