El proyecto que envió Fernández al Congreso prevé un crédito para que las distribuidoras salden facturas impagas por $100.000 M. Subsidios y obras.
Por Antonio Rossi
Más allá del relato oficial que ha apuntado a resaltar los datos macroeconómicos y los programas orientados a recuperar la infraestructura productiva y social, la letra chica del proyecto de Presupuesto 2021 dejó al descubierto varias pistas acerca de las políticas que piensa implementar el Gobierno el próximo año en los sectores de energía y transporte.
En el primero, el dato más llamativo es la introducción de una medida que la Casa Rosada había vetado hace menos de un mes: el “salvataje” y la renegociación de las millonarias deudas que las distribuidoras y las cooperativas tienen con Cammesa por la energía que reciben del sistema eléctrico.
Por medio de los artículos 87 y 88 del proyecto de ley, la administración de Alberto Fernández prevé implementar un “régimen especial de regularización” para las facturas eléctricas impagas acumuladas hasta el 30 de setiembre de este año, que, según los datos oficiales, totalizan más de 100.000 millones de pesos.
El nuevo esquema consiste en el “reconocimiento de un crédito” de hasta cinco veces la factura media mensual o el equivalente al 66% de la deuda existente de cada distribuidora. De esta manera, el Estado les “perdona” a las empresas la mayor parte de las deudas y lo que queda de remanente deberán abonarlo con un plan de pagos de hasta 60 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y un descuento del 50% en la tasa de interés del mercado.
Además, la Secretaría de Energía, que será la autoridad de aplicación de ese régimen, podrá negociar acuerdos en forma particular con cada distribuidora con el fin de “promover inversiones para mejorar la calidad del servicio o propender a una reducción de las deudas de los usuarios en situación de vulnerabilidad económica”.
Esta movida, que representa una fuerte condonación del rojo que acumularon las distribuidoras en los últimos meses y una marcada licuación de los saldos a pagar que se refinancian a largo plazo y con tasa subsidiada, implicará para el Estado la absorción de una deuda que no bajará de los 70.000 millones de pesos que se cargarán en la cuenta de los subsidios energéticos.
Actualmente, la tarifa que abonan los usuarios cubre el 46% del costo de la energía. Y el próximo año –según el proyecto enviado al Congreso- esa porción bajará al 43% y la diferencia la afrontará el Estado con más subsidios.
Por el lado del sector de hidrocarburos, aparecen dos datos llamativos referidos a los subsidios que se volcarán a la “oferta” y “demanda” de gas natural.
Los subsidios a la “oferta de gas natural” destinados a las petroleras trepan a 78.700 millones de pesos. La mayor parte (58.000 millones de pesos) irán a parar a los productores de gas no convencional que están dentro de los incentivos de la resolución 46/2017 del exministro de Energía Juan José Aranguren.
Los 20.600 millones de pesos restantes están previstos para el denominado “Plan Gas Esquema 2020/2024”. que está en proceso de revisión, sin fecha cierta de inicio y a la espera de que sea designado formalmente el nuevo titular de Energía, Darío Martínez.
En lo que respecta a los subsidios a la “demanda” de gas, el total que calcula desembolsar el Gobierno el próximo año llega a los 34.540 millones de pesos. Poco más de la mitad de esa suma (17.750 millones de pesos) se girará como “apoyo financiero” a las distribuidoras de gas. Para mantener los precios congelados de las garrafas, los funcionarios dispondrán de 13.800 millones de pesos.
En cuanto a las grandes obras de infraestructura energética, las inversiones programadas ascienden a 42.178 millones de pesos. En primer lugar, la que más fondos recibirá es la obra de las represas santacruceñas: 14.781 millones de pesos. Luego le siguen los proyectos nucleares de la CNEA y Nucleoeléctrica Argentina (12.290 millones de pesos), la culminación del gasoducto del GNEA y la potenciación de Salto Grande y la ampliación de líneas eléctricas.
TRANSPORTE. El ministerio que comanda el massista Mario Meoni recibirá más fondos para pagar subsidios a los colectivos que recursos para inversiones y obras.
Las planillas del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) indican que, en 2021, el Gobierno desembolsará un subsidio promedio diario de 534 millones de pesos para mantener las tarifas sin aumentos.
Los 194.800 millones de pesos de compensaciones económicas que recibirán las empresas de colectivos el próximo año contrastan con el total de 141.100 millones de pesos que tendrá disponible la cartera de Transporte para obras en ferrocarriles, estaciones de pasajeros, aeropuertos y terminales portuarias.
La inversión más relevante –16.565 millones de pesos --corresponde al ámbito ferroviario y consiste en la compra de 200 nuevos coches eléctricos para la línea Roca. También está agendada la adquisición de nuevas formaciones diésel eléctricas para la línea Belgrano Sur por un total de 3.610 millones de pesos.
A eso se agregan las obras de mejora en el ramal Constitución-La Plata (7.100 millones de pesos), la readecuación y electrificación de la línea San Martín (6.263 millones de pesos) y el viaducto que unirá las líneas Belgrano Sur y Roca (2.830 millones de pesos y la renovación de las vías del Belgrano Cargas en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe.
Pese a que las declaraciones de las autoridades de Transporte acerca de que la obra estaba “suspendida y sujeta a revisión”, el Presupuesto enviado al Congreso contempla una erogación de 2.872 millones de pesos para avanzar con el cuestionado proyecto del “soterramiento” de la línea Sarmiento.
En el sector automotor, sobresalen una partida de 4.578 millones de pesos que se usará para la renovación integral de terminales de ómnibus del interior del país y un aporte de 258 millones de pesos para arreglar paradas de micros en el Conurbano bonaerense.
Por lado fluvial y portuario, la obra más significativa que aparece es el dragado de mantenimiento del puerto de Mar del Plata, pero lo que más ha llamado la atención en este sector es la falta total de mención a la Hidrovía y a la creación nueva empresa estatal anunciada hace unos días por el Presidente, la cual debería llevar adelante la reprivatización de la actual concesión de la vía navegable que vence en mayo de 2021.
Nota Editada en Letra P