Por Antonio Rossi
La eliminación, entre gallos y medianoche, del artículo 92 del Presupuesto 2021, que contemplaba el pago de la deuda con las petroleras por el impacto de la devaluación de 2018 en los contratos de gas, puso al descubierto lo endebles y efímeros que resultan los compromisos con los empresarios que asume el Gobierno.
Tras haber sido impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez; la modificación introducida la semana pasada para resolver la deuda pendiente con las productoras de gas desapareció de un plumazo pocos minutos antes de que la Cámara de Diputados aprobara la ley de Presupuesto del próximo año.
Mediante una jugada rápida y coordinada, los legisladores del Frente de Todos aceptaron sin reparos el planteo efectuado por el diputado mendocino José Luis Ramón –un aliado clave del Gobierno que encabeza el Interbloque Unidad Federal— para eliminar el artículo que autorizaba la emisión de un título público por 29.514 millones de pesos destinado a saldar las facturas impagas con las petroleras.
Se trata de las deudas heredadas por las “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA), que surgieron por la dolarización tarifaria del gas que había aprobado el exministro de Energía Juan José Aranguren. Inicialmente, las diferencias en pesos en los precios pactados entre las productoras y distribuidores por las subas del dólar que se registraron desde mediados de 2018 iban a ser trasladadas a los usuarios en 24 cuotas mensuales.
Pero, tras el escándalo político que generó la medida, la administración macrista decidió dar marcha atrás y transferir la deuda inicial de 24.500 millones de pesos al Estado. Por medio del decreto 1053/2018, Macri resolvió cancelar ese compromiso en 30 cuotas mensuales y consecutivas, de las cuales sólo pagó la primera en los últimos días de su mandato.
A mediados de año, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el extitular de Energía Sergio Lanziani habían acordado con las petroleras liquidar las seis cuotas correspondientes al período enero-junio con un desembolso de 3.400 millones de pesos que tenía como principales beneficiarias a YPF (1.491 millones), Total (517 millones), PAE (301 millones) y Pampa Energía (267 millones).
Cuando estaban por concretarse, las transferencias quedaron bloqueadas tras una doble ofensiva desplegada por el interventor del Enargas, Federico Bernal, y los senadores del Frente de Todos. Desde el ente regulador promovieron una demanda judicial contra los exfuncionarios y reguladores macristas que habían implementado el esquema de dolarización tarifaria. En tanto, en la Cámara alta, el oficialismo aprobó la derogación del decreto 1053/18, por el cual el Estado había asumido la liquidación de la deuda gasífera.
A principios de octubre, Guzmán y Martínez retomaron las negociaciones con las petroleras para sacar adelante el programa de estímulos a la producción de gas. A cambio del apoyo empresario a esa iniciativa, el Gobierno accedió a resolver el tema pendiente de las DDA con la emisión de un título de deuda pública que formó parte de los últimos agregados al proyecto de Presupuesto.
Los técnicos del Enargas sostienen que las diferencias en pesos que se registraron por el impacto de la devaluación en las tarifas de gas que habían sido dolarizadas por el macrismo “no pueden ser compensadas por los usuarios ni por el Estado”. Consideran que era un riesgo financiero que debían prever las empresas y que cualquier pago por ese concepto implicaría un beneficio económico desmedido que el Gobierno no debe reconocer.
La caída del artículo que había empujado el Poder Ejecutivo va camino a tensar las relaciones con las petroleras y a sumar nuevas complicaciones en el horizonte energético.
Más allá de las diferentes visiones que existen en el Gobierno, la caída del artículo que había empujado el Poder Ejecutivo va camino a tensar las relaciones con las petroleras y a sumar nuevas complicaciones en el horizonte energético.
El traspié legislativo deja mal parada a la dupla de Guzmán - Martínez, porque no ha podido cumplir uno de los compromisos que había asumido.
Las primeras llamadas de las empresas afectadas a los despachos oficiales en busca de explicaciones encontraron a los funcionarios sorprendidos y sin saber qué decir. Recién en las últimas horas del viernes, desde la secretaría de Martínez salieron a prometer una suerte de “plan B” que consistiría en tratar de destrabar los pagos de las cuotas frenadas hace cuatro meses.
Para las petroleras, la situación planteada con el Presupuesto que salió de Diputados es doblemente crítica y perjudicial. Primero, porque ha dejado en la nebulosa cuándo y cómo van a cancelarse las deudas en juego. Segundo, porque quedó sin cambios lo añadido en el artículo 91, que deja sin efecto el decreto 1053/18, por el cual el Estado reconoció el pago de las deudas por las DDA.
El listado completo de las deudas que están en juego muestra que las principales perjudicadas por este desaguisado son las empresas controladas por el Estado. IEASA (la ex Enarsa) tiene para cobrar 8.900 millones de pesos y le sigue YPF, con una acreencia de casi 6.800 millones de pesos. Luego, aparecen la francesa Total (2.356 millones de pesos), Pan American Energy (2.122 millones), Pampa Energía (1.218 millones), Wintershall (962 millones), Tecpetrol (635 millones), Pluspetrol (476 millones), CGC (409 millones) y Vista (35 millones).
Mientras alistan la artillería legal para llevar el caso a la Justicia si el Gobierno no resuelve el entuerto, las productoras de gas comenzaron a mover sus fichas para ejercer presión sobre los funcionarios. Salieron a intimar a las distribuidoras para que se hagan cargo de las deudas por las diferencias cambiarias y se pongan al día con las facturas del gas entregado en los últimos meses, bajo amenaza de empezar a interrumpir el suministro en las próximas semanas a las empresas que no paguen lo adeudado.
En medio de este escenario, este problema hace más incierta la puesta en marcha de la nueva versión del “Plan Gas”.
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