Empieza a desarmarse el experimento fallido del exministro Dietrich. El Estado se hará cargo de un corredor de mil kilómetros. Los términos del entendimiento.
Por Antonio Rossi
En medio del virtual feriado cambiario que rige desde la semana pasada y la creciente sensación de malestar por el agravamiento de la situación económica, el Gobierno logró acordar con el grupo Eurnekian las dos primeras rescisiones contractuales de los PPP viales heredados de la gestión macrista.
Se trata de las concesiones E y F, que habían quedado en manos del consorcio liderado por el dueño de Aeropuertos Argentina 2000 y ahora van camino a ser operados por la empresa estatal Corredores Viales.
El acuerdo alcanzado entre las partes dejó de lado la rescisión unilateral y la ejecución de la totalidad de las garantías en juego que impulsaban la Casa Rosada y la Jefatura de Gabinete.
A la estatización de los primeros mil kilómetros de rutas y autopistas que conforman los PPP viales se arribó por medio de un “acuerdo mutuo de extinción contractual” que suscribieron las autoridades de Vialidad Nacional y los representantes del consorcio privado “Corredor Panamericano”.
Los términos de la salida que consensuaron la concesionaria y el organismo vial, que depende del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, implicarían la devolución de las garantías, un pago inicial de algo más de dos millones de dólares y la apertura de una instancia de negociación por 60 días para aprobar el inventario de los corredores y la liquidación final de los reclamos cruzados.
En el caso de no llegar a un entendimiento con el Gobierno por la liquidación final del contrato, la concesionaria quedará liberada para llevar sus reclamos a los juzgados locales y al tribunal de arbitraje internacional del CIADI.
Para acelerar el acuerdo, los funcionarios utilizaron como elemento de presión la posibilidad de ejecutar en forma inmediata las garantías del grupo concesionario que están en poder del banco estatal BICE que comanda José De Mendiguren.
Antes de dar su conformidad, Helport –la constructora de Eurnekian que tiene el control mayoritario de Corredor Panamericano— se vio obligada a arreglar las diferencias internas con su socia Panedile.
Como el timonel de Panedile, Hugo Dragonetti, no aceptaba la exigencia oficial de renunciar a futuros juicios contra el Estado, Helport, en una operación relámpago, decidió comprarle su parte para poder monopolizar la representación del grupo y avanzar con el cierre de las concesiones.
De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, la letra chica de la “extinción por mutuo acuerdo” de los PPP contiene los siguientes puntos principales:
-Las partes reconocen y comparten que “no hay voluntad para continuar con el contrato PPP y que el contexto fáctico jurídico resulta conveniente para finalizar las concesiones y evitar litigios administrativos y judiciales”.
-La concesionaria mantendrá indemne a Vialidad Nacional, a toda otra autoridad gubernamental y sus respectivos funcionarios por cualquier acción de responsabilidad civil interpuesta en su contra fundadas en la rescisión o cualquier otro aspecto relacionado con el contrato de concesión.
-La concesionaria renuncia a reclamar en cualquier foro o jurisdicción montos o rubros vinculados con daños y perjuicios, lucro cesante y el repago del financiamiento aplicado a los proyectos técnicos y ejecutivos.
-Vialidad Nacional y el Ministerio de Obras Públicas tendrán hasta 60 días hábiles para aprobar el inventario final y la propuesta de liquidación elevada por el concesionario.
-El pago de la suma que resulte de la liquidación final o de la parte de aquella que no haya sido observada se abonará por la parte que corresponda en un plazo de 60 días hábiles.
-Los conceptos e ítems que sean objetados y aquellos sobre los cuales no haya acuerdo serán sometidos a la consideración y resolución del tribunal arbitral internacional previsto en los contratos.
-La concesionaria se hará cargo de todas las remuneraciones, indemnizaciones y demás acreencias adeudadas a su personal jerárquico.
-El Gobierno, a través de la empresa Corredores Viales, asumirá la responsabilidad por el pago de las remuneraciones, indemnizaciones y demás acreencias de los agentes y empleados de las concesiones que pasarán a la órbita estatal.
ESQUEMA FALLIDO. Los PPP viales habían arrancado en 2018 y contemplaban un amplio programa de obras y mejoras de 6.000 millones de dólares que iban a ser financiadas por las compañías privadas y entidades bancarias y repagadas por el Estado con títulos de deuda a mediano y largo plazo.
Las concesiones quedaron en manos de las empresas Paolini, Vial Agro-INC (Corredor A), Green y el grupo chino CCA (Corredor B); Cartellone (Corredor C), Helport -Panedile (E y F) y Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil (Corredor Sur).
El traspaso se formalizará por medio de un decreto y, en principio, el desembarco estatal en las estaciones de peaje se concretaría el 1 de octubre.
olpeados por la crisis cambiaria y económica de mediados de 2018, los concesionarios no pudieron conseguir los financiamientos que habían comprometido. Para no asumir el costo político de darles de baja, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, decidió mantener en pie las concesiones con varias prórrogas y addendas que estiraron los plazos y las obligaciones de las empresas hasta los últimos meses de este año.
Si bien antes de asumir ya había anticipado su intención de desactivar los PPP, la administración de Alberto Fernández demoró más de lo esperado para poner en marcha esa decisión política.
Tras varias idas y vueltas que incluyeron la renuncia de tres funcionarios clave, ahora la cartera de Obras Públicas ha comenzado a encarar la recta final para la estatización de los corredores viales que habían sido privatizados durante el gobierno de Mauricio Macri.
Uno de los primeros corredores que pasará a la órbita estatal es el E, que tiene una extensión de 390 kilómetros y abarca la autopista Zárate- Rosario y los principales accesos y enlaces que unen la zona del Gran Rosario.
El otro que también será absorbido por la operada estatal Corredores Viales es el F, que engloba 635 kilómetros de extensión correspondientes a la autopista Rosario-Córdoba, el tramo de la ruta 9 entre Villa Totoral y Jesús María y la sección de la ruta 33 entre Rufino y Rosario.
El traspaso se formalizará por medio de un decreto y, en principio, el desembarco estatal en las estaciones de peaje se concretaría el 1 de octubre.
Luego vendrán las negociaciones con los restantes concesionarios, a los cuales el Gobierno quiere imponerles las mismas condiciones acordadas con Eurnekian. A priori, no todas las constructoras involucradas con los PPP estarían dispuestas a aceptar esa propuesta y no se descarta que alguna de ellas opte por judicializar la disputa.
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