23/08/20

K & K: Katopodis financia obras en rutas con peajes que cobra Kicillof

El ministro de Obras Públicas ayudrá al gobernador bonaerense a terminar un corredor atlántico que explota la estatal provincial Aubasa.

 

Por Antonio Rossi


En los recientes anuncios de las obras viales y de saneamiento que se llevarán adelante en las distintas provincias, la Casa Rosada incluyó una nueva y polémica ayuda económica para la administración bonaerense de Axel Kicillof. El Ministerio de Obras Públicas, al mando de Gabriel Katopodis, se hará cargo del pago de 4.744 millones de pesos para terminar el denominado “Corredor del Atlántico”, que está en manos de Aubasa, la compañía estatal bonaerense que comanda el exintendente massista de General Las Heras Javier Osuna.

Por medio de la Dirección de Vialidad, la Nación aportará casi el 70% de los recursos necesarios para reactivar las obras en el corredor vial de la costa, que están paralizadas desde hace un año.

La asistencia económica a Aubasa fue presentada como una inversión del gobierno nacional en el marco del programa de obras públicas de casi 80.000 millones de pesos que el presidente Alberto Fernández y Katopodis han comenzado a difundir en tandas semanales con actos virtuales desde la Quinta de Olivos que cuentan con la participación de cinco gobernadores por vez.

Salvo el caso específico de Buenos Aires y Aubasa, todas las obras que emprenderá Vialidad en las provincias corresponden a rutas y conexiones vinculadas con la red nacional.

Las obras bonaerenses juego se focalizan en las rutas provinciales 11 y 56, las cuales se convertirán en autovías con las duplicaciones de calzadas previstas en los siguientes tramos: General Madariaga-General Conesa (62 km), General Conesa-San Clemente del Tuyú (58 km) y San Clemente del Tuyú- Mar de Ajó (37 km).

De acuerdo con los datos oficiales, esas obras pendientes se reanudarán en 60 días y demandarán una inversión total de 7.000 millones de pesos que se cubrirá con el aporte mayoritario de la Nación y una partida provincial de 2.200 millones de pesos.

La reactivación de los trabajos quedará en manos de las empresas que integraban la exconcesionaria “Autovía del Mar”, que fue restatizada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Según un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el primer semestre del año, Buenos Aires fue la provincia que más recursos recibió del Estado nacional para cubrir sus gastos corrientes: se quedó con el 52% de los giros a las provincias.

Se trata de las constructoras Esuco, Helport y Roggio, cuyos dueños, Carlos Wagner, Eduardo Eurnekian y Benito Roggio, se encuentran involucrados en la causa de los cuadernos. Tras haber acordado una rescisión ordenada y sin juicos contra la Provincia, la administración vidalista les adjudicó a esas empresas, en forma directa, la realización de las obras que estaban programadas para el corredor atlántico.

El auxilio para completar las autovías de la costa está en línea con el marcado apoyo económico que la Nación viene otorgando a la gestión de Kicillof desde diciembre pasado para poder sostener el territorio político más importante del Frente de Todos que controla el kirchnerismo.

Según un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el primer semestre del año, Buenos Aires fue la provincia que más recursos recibió del Estado nacional para cubrir sus gastos corrientes. Del total de 177.295 millones de pesos de transferencias corrientes que la Nación giró a las provincias, la administración de Kicillof se quedó con el 52% al embolsar 92.362 millones de pesos.

El trabajo de la OPC aclara que, además de esa suma obtenida para gastos corrientes, Buenos Aires también encabeza la tabla de las provincias que más ayudas han recibido de la Nación para la atención de los gastos extraordinarios derivados de la pandemia, los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los sectores de menores recursos y el apoyo a las empresas mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

La Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (APPSVN) salió a mostrar su desacuerdo con la ayuda otorgada por la Nación para las obras de Aubasa. Tras destacar que las obras deberían ser ejecutadas y pagadas por la Provincia y Aubasa con los ingresos que recibe de los peajes, el secretario adjunto de asociación, Jorge Rizzo, advirtió que, “mientras se decide financiar a Buenos Aires, Vialidad Nacional no cuenta con los recursos suficientes para realizar los trabajos esenciales de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales”.

“Si bien es cierto que Vialidad suscribe convenios con municipios para hacerse cargo de las vinculaciones y accesos locales a las rutas nacionales, lo acordado con Buenos Aires para afrontar la construcción de rutas provinciales excede por completo ese marco y no tiene ninguna justificación técnica válida”, sostuvo Rizzo.

OBSERVATORIO. Tras haber sido creado a principios de mayo por medio de la resolución 31, el nuevo “Observatorio de la Obra Pública” tuvo su lanzamiento formal hace diez días. Al presentarlo en sociedad, Katopodis sostuvo que “será un espacio de construcción participativa con universidades, organizaciones, cámaras empresarias y sindicatos que tendrá la finalidad de propiciar la transparencia en la contratación y ejecución de obras públicas”.

A los pocos días de días de su debut, los funcionarios a cargo del Observatorio se toparon con un doble reclamo proveniente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que encabeza Ricardo Lasca.

En primer lugar, la entidad cuestionó el hecho de que el Ministerio de Obras Públicas no haya contemplado ni habilitado la participación de los usuarios viales en el Observatorio para el tratamiento y el control de la problemática derivada de las rutas y autopistas que fueron concesionadas bajo el régimen de peaje.

En segundo lugar, reclamó terminar con el actual estado de indefensión que padecen los usuarios por la inexistencia de un marco legal y un ente regulador que deberían estar creados por ley para poder controlar tanto las tarifas de peaje, como el accionar de los concesionarios viales.

Nota Editada en Letra P