Por Antonio Rossi
Las declaraciones del presidente Alberto Fernández referidas a que los ajustes de las tarifas de los servicios públicos esenciales recién empezarán a definirse en marzo del próximo año generaron una marcada sensación de desazón y disconformidad en las empresas eléctricas y gasíferas.
Convencidos de que los aumentos iban a entrar a correr desde mediados de diciembre y principios de enero tal como habían anunciado el titular de Energía, Darío Martínez, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; los directivos de las distribuidoras de luz y gas se vieron sorprendidos por la afirmación presidencial que vuelve a dilatar la salida del congelamiento tarifario que ya lleva acumulados 18 meses de vigencia.
Tras señalar, sin mayores precisiones, que “el Gobierno va a terminar con la dolarización del costo de los servicios públicos”, Fernández sostuvo el jueves en una nota con C5N que “no está previsto que las tarifas se ajusten este año y calculo que a partir de marzo vamos a discutir cómo se corrigen”.
El anuncio disparó casi de inmediato varias llamadas de los principales gerentes y titulares de las eléctricas y gasíferas a las autoridades de Energía para saber si el Gobierno había decidido cambiar la “hoja de ruta” prevista inicialmente para los aumentos o si se trataba de una nueva “pifiada” del Presidente en su afán de hablar de todos los temas sin tener en cuenta lo que se había informado previamente a los medios.
Lejos de clarificar el panorama, las respuestas de los funcionarios sembraron más dudas con respecto a los tiempos que maneja la Casa Rosada para autorizar las actualizaciones tarifarias. A una distribuidora eléctrica de la región metropolitana le contestaron que las subas llegarían a partir de marzo en línea con la declaración presidencial. En cambio, el mensaje enviado a una gasífera del interior fue que los aumentos se definirán a mediados de diciembre para que sean aplicados en los primeros días de 2021.
El anuncio presidencial disparó casi de inmediato varias llamadas de los principales gerentes y titulares de las eléctricas y gasíferas a las autoridades de Energía para saber si el Gobierno había decidido cambiar la “hoja de ruta” prevista inicialmente para los aumentos.
Más allá del momento que defina el Gobierno para sacar las tarifas del freezer, las desavenencias oficiales han planteado en las empresas energéticas un doble interrogante: cuál es realmente el margen de acción que tiene Martínez luego de haber anticipado aumentos para las próximas semanas que ahora han sido desvirtuados por Fernández y si se animarán los funcionarios a otorgar un ajuste después de marzo en medio de la campaña electoral que se avecina y las presiones ya visibles del Instituto Patria para no tocar las tarifas.
ENRE PARALIZADO. El ascenso del camporista Federico Basualdo a la conducción de la Subsecretaría de Energía Eléctrica dejó acéfalo el manejo del ENRE. Tras haber desembarcado a mediados de marzo al frente de la intervención del ente regulador eléctrico, Basualdo renunció oficialmente a ese cargo el 4 de noviembre. Desde entonces el organismo de control no tiene quien lo conduzca y apruebe las resoluciones rutinarias y de fondo.
Entre otras cuestiones relevantes que están pendientes de resolver se encuentran sanciones económicas a Edenor y Edesur, llamados a audiencias públicas para encarar nuevas obras de transmisión eléctrica y la revisión de medidas de la gestión macrista que no autorizaron transferencias accionarias que estaban amparadas con fallos judiciales favorables.
La demora en la designación del nuevo timonel de la intervención del ENRE obedecería a una disputa interna planteada entre Basualdo y el secretario de Energía. Con el apoyo K, Basualdo intentó colocar a un técnico camporista bonaerense al frente de Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista.
La jugada fue neutralizada por Martínez, quien logró nombrar a dos hombres de su entorno en la conducción de la firma: al neuquino Ariel Kogan en el puesto de vicepresidente y a Javier Gallo Mendoza como gerente general. Los nuevos funcionarios integran con Martínez la línea interna del justicialismo de Neuquén, que tiene fuertes diferencias con el kirchnerismo local, encolumnado con el senador nacional Oscar Parrilli.
Ante esa movida, Basualdo tuvo que conformarse con poner a alguien de su confianza en el sillón vacante del ENRE. El primer elegido había sido Jonathan Simón, el actual coordinador de Gestión del organismo que fue blanco de algunos cuestionamientos internos. Finalmente la que se quedará con las riendas de la intervención es Soledad Manin, quien desde marzo venía desempeñándose como “coordinadora de Protección de Usuarios y Usuarias y Participación Ciudadana” del ENRE.
En principio, su nombramiento tendría que salir en el Boletín Oficial la próxima semana. Pero a juzgar por los tiempos que se toma el área de Legal y Técnica de Vilma Ibarra para estos trámites, no se descarta que la designación se demore hasta los primeros días de diciembre.
CUESTIONAMIENTO RADICAL. Tras los apoyos iniciales provenientes de las principales petroleras y las autoridades neuquinas, el nuevo Plan Gas 2020-2024, que el Gobierno oficializó por medio del DNU 892, cosechó un duro cuestionamiento del think tank radical que preside el exsecretario de Energía y extitular de YPF Jorge Lapeña.
El Instituto Argentina de Energía (IAE) General Mosconi advirtió que “el Plan Gas se implementará sin tener definida una política tarifaria clara y previsible y con amplios márgenes de discrecionalidad contrarios a los marcos regulatorios vigentes que tendrán implicancias directas, no sólo en las empresas de servicios regulados, sino también en las facturas que deben pagar los usuarios y en futuras contingencias fiscales para el Estado”.
Luego de destacar que se trata “del séptimo plan de incentivos a la producción de hidrocarburos implementado en los últimos ocho años”, el IAE destacó que “carece de un documento técnico de la Secretaría de Energía que justifique la aplicación de fondos públicos, las proyecciones de producción, precios, inversiones, costo fiscal total y asociado y el potencial ahorro de divisas que se obtendría por reducción de importaciones”.
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