Por Antonio Rossi
Una nueva polémica por el alcance y funcionamiento del transporte público de pasajeros quedó planteada entre el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y la administración nacional de Alberto Fernández. Sin coordinación previa con las autoridades nacionales que aún mantienen limitado el acceso al transporte público, la Ciudad puso en marcha un nuevo plan para volver a la normalidad que amplió el universo de quienes estarán habilitados para viajar en los colectivos y trenes de la región metropolitana.
La incorporación de nuevos sectores a los que están habilitados actualmente para trasladarse en el transporte público –esenciales, integrantes de la comunidad educativa y personas con permisos de circulación por motivos familiares o médicos—puso en alerta a las empresas de colectivos que tienen que cumplir con las limitaciones impuestas por la Nación y afrontar las quejas y reclamos de la gente que en los horarios picos debe esperar más de la cuenta para poder subir a las unidades que no superan el cupo permitido del pasaje.
Tras tomar en cuenta una serie de datos epidemiológicos positivos (descenso de los casos diarios de contagios, reducción del 44% al 33% de la ocupación de terapia intensiva del sector público y un 80% de la población mayor de 18 años vacunada con una dosis), Rodríguez Larreta lanzó el miércoles pasado un plan de seis etapas “para retomar de manera gradual y progresiva la normalidad”.
La primera etapa ya entró en vigencia y contempla, entre otras medidas salientes, el levantamiento de las restricciones para circular entre la medianoche y las 6 de la mañana, la habilitación de encuentros al aire libre sin limitación de cantidad de personas y la ampliación al 50% de los aforos de comercios, gimnasios, teatros y celebraciones religiosas.
En lo que respecta específicamente al transporte público, la Ciudad decidió sumar a la lista de rubros habilitados a quienes trabajan en la construcción. Para la segunda quincena de agosto, se añadirá la autorización a viajar en colectivos, trenes y subtes a quienes trabajan en el sector comercial. En el caso de los subtes, se prevé reabrir otras 11 paradas que permitirán tener operativas 79 de las 90 estaciones que conforman la totalidad de la red.
Para las empresas de colectivos, el principal problema que presenta el plan porteño es que no tuvo en cuenta las actuales restricciones operativas que rigen para la prestación de los servicios.
Siguiendo los lineamientos impuestos por la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la cartera de Transporte conducida por el massista Alexis Guerrera permite que en los colectivos metropolitanos solo puedan viajar personas sentadas y hasta un máximo de 10 paradas en los horarios pico.
En el caso de los trenes, las normas vigentes establecen que “deberán circular con una cantidad de personas que no supere la capacidad de asientos disponibles y hasta un pasajero parado por metro cuadrado”. A diferencia de los servicios ferroviarios donde la limitación de pasajeros es letra muerta; en las líneas de colectivos, el cupo de usuarios se cumple casi en su totalidad debido a las fuertes multas que aplica la CNRT a las empresas que llevan más gente de la permitida.
Ante esta situación y la mayor cantidad de trabajadores que se van a incorporar por las disposiciones de la Ciudad, las cinco entidades que representan a las empresas de la región metropolitana (AAETA, ACTA, CTPBA, CEAP y CETUBA) salieron al cruce y solicitaron a los funcionarios nacionales de Transporte que eleven la “capacidad transportativa” hasta 20 personas paradas.
Por medio de una nota remitida al Secretario de Gestión de Transporte, Daniel Giuliano, las compañías de colectivos fundamentaron el pedido de flexibilización de las restricciones en “el avance del plan de vacunación, la mayor demanda de los usuarios y en el hecho de que no hay evidencias de que la mayor movilidad en el transporte público sea un vector de contagio, tal como ha quedado confirmado en los diversos estudios que se realizaron en los últimos meses”.
En principio, la postura de Transporte sería mantener el esquema actual de limitaciones hasta la segunda semana de agosto, a la espera de lo que decidan las autoridades de Salud en función de la cantidad de contagios, la circulación de la variante delta y la llegada de vacunas.
Costos del interior bajo la lupa
En medio de la controversia con la Ciudad, el ministerio piloteado por Guerrera decidió avanzar con el proceso de contratación de dos consultorías destinadas a conocer con mayor precisión los costos reales de los colectivos del interior que reciben subsidios del gobierno nacional.
Con fondos de una línea de crédito otorgada por el BID, la cartera de Transporte saldrá a contratar el “estudio de revisión de los costos de operación e ingresos medios de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de distintas ciudades del interior del país”.
Según lo dispuesto en la resolución 254, el trabajo se focalizará en los servicios de colectivos de los siguientes centros urbanos: Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Corrientes, Comodoro Rivadavia, Salta y Posadas.
A ese estudio se añadirá otro específico para el partido bonaerense de La Matanza. La consultora elegida deberá realizar “un diagnóstico del autotransporte público de pasajeros y trazar lineamientos de mejoras que tengan particularmente en cuenta a la población vulnerable del distrito”.
En ambos casos, la adjudicación se efectuará siguiendo el procedimiento de selección de consultoras establecido por el BID que tiene fijado de antemano una suma total de casi 15 millones de pesos para los dos estudios en juego.
Nota Editada en LetraP
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