Por Antonio Rossi
Eclipsada en medio de la definición de las listas para las PASO en la provincia de Entre Ríos, la licitación internacional para la ampliación y modernización del aeropuerto de Concordia entró en una zona de turbulencias. La mayoría de las empresas oferentes que compiten por el contrato valuado en 37 millones de dólares quedaron virtualmente en “estado de alerta” ante las últimas decisiones tomadas por los funcionarios encargados del proceso licitatorio y no descartan avanzar con la presentación de impugnaciones y reclamos legales que podrían llegar hasta las máximas autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el organismo internacional que financia las obras.
Tras tomarse casi siete meses para analizar los sobres de antecedentes técnicos y económicos, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que lleva adelante la licitación resolvió descalificar a cinco de los seis consorcios que habían presentado sus ofertas para el proyecto de “diseño, construcción y readecuación del aeropuerto ‘Comodoro Pierrestegui’ de la ciudad de Concordia”.
Los grupos que quedaron marginados están integrados por Constructora Sudamericana-Luis Losi-Kralicek; Vialagro-Ceosa; Riva-Guerechet; y Rovella Carranza - Esuco. El quinto consorcio descalificado es Dinale-Tradeco de México.
En todos los casos, el motivo que adujo la UEP para sacarlos de la liza licitatoria fue que no habían cumplido con los antecedentes técnicos que pedían acreditar la construcción de dos aeropuertos integrales de 35 millones de dólares cada uno o la ejecución de cinco contratos de aeropuertos parciales por un total de 70 millones de dólares.
En tanto, la única UTE que quedó en pie y con el camino despejado para que le adjudiquen las obras es la que conforman tres firmas. Una es Helport, la constructora del grupo que lidera Eduardo Eurnekian, el dueño de Corporación América y AA 2000. Las otras dos son Pietroboni, una de las principales empresas entrerrianas del sector, y Sabavisa, manejada por Victorio Gualtieri, quien tuvo su época de auge durante la administración bonaerense de Eduardo Duhalde y actualmente tiene varios negocios en la provincia mesopotámica.
Quejas vs. confidencialidad
Las quejas de los cinco consorcios relegados se acrecentaron en los últimos días al no poder tomar vistas del expediente para conocer exactamente cuáles fueron las razones que esgrimieron los funcionarios entrerrianos para dejarlos fuera de carrera, ya que todos consideran que habían cumplido con los requisitos técnicos mínimos exigidos por los pliegos.
La decisión de impedirles el acceso a las actuaciones oficiales fue adoptada por la Comisión Evaluadora que depende directamente del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Marcelo Richard. Para fundamentar esa postura negativa, los responsables de la licitación argumentaron que deben seguir “las políticas de confidencialidad establecidas por el BID para la adquisición de bienes y la adjudicación de obras financiadas por esa entidad”.
Según indicaron los funcionarios, las reglas del BID determinan que “la información relativa a la evaluación de las propuestas y las recomendaciones sobre adjudicaciones no se deben dar a conocer a los oferentes que presentaron propuestas, ni a terceras personas que no tengan participación oficial en el proceso de selección, hasta que se haya emitido la notificación de intención de adjudicación del contrato”.
Tras rechazar el pedido de explicaciones de las empresas descalificadas; el ministro Richard junto con el gobernador, Gustavo Bordet, y el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, procedieron la semana pasada a abrir la propuesta económica del trío Helport-Pietroboni-Sabavisa, el único consorcio que logró llegar a esa instancia final.
Lo curioso del caso fue que luego del acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en Paraná, los funcionarios no dieron a conocer de manera oficial la identificación del consorcio, ni el monto de la oferta económica que se había presentado. Para quienes llevan adelante la licitación, ese manejo hermético de los datos obedece a los parámetros de confidencialidad del BID, que restringen la difusión de información hasta el momento en que las obras sean preadjudicadas y notificadas previamente a todos los oferentes.
Para las compañías excluidas, en cambio, esa postura cerrada ensombrece la transparencia que debe tener una licitación internacional de estas características y abre un manto de dudas sobre un eventual direccionamiento de las obras definido de antemano a favor de la UTE que quedó en carrera licitatoria.
Reclamos y elecciones
Una vez que se produzca la preadjudicación del contrato, las empresas desplazadas tendrán siete días para efectuar observaciones e impugnar la decisión oficial. Algunas de ellas no descartan reforzar sus cuestionamientos locales con reclamos directos a las autoridades regionales del BID y al titular del organismo asentado en Washington, Mauricio Claver-Carone.
La ampliación del aeropuerto de Concordia para operar con vuelos locales e internacionales de pasajeros y cargas es una de las obras de infraestructura más significativas que tiene programada la provincia. El proyecto comprende la ampliación de la pista de 1.600 a 2.000 metros, la construcción de una nueva calle de rodaje y plataforma de aeronaves, el montaje de un sistema de señalamiento diurno y nocturno y mejoras en las vías de acceso. A eso se agrega la edificación de una nueva terminal de pasajeros, una torre de control y un sector de oficinas para organismos específicos de la actividad aerocomercial.
La intención de los funcionarios provinciales es adjudicar las obras antes de las elecciones primarias del 12 de setiembre. Si no surgen escollos ni complicaciones legales, los trabajos demandarán 21 meses y deberían estar terminados para la próxima campaña presidencial de 2023.
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