30/11/20

Sobre la hora, rescinden todos los PPP viales heredados del macrismo

El Gobierno logró acordar con las concesionarias una salida no traumática. Presión a varias bandas y la letra chica del entendimiento.

Por Antonio Rossi



Sobre la hora y con una doble ofensiva de presión por carriles diplomáticos y el Banco Central, la administración de Alberto Fernández logró doblegar las últimas resistencias empresarias para anunciar, este lunes, la definitiva desarticulación de los polémicos contratos de los PPP viales heredados de la gestión macrista.

La vía de salida “no traumática” para terminar con los PPP que terminaron aceptando las empresas concesionarias que aun quedaban en pie consiste en la firma de un “acuerdo mutuo de extinción contractual”, similar al que había suscripto a fines de setiembre el consorcio “Corredor Panamericano”, del grupo Eurnekian.

Tras no haber podido conseguir el financiamiento previsto para las obras y ante la negativa oficial a extender el plazo límite que expira el primer minuto del martes, las empresas que operan los corredores A (Paolini, Vial Agro-INC); B (CCA-Green); C (Cartellone) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil) acudirán este lunes a Vialidad Nacional para formalizar la finalización anticipada de los PPP que, en los papeles, iban a estar vigentes hasta 2033.

Para torcer la posición de las constructoras que eran más reacias a admitir la baja de los contratos, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y las autoridades de Vialidad Nacional utilizaron como presión la amenaza de avanzar con la “rescisión unilateral y la ejecución inmediata de las garantías contractuales por incumplimiento de los cierres financieros”.

De aplicarse esta medida extrema -impulsada por la vicejefa Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien intervino en el tema por indicación del Presidente-, los bancos Galicia, Itaú y Eximbank de China tendrían que salir a cubrir un paquete de garantías de casi 450 millones de dólares y luego accionar contra las empresas, que, al no estar en condiciones de afrontar una ejecución de esa magnitud, irían directamente a la quiebra.

Además de la amenaza latente de una rescisión unilateral por incumplimiento, el Gobierno efectuó otras dos movidas para “convencer” a las empresas. En el caso de la empresa china CCA, que controla el corredor B, los funcionarios buscaron la ayuda de personal de la Cancillería para que hablase con los representantes de la embajada china en Buenos Aires con el fin de acercar las posiciones.

A eso se sumó una gestión del subsecretario de Participación Público Privada, Federico Molina, que responde a Todesca, ante el Banco Central para que les haga saber a las entidades bancarias de las concesionarias lo “inconveniente y desventajoso” que iba a resultar una ejecución inmediata de las garantías de los PPP.

MUTUO ACUERDO. El esqueleto de la “extinción contractual por mutuo acuerdo” que suscribirán las empresas y el Gobierno contempla la devolución parcial y condicionada de las garantías, un desembolso inicial inferior a los dos millones de dólares para cada concesionario y la apertura de una instancia de negociación por 60 días para aprobar el inventario de los corredores y la liquidación final de los reclamos cruzados.

En el caso de no llegar a un entendimiento por la liquidación final del contrato, las empresas quedarían liberadas para llevar sus reclamos a los juzgados locales y al tribunal de arbitraje internacional del CIADI.

De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, la letra chica de los acuerdos para finiquitar la fallida experiencia de los PPP macristas contendría los siguientes puntos destacados:

-Las partes reconocen y comparten que “no hay voluntad para continuar con el contrato PPP y que el contexto fáctico jurídico resulta conveniente para finalizar las concesiones y evitar litigios administrativos y judiciales”.

-Las concesionarias mantendrán indemne a Vialidad Nacional, a toda otra autoridad gubernamental y sus respectivos funcionarios por cualquier acción de responsabilidad civil interpuesta en su contra fundadas en la rescisión o cualquier otro aspecto relacionado con el contrato de concesión.

-Las empresas renuncian a reclamar en cualquier foro o jurisdicción montos o rubros vinculados con daños y perjuicios, lucro cesante y el repago del financiamiento aplicado a los proyectos técnicos y ejecutivos.

-Vialidad Nacional y el Ministerio de Obras Públicas tendrán hasta 60 días hábiles para aprobar el inventario final y la propuesta de liquidación elevada por el concesionario.

-El pago de la suma que resulte de la liquidación final o de la parte de aquella que no haya sido observada se abonará por la parte que corresponda en un plazo de 60 días hábiles.

-Los conceptos e ítems que sean objetados y aquellos sobre los cuales no haya acuerdo serán sometidos a la consideración y resolución del tribunal arbitral internacional previsto en los contratos.

-Las concesionarias se harán cargo de todas las remuneraciones, indemnizaciones y demás acreencias adeudadas a su personal jerárquico.

-El Gobierno, a través de la empresa Corredores Viales, asumirá la responsabilidad por el pago de las remuneraciones, indemnizaciones y demás acreencias de los agentes y empleados de las concesiones que pasarán a la órbita estatal.

PEAJES ESTATALES. Al igual que las rutas que estaban en manos del grupo Eurnekian, los cuatro corredores que vuelven a manos del Estado quedarán bajo la operación de la empresa Corredores Viales SA (CVSA), que seguirá cobrando las tarifas de peaje que fijen las autoridades de Obras Públicas.

Manejada por el extitular de AUBASA Gonzalo Atanasoff; la firma absorbió a partir de enero todas las rutas que no formaron parte de los PPP. En total, tiene a su cargo alrededor de 4.000 kilómetros de distintos tramos de la autovía 19, la autopista Rosario-Córdoba y las rutas nacionales 8, 9, 12, 16, 33, 34, 36 y 188.

Creada por el exministro macrista Guillermo Dietrich, Corredores Viales se ha convertido durante la gestión de Katopodis en la mega operadora estatal de los peajes que ahora quedará en la mira si no recibe los recursos presupuestarios para afrontar las obras más urgentes de repavimentación y ampliación de las rutas y autopistas más transitadas del país.

Nota Editada en LetraP