En medio de la presión que ejercen las petroleras para ajustar los precios internos del crudo y el gas y la marcada caída en el cobro de las facturas que jaquea a las distribuidoras eléctricas y gasíferas; la administración de Alberto Fernández ha comenzado a encarrilar --con mucha discreción-- un tema energético que promete ser clave en los próximos meses.
Se trata de la actualización contractual y reactivación de las obras de las represas santacruceñas Cóndor Cliff y La Barrancosa, el millonario y único gran emprendimiento de generación hidroeléctrica que se mantiene en pie en el sector energético con el financiamiento de China.
Sin hacer ruido y con instrucciones precisas de la Casa Rosada, dos áreas de la administración nacional retomaron las tareas y los trámites que quedaron inconclusos de la gestión macrista con el fin de poner al día los “papeles” del complejo energético patagónico.
La megaobra de las represas –que fueron rebautizadas por las actuales autoridades como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic—se sustenta en dos contratos esenciales.
Por un lado, el correspondiente a la “Construcción” suscripto con el consorcio adjudicatario que encabeza el grupo chino Gezhouba asociado con la local Electroingeniería. Y por otro lado, el referido a la “Financiación” de las obras y el equipamiento firmado con el Gobierno de China que encabeza Xi Jimping y un grupo de bancos de ese país.
La que tiene a su cargo la adecuación del contrato de construcción es la empresa estatal Ieasa. En tanto, las negociaciones vinculadas con el financiamiento quedaron en manos de la Secretaría de Asuntos Estratégicos que comanda Gustavo Beliz.
Las obras en el río Santa Cruz comenzaron en 2015. Según el cronograma original debían haber estado terminadas en setiembre de 2019 para que las usinas pudieran comenzar a generar a partir de febrero de este año. Con los ingresos previstos por la venta de energía, las autoridades nacionales iban a empezar a cancelar las cuotas del crédito chino.
Pero, a los pocos días de haber asumido, la administración de Mauricio Macri procedió a frenar las obras e iniciar un largo proceso de revisión y readecuación del proyecto.
Luego de casi dos años de negociaciones con el consorcio y las autoridades chinas; Macri y el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, lograron cambiar los términos iniciales del proyecto que contempla una inversión en juego superior a los 4.700 millones de dólares. Las modificaciones consistieron en la reducción de la potencia instalada de las represas, la reprogramación de las obras con un mayor plazo de ejecución y la incorporación de una línea de transporte en alta tensión desde Santa Cruz hasta Buenos Aires.
Reiniciadas parcialmente bajo el nuevo esquema a principios de 2018, las obras en las represas volvieron a quedar frenadas a mediados de 2019. Por las paralizaciones registradas entre 2016 y 2019, el Estado debió afrontar una penalidad de los bancos y las aseguradoras de 120 millones de dólares por no haber tomado los créditos que estaban vigentes.
Los datos oficiales muestran que, actualmente, las obras del complejo hidroeléctrico tienen un nivel de ejecución de solo el 20%. En el caso de la central La Barrancosa-Jorge Cepernic, donde están planificadas el 40% del total de las obras, el grado de avance es del 35%. Y en el caso de Cóndor Cliff-Néstor Kirchner—que concentra el 60% restante de las obras totales--, los trabajos apenas llegan al 7%.
En lo que respecta a las obras, los que intervienen en la negociación actual son los técnicos de Ieasa.
Desde principios de marzo, la conducción de la energética estatal –que va camino a recuperar su nombre original de Enarsa—está en manos del ex titular de la empresa de Servicios Públicos de Santa Cruz, Andrés Cirnigliaro, quien tiene entre sus objetivos prioritarios la rehabilitación de los trabajos en las represas asentadas en su “pago chico”.
Para destrabar el proyecto, leasa tiene que aprobar la inclusión de las obras adicionales que propuso un panel de expertos internacionales para solucionar las fallas geológicas detectadas en la zona donde se deben construir las presas que embalsarán el agua del río que luego se utilizará para la producción de energía.
Según los cálculos oficiales, la modificación del diseño de las presas implicará un ajuste del 4% en el presupuesto total de las obras, lo cual representa una inversión adicional del orden de los 200 millones de dólares.
Por su parte, el área de Asuntos Estratégicos de Gustavo Beliz quedó a cargo de negociar con los bancos chinos el “reperfilamiento” del contrato de financiación.
Todos los cambios efectuados durante la administración macrista se hicieron sin tener el acuerdo de los bancos de China que financian el proyecto. A esas correcciones pendientes se agregan ahora las obras adicionales para contrarrestar las fallas geológicas.
La incursión de Beliz en la trama de las represas obedece a lo dispuesto en el DNU 193/2020, que entró en rodar en febrero pasado. Según esa norma, Asuntos Estratégicos tiene entre sus misiones “encabezar las negociaciones definitivas en relación a operaciones de crédito público financiadas total o parcialmente por organismos financieros internacionales y/o Estados extranjeros que involucren al Sector Público Nacional”.
Las dos áreas que intervienen para reencausar la megaobra patagónica prevén concluir sus tareas para principios de junio. Si bien los trabajos que podrían reiniciarse ese mes se encuentran limitados por la veda invernal, la apuesta grande de los funcionarios sería tener todo listo para retomar las obras a pleno a partir de setiembre, si las condiciones meteorológicas y el coronavirus lo permiten.
GENERADORES PREOCUPADOS
Ante la quietud que muestran las autoridades frente a los crecientes problemas económicos que jaquean el negocio eléctrico, la Asociación de Generadores (AGEERA) salió al ruedo para reclamar una serie de medidas destinadas a mantener en pie a las empresas del sector.
Por medio de una nota remitida al secretario de Energía, Sergio Lanziani y al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; los generadores manifestaron su preocupación por las demoras que registran los pagos de la Cammesa y que han llevado a las empresas a tener que esperar más de 70 días para poder cobrar las facturas por la energía entregada al sistema.
Tras advertir que esa situación tiende a empeorar a medida que las distribuidoras pagan solo una parte de la energía consumida, AGEERA destacó que resulta “indispensable que el Estado continúe aportando a Cammesa los fondos correspondientes al subsidio a la demanda que se dispuso con la sanción de las tarifas vigentes más todos aquellos montos que permitan recomponer los plazos de pago”.
La entidad (que agrupa a las generadoras privadas, provinciales y binacionales) le remarcó a los funcionarios que las empresas del sector “son de capital intensivo, emplean a 16.000 trabajadores y necesitan de manera urgente “la definición de un plan para transitar la coyuntura actual con un horizonte de regularización que asegure la cadena de pagos” para poder afrontar los compromisos económicos y mantener operativas las usinas.
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