12/07/20

“Las concesiones de Abertis en los accesos Norte y Oeste deberían anularse”

La funcionaria de Vialidad desplazada por el macrismo explica por qué "fueron ilegales" las renegociaciones que llevó adelante Guillermo Dietrich con esa empresa.

Por Antonio Rossi



La decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral de citar a indagatoria a exaltos funcionarios macristas y directivos del grupo español Abertis volvió a poner sobre el tapete las polémicas renegociaciones de los accesos Norte y Oeste que tuvieron como puntos salientes una extensión de los peajes hasta 2030 y una compensación estatal de casi 750 millones de dólares.

Julieta Ripoli, la exdirectora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional que fue desplazada de su cargo por la anterior administración, es protagonista y testigo clave de las negociaciones que terminaron beneficiando a las concesionarias Ausol y GCO, integrantes del grupo empresario comandado por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.

Em diálogo con Letra P, analizó cómo se definieron los nuevos contratos y qué deberían hacer las actuales autoridades ante el avance de la causa judicial.

BIO. Egresada de la UBA especializada en abogacía pública estatal. En 2004 ingresó como pasante a Vialidad Nacional y en diciembre de 2015 estaba al frente de la Jefatura Jurídica de Concesiones. En 2017 fue despedida por sus cuestionamientos a la renegociación de los accesos. Con el actual gobierno recuperó cargo y funciones.

-¿En qué momento el anterior gobierno comienza a tramitar las renegociaciones de los accesos Norte y Oeste? ¿Qué papel jugó la presentación que Abertis hizo ante el CIADI?

-Tres días antes del 10 de diciembre de 2015, Abertis, controlante de los accesos Norte y Oeste, presentó una demanda ante el CIADI reclamando más de 1.100 millones de dólares por perjuicios económicos derivados de la crisis 2001 y 2002. Las dos concesiones, que habían sido otorgados a mediados de los 90, iban a vencer en 2018 (Ausol) y 2020 (GCO). Abertis no estaba habilitada para acudir al CIADI porque no había agotado la vía judicial local y porque no era socia de las concesionarias al momento de alegar la supuesta “ruptura económica del contrato” derivada de la crisis del 2001. Tras la jugada de Abertis, el exministro de Transporte Guillermo Dietrich se manifestó públicamente en favor de “renegociar las concesiones” con el argumento de que iba a ser más beneficioso para Argentina por existir una demanda millonaria ante el CIADI que el país seguramente iba a perder. Nada de eso era cierto. Abertis no estaba en condiciones de ir al CIADI. Y el caso no era de inminente resolución, ya que podría durar varios años y arrojar un resultado incierto para la empresa cuyos contratos tenían una expiración cercana.

-¿Cuál era la situación Ausol y GCO a fines de 2015 en obras, inversiones y multas?

-Tanto Ausol como GCO, a fines de 2015 tenían multas y penalidades millonarias por severos incumplimientos contractuales que representaban créditos millonarios a favor del Estado. Además, Ausol estaba “intervenida administrativamente” por sospechas de fraude y fuga de capitales y con numerosas irregularidades que había detectado órgano de control (Occovi). Todas las multas y penalidades fueron condonadas en la “renegociación integral” de julio de 2018 que llevaron adelante el exadministrador de Vialidad Javier Iguacel y el extitular del área jurídica Ricardo Stoddart. Este último había trabajado en el estudio Marval, O'Farrell & Mairal que fue el encargado de representar a las concesionarias en las negociaciones con los funcionarios.

-¿Qué grado de participación y responsabilidad tuvieron Iguacel, Dietrich y Macri?

