Canicoba mueve una causa pone en aprietos a Michetti, Dietrich e Iguacel. Corredores Viales, a paso lento.
Por Antonio Rossi
En medio de la ofensiva lanzada por el Gobierno para desactivar los contratos adjudicados por la administración macrista bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP), una firme versión proveniente del ámbito judicial ha comenzado a inquietar y a poner en estado de alerta a las empresas y constructoras que tienen sus fichas puestas en el negocio de las concesiones viales. Mientras se define su suerte en el Consejo de la Magistratura, donde enfrenta cinco denuncias por enriquecimiento ilícito, dádivas, vuelos en aviones privados, sobresueldos y pedidos de coimas, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral salió a anticipar que en los próximos días podría haber “importantes novedades” en la causa que investiga las supuestas irregularidades detectadas en las renegociaciones de los accesos Norte y Oeste.
Hasta el momento, Katopodis ha evitado involucrarse en el problema con el argumento de que está esperando el informe final de la auditoría que había ordenado a principios de año.
Si bien el magistrado no dio pista alguna sobre lo que podría pasar, las fuentes judiciales que siguen el tema indicaron que las “novedades” vendrían por el lado de un posible llamado a indagatoria a tres figuras relevantes del anterior gobierno que tuvieron una participación destacada en la renegociación y aprobación de los nuevos contratos con las concesionarias viales que controla el grupo español Abertis.
Se trata del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y la exvicepresidenta Gabriela Michetti, que fue la encargada de firmar los decretos que convalidaron los polémicos cambios contractuales.
En la causa que lleva adelante Canicoba Corral se investiga si los funcionarios de la administración de Mauricio Macri incurrieron en “defraudación al Estado y en negociaciones incompatibles con la función pública” al prorrogar las concesiones a las empresas Ausol y Grupo Concesionario Oeste (GCO) que no habían cumplido con las inversiones y acumulaban varias penalidades contractuales.
Según habían denunciado los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, el grupo Abertis preparó el terreno para la irregular renegociación con dos reclamos ante el tribunal de arbitraje internacional del CIADI que contenían un pedido de indemnización al Estado por atrasos tarifarios superior a los 1.000 millones de dólares.
Las presentaciones en el CIADI se hicieron a fines de 2015, unos días antes de la asunción de Macri. Y se retiraron casi dos años después, sin que se registraran avances en el proceso de arbitraje, una vez que los funcionarios macristas renegociaron las concesiones con cambios ampliamente favorables para las empresas: una extensión de los contratos hasta 2030, el pago de una compensación de casi 500 millones de dólares y un fuerte ajuste tarifario de casi el 300%.
A los beneficios otorgados a las concesionarias se sumó la “oportuna y conveniente” venta de la participación del 7% que tenía la empresa Sideco, del Grupo Macri, en Ausol. Esa operación se concretó poco después de que se aprobara el nuevo contrato, que elevó el valor de las acciones de 3 a 83 pesos y le permitió a Sideco embolsar casi 20 millones de dólares.
Si se confirmasen las citaciones de Canicoba Corral, el tema de la renegociación de los accesos volvería instalarse en los primeros planos y obligaría al Ministerio de Obras Públicas, que conduce Gabriel Katopodis, a tomar cartas en el asunto.
Ahora que los tiempos se van acortando, muchos se preguntan es si la cartera de Obras Públicas tendrá el visto bueno de la Casa Rosada para ir a fondo contra las polémicas renegociaciones o seguirá pateando una definición hasta que se aclare la cuestión judicial.
CORREDORES VIALES. Creada por Dietrich; la empresa estatal Corredores Viales (CV) logró convertirse en los primeros siete meses de la gestión de Alberto Fernández en una operadora clave en el ámbito de las rutas concesionadas con peajes.
Conducida por Gonzalo Atanasoff –extitular de AUBASA- y estructurada bajo la figura de SA que tiene como accionistas al Ministerio de Obras Públicas (51%) y a Vialidad Nacional (49%), es la empresa que se ha hecho cargo desde enero de todas rutas nacionales que no formaron parte de las concesiones por PPP.
En total, CV restatizó cinco corredores que estaban en manos de concesionarias privadas que tenían sus contratos vencidos desde 2017. Son casi 3.000 kilómetros de distintos tramos de la autovía 19 y las rutas nacionales 8, 9, 12, 16, 34, 36 y 188.
