11/07/21

China cortó el chorro y las represas santacruceñas esperan el auxilio de Guzmán

Como Argentina no paga el crédito, los bancos asiáticos no envían fondos. Para no frenar las obras, el Gobierno alista una partida extra. Una falla de u$s200 M.

Por Antonio Rossi



Con los giros del crédito de los bancos chinos frenados desde 2018 y varios certificados de trabajos impagos por las restricciones presupuestarias, el Gobierno tiene en camino un auxilio económico de emergencia para que en medio de la campaña electoral no se paralicen por completo las obras de las represas de Santa Cruz.

El salvataje temporario, que tiene que aprobar el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando regrese de la reunión del G20, consistiría en un desembolso mínimo de 20 millones de dólares por mes durante un semestre para que el consorcio constructor del grupo chino Gezhouba y la local Electroingeniería pueda encarrilar sus cuentas y retomar las obras cuando finalice la veda invernal en agosto.

La construcción de las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz enfrenta una situación límite por la combinación de una serie de factores y decisiones oficiales que arrastran casi tres años de demora.

Las obras en las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, rebautizadas como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, se iniciaron en 2015 con el fin de que entren en servicio en los primeros meses de 2020. Con los ingresos que iban a llegar por la venta de energía, el Gobierno tenía previsto comenzar a cancelar las cuotas del crédito de US$ 4.700 millones otorgado por los bancos chinos ICBC, CDB (China Development Bank Corporation) y el Bank of China Limited (BOC).

Tras haber asumido a fines de 2015, Mauricio Macri frenó las obras y puso en marcha una prolongada revisión del proyecto que estuvo a cargo del exministro de Energía, Juan José Aranguren. En el segundo semestre de 2017, la administración macrista y las autoridades chinas consensuaron una nueva versión del proyecto que, entre otras modificaciones salientes, incluyó la reducción de la potencia instalada, un mayor plazo para las obras reprogramadas y la incorporación de una línea de transporte en alta tensión desde Santa Cruz hasta Buenos Aires.

Acuerdo financiero inconcluso

Tras haber acordado la reconfiguración del proyecto, Macri y Aranguren dejaron sin cerrar la actualización del “contrato de financiación” que se había firmado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner con el Gobierno y los bancos de China.

A partir de diciembre de 2019, la tarea de adecuar el financiamiento chino quedó bajo la órbita del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien, pese al tiempo transcurrido, no ha logrado avanzar con ese trámite que requiere una acción conjunta con la cartera de Economía que hasta ahora no se ha registrado en los hechos.

La falta de acuerdo con las entidades que financian las obras ha generado dos situaciones negativas. Por un lado, los bancos chinos dejaron de girar a fines de 2018 los fondos prometidos cuando solo llevaban entregado el 36% del crédito total de u$s 4.700 millones de dólares. De lo aportado hasta ahora, u$s 1.300 millones se usaron en el pago de obras y compra de equipos y u$s 400 millones fueron anticipos a los fabricantes chinos de las turbinas. Por otro lado, los mismos bancos salieron en los últimos días a presionar al Gobierno con el argumento de que ya estarían en condiciones de exigir el repago de las primeras cuotas del crédito original al cumplirse el período de gracia de 66 meses que se había pactado en 2015.

La movida tuvo efecto y tanto Guzmán como Beliz se comprometieron a acelerar las gestiones para suscribir la adenda financiera pendiente y evitar de esa manera caer en default con China, lo que implicaría, por las clausulas cruzadas vigentes, la paralización de todos los créditos para obras energéticas y de infraestructura que están activos con Argentina.

Una vez que se regularice el contrato de financiamiento, las primeras remesas que ingresen servirán para que el consorcio constructor se ponga al día con sus deudas internas y devuelva los créditos que recibieron en los últimos dos años de la casa matriz de Gezhouba (US$ 300 millones) y la filial local del ICBC (US$ 40 millones).

Mientras tanto, el auxilio económico para transitar el período electoral que está en manos de Guzmán permitirá aquietar transitoriamente a los contratistas y proveedores de la UTE Gezhouba- Electroingeniería, que tienen varias facturas por cobrar, y a los trabajadores de la UOCRA que esperan un mayor ritmo de trabajo y ven con preocupación las diferencias internas que se registran en el consorcio entre los directivos chinos y argentinos tanto a la hora de autorizar los pagos, como en la dirección técnica de las obras.

Traspié geológico

Una complicación adicional que sumó demoras e interrogantes sobre la construcción de las centrales hidroeléctricas fue la detección, en 2019, de una falla geológica en Cóndor Cliff que provocó una grieta en uno de los taludes de contención que se había construido sobre el río Santa Cruz.

La aparición de ese imprevisto, que algunos especialistas atribuyen a la ausencia de estudios sísmicos y geológicos más profundos y previos al llamado a licitación, derivó en un rediseño del proyecto para reubicar las estructuras de hormigón para el desvío del río y el vertedero de la represa. Esas obras extra, según los cálculos oficiales, representan una inversión de u$s 200 millones que, en principio, estaría cubierta dentro del monto total que financian los bancos chinos.

Por el momento, la estatal IEASA, a cargo la certificación y control de las obras, se muestra reticente a avanzar con nuevas etapas del proyecto hasta que un panel de expertos internacionales pueda confirmar la viabilidad técnica y estructural de los trabajos complementarios que fueron propuestos por el consorcio para garantizar la seguridad y el funcionamiento de la represa hidroeléctrica.

Nota Editada en LetraP