-Si bien se tramitaron formalmente en Vialidad, las renegociaciones fueron posteriormente aprobados por Dietrich, el procurador del Tesoro y el Poder Ejecutivo con un decreto de (el expresidente Mauricio) Macri para GCO y otro rubricado por la exvicepresidenta Gabriela Michetti para Ausol. El grado de participación de los funcionarios involucrados fue el correspondiente a sus responsabilidades políticas. Fueron eslabones necesarios para poder llevar adelante la operatoria. Sin su participación, la prórroga ilegal de estos contratos no se habría ejecutado. Tan es así que fueron funcionales, que a los que opusimos reparos nos desplazadaron. En mi caso, fui cesanteada sin sumario legal pese a que era funcionaria de carrera. En su momento, el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín contrapuso un planteo técnico correcto al defender los intereses legítimos del Estado. Tras conseguir una instancia inicial favorable al país, Balbín también fue desplazado y reemplazado por Bernardo Saravia Frías, quien terminó avalando la renegociación.

-¿Cuáles fueron los principales beneficios concedidos a las concesionarias?

-Prórroga de los contratos por 10 y 12 años más en forma directa y sin licitación pública; dolarización de los peajes; condonación de multas y penalidades; aumentos diferenciales de tarifas por nuevas franjas horarias; no devolución de la recaudación acumulada en el fondo RAE que debían transferir a Vialidad y una compensación por supuestas “inversiones no amortizadas” de casi 750 millones de dólares.

-¿El hecho de que Macri se haya excusado de firmar el decreto de renegociación de Ausol lo deja al margen de los posibles delitos que está investigando la Justicia? ¿Qué pasa con Michetti, que fue la que aprobó el nuevo contrato del acceso Norte?

-No lo excusa, todo lo contrario. Es un reconocimiento expreso de la existencia de intereses contrapuestos y de negociaciones incompatibles. Además de ser el presidente, Macri también era el jefe político de sus funcionarios inferiores. Respecto de Michetti, firmó ese decreto por orden y en representación del Ejecutivo y a sabiendas de la situación. Se encuentra en la misma situación que el resto de los funcionarios de la cadena de mando y la justicia deberá determinar su grado de participación.

-¿Cómo analiza la decisión de Canicoba Corral de llamar a indagatoria a los exfuncionarios macristas y a los directivos de Abertis?

-Es un claro avance en la investigación de los hechos. Si bien se demoró bastante, lo más importante es que la justicia actúe libre y correctamente. Lo que llama la atención es que el fiscal sea Carlos Stornelli, cuyos vínculos de amistad con Macri son de público conocimiento.

-¿Qué medidas debería tomar el actual Gobierno ante el avance de la causa judicial y la amenaza de Abertis de demandar al Estado por el congelamiento tarifario?

-En primer lugar, deberían anularse estos contratos, que fueron prorrogados de manera ilegal, y llamarse a una nueva licitación pública. Con respecto a los planteos judiciales de Abertis, hay que tener en cuenta que ahora la empresa tiene en claro que antes de recurrir “realmente” ante el CIADI tiene que promover un planteo en los tribunales locales y esperar a ver cómo le va. Por su parte, la ventaja para el Estado es que ya sabe que esta empresa tiene intención de “eternizarse sin licitación” en los contratos millonarios de los accesos y en consecuencia no debería permitirlo.

EL EXPEDIENTE. En la causa que lleva Canicoba Corral se investiga si en la renegociación de los accesos, las exautoridades macristas incurrieron en “defraudación al Estado y en negociaciones incompatibles con la función pública”. Según la denuncia impulsada por los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, el grupo Abertis había preparado el terreno para la renegociación con dos reclamos de indemnización superior a los 1.100 millones de dólares ante el CIADI que fueron levantados tras la aprobación de los nuevos contratos, que fueron muy ventajosos para Ausol y GCO. En el medio de la renegociación, el grupo Macri embolsó una ganancia de 20 millones de dólares al vender el 7% que tenía en Ausol luego de que el valor de la acción saltara de tres a 83 pesos. En los próximos días deben ir a indagatoria Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías, Nicolás Dujovne, Andrés Barberis Martín y Ricardo Stoddart.

Nota Editada en LetraP