No se sabe si por falta de presupuesto o porque las ofertas no eran convenientes, CV no ha podido adjudicar ninguna las cuatro últimas licitaciones que hizo para contratar las tareas de corte de pastos y malezas en las rutas.
Más allá de las promesas de obras que hicieron los funcionarios para cada corredor que fue incorporando, la empresa CV quedó en los últimos días en la mira por dos hechos salientes.
El primero de ellos tuvo que ver con las sorpresivas renuncias de dos integrantes del cuerpo gerencial, el exgerente general Alejandro Barbieri y el exgerente de operaciones Julio Bazzana. Ambos habían sido funcionarios de la administración del exintendente de La Plata Pablo Bruera y estaban en CV desde principios de año. Si bien no hubo una comunicación oficial, los comentarios internos señalan que las renuncias llegaron tras un cortocircuito con Atanasoff por la forma de manejar la empresa.
El segundo motivo que puso a CV en el radar es la marcada demora que se registra con las tareas de mantenimiento y conservación que deben realizarse en los corredores restatizados. Salvo las obras de repavimentación en la ruta 188 entre Pergamino y Junín, en las restantes rutas que absorbió CV practicamente no se están efectuando trabajos mínimos de bacheos ni reacondicionamientos de calzadas y banquinas.
Tampoco se resolvieron las compulsas de precios y licitaciones realizadas en abril para adquirir defensas viales metálicas, equipos de demarcación horizontal y los servicios de auxilio mecánico y remolque de vehículos.
En cambio, los contratos que se adjudicaron sin demoras fueron los destinados a la compra y alquiler de vehículos para las autoridades e inspectores regionales. En total, la empresa incorporó el mes pasado una flota de 34 vehículos nuevos compuesta por camionetas doble cabina, utilitarios y automóviles medianos.
En la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri se terminó de confirmar un dato que se manejaba desde hace varios días, pero que, con el avance de la investigación, se logró robustecer. En el seguimiento realizado al exIntendente de La Plata Pablo Bruera surgieron evidencias que apuntan a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, confirmaron fuentes del caso a Letra P. La semana pasada, este portal mostró las huellas de la actual persidenta del PRO en la cloaca de la inteligencia macrista.
"La banda de espías estaba integrada por 15 personas. Su líder era el agente Alan Ruiz, que fue capacitado por agentes israelíes contratados por Patricia Bullrich”, señaló una fuente con acceso directo al expediente que tramita el juez federal Federico Villena.
Todas las pruebas que se conocen hasta el momento “son las que se obtuvieron solamente del teléfono de Leandro Areque, uno de los espías; falta el resto de los equipos”, señalaron voceros judiciales a este medio.
De ese equipo se extrajeron unas 500 fojas de transcripciones de escuchas telefónicas entre Bruera y el obispo Jorge Lugones, quien es su tío. Los espías sospechaban de un armado político con origen en el Vaticano, pero solo obtuvieron información de charlas familiares.
El seguimiento sobre el exintendente de la capital bonaerense comenzó a fines de octubre de 2017 y se mantuvo durante todo el año 2018. En ese tiempo, Bruera era el titular del Partido Justicialista de La Plata, que sufrió dos atentados. En uno de ellos se robaron una computadora con todos los datos de los afiliados. Esos hechos nunca se esclarecieron.
La investigación reunió también pruebas de los contactos entre espías en los que hablaban de llevar la información a dos funcionarios públicos que la reclamaban: Susana Martinengo, que dirigía el área de Documentación Presidencial en la gestión de Macri, y Alex Campbell, que integraba el gobierno de María Eugenia Vidal.
TELÉFONO ROJO. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se metió este viernes en el tema. Según confirmaron fuentes oficiales a Letra P, habló por teléfono con Bruera durante varios minutos. El jefe de Estado provincial se mostró consternado por el espionaje ilegal y le dejó en claro su acompañamiento para esclarecer el hecho. Además, puso al Ministerio de Justicia provincial a su disposición.
Bruera pidió ser querellante en el expediente. Además, denunció la existencia de un grupo operativo denominado “Base 8” que se infiltró en marchas para ocasionar disturbios e introdujo agentes encubiertos en movimientos políticos, sindicales y sociales.
La semana próxima presentará un escrito en el juzgado en el que aportará más información y datos con el objetivo de robustecer esa línea de investigación que tiene a la capital provincial y sus municipios linderos (en particular, Ensenada y Berisso) como el teatro de operaciones del espionaje ilegal.
Fuente: Editado en LetraP
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