El descalabro económico provocado por la pandemia y el parate productivo va camino a golpear con fuerza los cimientos que sustentan el accionar de la federación gremial de camioneros que lidera por la familia de Hugo Moyano.
A los frentes conflictivos que tienen abiertos por la continuidad de la empresa OCA (donde la mayoría de los empleados están afiliados al gremio) y la disputa con Mercado Libre por el encuadramiento sindical de sus trabajadores, los Moyano han sumado ahora un nuevo motivo de preocupación que nunca habían afrontado.
Se trata de la, cada vez más firme, posibilidad de que cierren y desaparezcan el 30% de las empresas transportistas de cargas que están siendo jaqueadas por la falta de fletes y la acumulación de deudas y pasivos que no pueden afrontar.
Entre las más pequeñas que tienen uno o dos camiones y las más grandes que poseen flotas que superan el centenar de vehículos, se estima que existen en el país cerca de 45.000 empresas de cargas.
Si se confirman las proyecciones del sector, alrededor de 13.500 empresas quedarían fuera de carrera cuando comience a formatearse el escenario económico pospandemia que promete dejar al clan Moyano con menos afiliados y aportantes a las cajas del gremio.
CRISIS HISTÓRICA. Pese a que está considerado como un servicio esencial, los camiones enfrentan –según los directivos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac)– “una de las peores crisis de su historia”.
En línea con el descenso interanual del 20,6% que registró la actividad económica en mayo, 11 de los 15 rubros que agrupan al autotransporte de cargas tuvieron en ese mes caídas superiores al 70% en la cantidad de viajes efectuados.
En el país hay unas 45.000 empresas de cargas. Si se confirman las proyecciones del sector, alrededor de 13.500 empresas quedarían fuera de carrera cuando comience a formatearse el escenario económico pospandemia.
Las empresas más afectadas fueron las que se dedican al transporte de petróleo, vehículos, pinturas, productos siderúrgicos, electrodomésticos, materiales de construcción, cargas generales y combustibles.
En el ítem de “mercancías peligrosas y químicos”, la caída llegó al 55%; en “alimentos” la declinación fue del 40% y en “animales vivos” los fletes disminuyeron un 20%. El único rubro que no cayó y se mantuvo estable fue el correspondiente a la “producción agropecuaria”.
Los datos provisorios que manejan los técnicos de la Fadeeac estarían mostrando para el mes de junio un panorama negativo similar al de mayo. Y lejos de mejorar, ese cuadro podría ser más grave aún en julio por el impacto que tuvo en la región metropolitana la decisión del Gobierno de volver a aplicar una cuarentena más estricta en los primeros 17 días del mes.
ARGENTINA EN EL PODIO. La inédita y complicada situación que enfrentan las empresas camioneras se vio reflejada en el último informe de la Organización Internacional de Transporte por Carretera (IRU).
El documento difundido esta semana puso sobre el tapete que “Argentina, China e Irán son los países que registran las mayores caídas en la actividad del sector del transporte de cargas”. En los tres casos, la IRU estima que la pérdida en el volumen de negocios que sufrirán las empresas del sector en 2020 estará por encima del 30%.
El estudio de la entidad internacional abarcó a 78 países “donde se vieron afectadas gravemente las finanzas de los operadores de transporte, incluidos los ingresos y el flujo de efectivo, lo que ha llevado a numerosas empresas a la quiebra”.
Según la IRU, el volumen de cargas a nivel mundial experimentará una caída promedio del 18% anual, lo cual implicará para las empresas una pérdida global del orden de los 640.000 millones de dólares. En el caso de América de Sur, las pérdidas que afrontarán las transportistas ascenderían a 35.000 millones de dólares.
“Argentina, China e Irán son los países que registran las mayores caídas en la actividad del sector del transporte de cargas.” (Organización Internacional de Transporte por Carretera)
Tras advertir que el sector ya se había declarado en emergencia en diciembre pasado; el titular de la Fadeeac, Hugo Bauza, destacó que hoy las empresas de cargas están cercadas por tres factores que ponen en riesgo su continuidad: la desaceleración económica, las rupturas de las cadenas de suministros y las fuertes restricciones a la circulación de los camiones que aplican en todo el país las autoridades provinciales y municipales. A eso se suma otra complicación derivada de los aumentos registrados en los costos operativos del sector.
Pese a la caída generalizada de la economía, los costos del transporte de cargas acumularon en el primer semestre del año una suba del 9,7%. Influyeron en esa marca los aumentos de 57,9% en patentes y tasas; 31,7% en gastos generales; 21,5% en sueldos y 21,1% en neumáticos.
En medio de este contexto, el gremio de los camioneros salió a pedir la apertura de negociación salarial 2020. Con la última paritaria vencida el 30 de junio, el sindicato ya les planteó extraoficialmente a los empresarios que pretende una suba de sueldos hasta fin de año que oscile entre el 20% y 25% y un “reconocimiento económico” a definir por la “tarea esencial” que desempeñan los choferes durante la pandemia.
Las cámaras respondieron que no están en condiciones de otorgar ninguna recomposición salarial y advirtieron que, si no hay una pronta recuperación de la actividad, varias compañías ya no podrán pagar los sueldos a partir de agosto.
Por ahora, la negociación se encuentra en modo de espera y a juzgar por lo que está sucediendo con otros gremios de servicios, lo más probable es que Camioneros termine aceptando el pago de una suma fija con el fin de postergar el cierre de la paritaria para el último trimestre del año.
AGUINALDO RECORTADO. Con los vehículos paralizados desde el 19 de marzo y sin una fecha cierta para la reanudación de los servicios, las empresas de ómnibus de larga distancia llegaron a un acuerdo salarial transitorio con el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
A cambio de mantener las fuentes de trabajo, la UTA que conduce Roberto Fernández aceptó que los choferes de larga distancia cobren en junio, julio y agosto una suma no remunerativa mensual por suspensión de tareas de 32.000 pesos junto con una compensación económica de 8.000 pesos.
En el caso del aguinaldo que aún está pendiente de liquidación, lo que se acordó es un pago recortado que se calculará tomando en cuenta el período de los tres primeros meses del año en que los ómnibus estuvieron en actividad.
Fuente: Nota Editada en LetraP
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