La empresa aérea no paga los sueldos de una vez y le traslada el conflicto al ministro. Gremios y dueños del transporte, en sintonía para exigir más subsidios.
Por Antonio Rossi
El ministerio de Transporte, que conduce el massista Mario Meoni, arrancó el segundo semestre del año jaqueado por dos conflictos salariales. Uno nuevo, vinculado con la empresa Aerolíneas Argentinas, y otro más conocido y recurrente que tiene como protagonistas a las líneas de ómnibus de corta y media distancia que prestan servicios en el interior del país.
En el caso de la aerolínea de bandera, la cúpula directiva, encabezada por el camporista Pablo Ceriani, salió a anunciar en forma anticipada que la semana próxima sólo podrá abonar el 50% de los salarios de junio, con un piso de 35.000 pesos, a su plantel operativo integrado por algo más de 11.500 agentes.
En la comunicación enviada a los gremios aeronáuticos, Ceriani destacó que no habrá una fecha precisa para completar el pago de los sueldos hasta tanto el Tesoro Nacional proceda a transferir los fondos necesarios para cumplir con las liquidaciones salariales.
El anuncio generó el inmediato rechazo de las entidades sindicales del sector, que hace apenas tres semanas habían aceptado la suspensión por dos meses de 4.000 empleados que pasaron a cobrar una “suma no remunerativa”. Con ese ajuste más las medidas adicionales de reducción de viáticos y bonos y la poda del 20% en las remuneraciones de los cargos ejecutivos, la conducción de Aerolíneas pretende obtener un ahorro en sus gastos operativos de casi 350 millones de pesos mensuales.
En la práctica, lo que ha hecho Aerolíneas con su temprana admisión de que no va a poder pagar la totalidad de los salarios la próxima semana es transferirle una buena parte del costo político de la decisión al titular de la cartera de Transporte y a su par de Trabajo, Claudio Moroni.
Tras rechazar la medida, los seis gremios aeronáuticos que representan a los trabajadores de Aerolíneas quieren involucrar a Meoni en las negociaciones para que, junto con la empresa, presione ante el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete para destrabar el giro de las partidas destinadas al pago de los sueldos.
Por el lado de Moroni, su intervención sería requerida por los sindicalistas si no obtuviesen del Gobierno un compromiso serio de completar los desembolsos salariales antes del próximo viernes. Por las dudas, los asesores legales de los gremios ya recibieron la instrucción de tener listas las denuncias legales correspondientes que obliguen a la cartera laboral a tomar cartas en el asunto.
En tanto, los servicios urbanos e interurbanos de ómnibus volvieron a quedar paralizados casi por completo en las principales ciudades del interior del país.
La falta de pago de la totalidad de los salarios de los últimos meses y la incertidumbre acerca del cobro del aguinaldo llevaron a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a establecer un cese de actividades que afecta principalmente a Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mar del Plata.
Según la conducción nacional del gremio de los choferes, encabezada por Roberto Fernández, en el interior se registra una “situación crítica y anárquica” con empresas que no han terminado de cancelar los sueldos de mayo ni el incremento salarial de 4.000 pesos que se había fijado por decreto a principios de año. A eso se suma la falta de pago de las sumas acordadas en distintos laudos provinciales y la liquidación completa de los aguinaldos.
Llamativamente, el análisis de la situación que realiza la UTA coincide con el planteo central que las empresas del interior nucleadas en la FATAP le vienen haciendo a Meoni desde que estalló la crisis sanitaria y económica del coronavirus. Se trata del “inequitativo reparto” de los subsidios tarifarios que la Nación destina mayoritariamente a la región metropolitana del AMBA en detrimento del resto del país.
En sintonía con las quejas de la UTA, la FATAP advirtió que “la crisis que atraviesa el transporte del interior está llevando al sector a una situación de deterioro que amenaza con tornarse irreversible luego de no haber podido acceder las empresas a ninguna de las asistencias económicas que las autoridades nacionales implementaron para las actividades afectadas por la pandemia de COVID-19”.
El principal problema que enfrentan las líneas del interior es que no les alcanzan sus ingresos provenientes de los subsidios vigentes y la venta de boletos para poder cubrir la totalidad de los gastos operativos y salariales.
A diferencia del AMBA, donde la recaudación de las empresas es 75% subsidios y 25% venta de boletos; en el interior esa relación se compone, normalmente, de 45% subsidios y 55% de corte de boletos.
En los últimos meses, mientras la participación de los subsidios se mantuvo sin cambios, la correspondiente a los boletos cayó al 25% por la recesión económica y la menor cantidad de pasajeros transportados.
Sin chances de que las provincias y los municipios aporten más recursos para cubrir el 30% de ingresos que tienen de menos; las empresas y los intendentes de las principales ciudades del interior buscan que la Nación se haga cargo de esa diferencia con un mayor desembolso de subsidios.
Actualmente, el Fondo Compensador que manejan los funcionarios nacionales distribuye unos 1.620 millones de pesos de subsidios para los servicios provinciales y locales. El planteo de las empresas es que esa suma debería elevarse a un nuevo piso mensual de 2.500 millones de pesos.
Hasta ahora, Meoni se resiste a agrandar ese fondo con el argumento de que la suma actual de subsidios que tienen las compañías que no pertenecen al AMBA es tres veces superior a la que recibieron el año pasado.
Mientras se demora una solución para el interior, los casi 10.000 millones de pesos de subsidios girados para los colectivos del AMBA les han permitido a las compañías de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires pagar íntegramente los sueldos de junio y los aguinaldos.
Nota Editada en LetraP