La disputa interna planteada entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el Secretario de Energía, Sergio Lanziani y las diferencias de criterios acerca de cómo manejar el sector energético en la sociedad política que integran el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner han provocado una insólita y llamativa demora en la designación de las nuevas autoridades argentinas de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY).
A pocos días de que se cumplan cuatro meses del haber asumido, el Gobierno sigue sin poder sacar los nombramientos oficiales de los nuevos directores y consejeros que deben remplazar a los funcionarios macristas en la conducción y operación de Yacyretá.
Desde mediados de diciembre hasta ahora, cinco candidatos (cuatro hombres y una mujer) fueron postulados para ocupar la dirección ejecutiva que Argentina tiene en la EBY, pero ninguno logró obtener el “doble consenso del albertismo y el cristinismo” para ser nombrados en la entidad binacional.
Esa indefinición ha dejado como principales beneficiarios a los actuales ejecutivos de la EBY que vienen de la administración de Mauricio Macri y cobran mensualmente entre 20.000 y 25.000 dólares.
Los que siguen llevando las riendas de Yacyretá son el Director Ejecutivo, Enrique Goerling y los miembros del Consejo de Administración que integran Marcelo Gatti (ex ministro radical de la provincia de Corrientes), Alejandro Sruoga (ex Secretario de Energía de De la Rúa y Macri) y Alberto Devoto (ex viceministro de Economía de Roberto Lavagna).
A ellos se suma el responsable del área jurídica, Alejandro Tonelli, uno de los abogados del grupo Macri que quedó en la mira de la Justicia en la causa por el vaciamiento del Correo.
Históricamente, el puesto clave de “Director Ejecutivo” de la EBY ha estado en manos de un representante de la provincia de Misiones.
El primero que asomó para ese cargo con el respaldo de Lanziani fue Walter Tamis. Hombre de confianza del cuestionado secretario de Energía, Tamis chocó con el doble rechazo del ministro Kulfas y de los ex padrinos políticos de Lanziani, los ex gobernadores de Misiones Carlos Rovira y Maurice Closs, quienes lograron sacarlo de la cancha.
Luego aparecieron en escena tres candidatos identificados con el actual gobernador Oscar Herrera Ahuad y el sector que lidera Rovira.
El primero fue el ministro de Industria de Misiones, Luis Lichowski. Descartada opción, surgió el nombre del diputado nacional, Diego Sartori. Pese a que contaba con el apoyo de Sergio Massa, no logró pasar los últimos filtros. Luego el que comenzó a sonar fue el actual Subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Bacigalupi, quien también quedó en el camino.
A mediados de marzo y cuando comenzaba a tallar la cuarentena impuesta por el avance del coronavirus, entró en escena la figura de Suzel Vaider, presidenta de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI).
Con el aval del oficialismo provincial, Vaider había conseguido la ayuda de Kulfas para encaminar el trámite de su nombramiento. Pero cuando todo parecía estar encarrilado, afloraron los cuestionamientos y el veto del Instituto Patria y de la vicepresidenta para frenar esa designación.
Los que conocen el paño de todo lo concerniente con Yacyretá y Misiones, sostienen que el rechazo del cristinismo a Vaider respondería a dos razones.
La primera ellas sería una suerte de “devolución de gentileza” a Rovira y Herrera Ahuad que en las elecciones nacionales pasadas presentaron una “boleta corta” separada de la fórmula presidencial del Frente de Todos.
Y la segunda, una nueva demostración de fuerza a la Casa Rosada a pocos días de haber logrado colocar a dos referentes camporistas (Federico Basualdo y Federico Bernal) como interventores de los entes reguladores eléctrico y gasífero.
La “novela” sobre quién se queda con el control del organismo binacional parece que aún no tiene un final cercano y no se descarta que en el próximo capítulo aparezca un candidato impulsado por el Instituto Patria que aspire al escalón más alto de Yacyretá.
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