02/03/20

La pesificación de usinas abre sobre el Gobierno la sombra del CIADI

La resolución que desdolarizó el pago a las generadoras eléctricas puso en alerta a las empresas afectadas, que amenazan con la primera presentación internacional contra la gestión Fernández.

Por Antonio Rossi



Al igual que los gremios en conflicto, la “pesificación” de las tarifas que cobran las centrales térmicas e hidroeléctricas que el Gobierno oficializó en la última semana ha puesto a las generadoras eléctricas en estado de “alerta y movilización”. Si bien estaban al tanto de lo que se venía, las empresas no piensan quedarse calladas e incluso no se descarta que una de ellas sea la que lleve la primera denuncia contra la administración de Alberto Fernández al tribunal internacional del CIADI.

Tras haberla anunciado varias veces y luego de pasar por distintas revisiones, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 31/2020 de la Secretaría de Energía por la cual se dispuso la “pesificación y reducción” de las remuneraciones que venían recibiendo un grupo de generadoras por la potencia disponible de sus equipos y la energía entregada al sistema cada vez que eran requeridas por el despacho nacional.

Según el argumento oficial, las usinas alcanzadas por la medida tenían sus tarifas “dolarizadas” con una actualización atada a la variación del tipo de cambio que en los últimos dos años había crecido mucho más que la variación de los costos operativos reales. Las autoridades energéticas justificaron la poda y pesificación de los ingresos de las generadoras destacando que “resulta necesario adecuar las remuneraciones para asegurar la sustentabilidad del mercado eléctrico”.

De acuerdo con los números oficiales, y con estos cambios, el costo de la generación se reducirá de los actuales 69 dólares por megavatio-hora (MWH) a un promedio de 62 dólares por MWH, lo que implicará un ahorro para el Estado de 320 millones de dólares anuales en subsidios.

En marzo del año pasado, la administración macrista ya le había rebanado una parte de las remuneraciones a esas generadoras, pero sin alterar el esquema de “dolarización” tarifaria.

Las usinas más afectadas por la medida son las térmicas más antiguas y las hidroeléctricas que están en manos de Pampa Energía, el grupo italiano ENEL, la norteamericana AES, Central Puerto y Orazul Energy.

Precisamente Orazul Energy (la operadora del complejo hidroeléctrico Planicie Banderita-Cerros Colorados en la región del Comahue) fue la que en septiembre de 2019 tomó la decisión de ir al CIADI con una demanda contra el Estado por la medida del macrismo que había recortado sus ingresos. Ante el nuevo escenario que plantea la “pesificación”, ahora Orazul estaría evaluando acudir otra vez al tribunal internacional para promover una nueva demanda contra Argentina.

El encargado de esa movida sería el estudio White & Case, el bufete de abogados de Nueva York especializado en fusiones y arbitrajes internacionales que lleva adelante la demanda que está en curso desde del año pasado. De concretarse, sería el primer juicio y pedido de arbitraje que deberá enfrentar la administración de Alberto Fernández a solo tres meses de haber asumido.

Actualmente Argentina lidera el podio de los países que enfrentan más demandas internacionales de inversores privados que argumentan sentirse afectados y perjudicados por decisiones gubernamentales. Acumula 63 causas ante el CIADI, seguida por España con 51 demandas, Venezuela con 48, República Checa con 38 y Egipto con 34.

El último fallo adverso del CIADI contra Argentina se conoció en mayo del año pasado en el caso planteado por la estatización de Aerolíneas Argentinas. El laudo del tribunal resultó favorable al grupo Marsans y el país fue condenado a pagar 320 millones de dólares. Entre 2016 y 2019, la administración macrista pagó un total de 1.036 millones de dólares por las deudas surgidas de los arbitrajes ganados por British Gas, Gasoducto del Pacífico, Central Puerto- Piedra del Águila, Edemsa y Suez.

LOS DUEÑOS. Orazul entró en el negocio eléctrico local en 2017 cuando el grupo norteamericano Duke Energy le vendió al fondo I Squared Capital en 1.200 millones de dólares todos los activos de generación que tenía en Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.

El fondo de inversión integrado por ex ejecutivos de Morgan Stanley estructuró las empresas locales bajo las siguientes firmas: Orazul Generating SA para la operación de la central termoeléctrica Alto Valle; Orazul Cerros Colorados SA para el complejo hidroeléctrico Planicie Banderita-Cerros Colorados y Orazul Energy Southern Cone SRL para los negocios comerciales.

Las tres sociedades tienen como controlante al holding “Orazul International España”, la empresa que invocando el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) vigente entre Argentina y España es la impulsora de las demandas de arbitraje ante el CIADI.

REACCIÓN INSTITUCIONAL. Más allá de lo que suceda con la jugada particular de Orazul, las empresas nucleadas en AGEERA (Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina) se aprestan a dar una respuesta grupal en los próximos días.

Si bien cada una de las generadoras evalúa qué caminos legales le conviene seguir, la reacción de AGEERA apuntaría a poner sobre el tapete dos cuestiones clave que afectan y condicionan actualmente al sector. Por un lado, los reiterados “parches” regulatorios que se vienen aplicando en los últimos años para resolver problemas coyunturales, dejando de lado los problemas de fondo; por otro lado, la necesidad de que el Gobierno defina qué nivel de reservas quiere para garantizar el abastecimiento a mediano y largo plazo y con qué tipo de usinas prevé atender el consumo actual y los aumentos de demanda previstos para los próximos años.

Aunque no lo expresen directamente en el reclamo institucional, los generadores ven con preocupación otra cuestión relevante: la interna existente en el área de Energía entre el secretario Sergio Lanziani y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que no deja en claro con quién deben hablar y quién es el encargado de definir las líneas de acción para el sector eléctrico.

Fuente: Editado en Letra P