21/05/21

Con guiño de Guzmán y techo K, Katopodis descongela peajes

Subirán 9,9% en las rutas y en los accesos Norte y Oeste, en línea con el ajuste de luz y gas. Habrá una consulta ciudadana virtual no vinculante y decorativa.

Por Antonio Rossi



Con el visto bueno de su par de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, puso en marcha el proceso de “consulta y participación ciudadana” para convalidar un incremento promedio del 9,9% en las tarifas de los peajes de las rutas nacionales que volvieron a la órbita estatal, en el corredor 18 que opera la concesionaria privada Caminos del Río Uruguay y en los accesos Norte y Oeste que están en manos de las empresas Ausol y CGO del grupo español Abertis.

El mecanismo de consulta previa a la entrada en vigencia de los aumentos se extenderá hasta el 14 de junio y todo indica que al día siguiente comenzarán a aplicarse los nuevos cuadros tarifarios. Los usuarios, profesionales y entidades de consumidores que quieran participar y elevar sus propuestas deberán hacerlo en forma virtual completando un formulario en la web o por medio de presentaciones por correo electrónico.

La instancia reglamentaria abierta para la recepción de planteos y opiniones de los usuarios resulta meramente decorativa por dos motivos salientes: no es vinculante para las autoridades y no podrá alterar los porcentajes de aumentos que se encuentran definidos en las resoluciones que ya han sido redactadas para aprobar las nuevas tarifas.

Tironeos

La administración de Alberto Fernández dio el puntapié inicial para actualizar la tarifa de los peajes que permanecen congelados desde los primeros meses de 2019 por medio de la resolución 676 de la Dirección Nacional de Vialidad.

Pese a que a principios de año las autoridades de Obras Públicas habían elevado a Economía una propuesta de aumento del 25% anual dividida en tres tramos, entre mayo y diciembre, la resolución de Vialidad se terminó alineando con la pauta de ajuste para los servicios públicos inferior al 10% que lograron imponerle a Guzmán y Katopodis los representantes del ala dura del kirchnerismo que integran la coalición gobernante, en la misma sintonía de las subas autorizadas para los servicios de energía eléctrica y gas.

El aumento del 9,9% previsto para los peajes que están bajo la órbita nacional contrasta marcadamente con las dos subas aprobadas este año por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta en las autopistas urbanas, las cuales registraron un incremento del 55% en enero y otro del 25% en abril.

La resolución de Vialidad Nacional reconoció que el aumento del 9,9% no se ajusta a los mecanismos de actualización previstos en los contratos y que se llegó a ese porcentaje único “siguiendo los lineamientos establecidos por el ministerio Economía y las pautas incluidas en el Presupuesto nacional”. Tras destacar que los incrementos definidos “resultan inferiores a las variaciones del índice de precios (IPC)” del último bienio, los funcionarios de Vialidad que dependen de Katopodis advirtieron que “se ha producido una alteración significativa de los precios de ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que de no equilibrarse con ajustes tarifarios podrían tener impacto en la calidad de las prestaciones que realizan las empresas concesionarias”.

Impacto diferenciado

Para la empresa estatal Corredores Viales, que tiene a su cargo las principales rutas nacionales y está bajo la conducción de Gonzalo Atanasof, el aumento del 9,9% le permitirá afrontar los aumentos salariales previstos para este año sin tener que pedir asistencia económica al Estado. Sin embargo, a Corredores Viales no le quedarán prácticamente recursos propios disponibles para la ejecución de las obras y trabajos prioritarios de conservación y mantenimiento que requieren las rutas nacionales que fueron reestatizadas el año pasado.

En el caso de Ausol y CGO -las concesionarias privadas de los accesos Norte y Oeste-, la suba otorgada por el Gobierno representa algo menos del 20% del aumento que habían solicitado para los peajes que estuvieron en el freezer en los dos últimos años. Amparadas en el mecanismo de actualización establecidos en los contratos de concesión, las dos empresas controladas por el holding español Abertis tienen planteados reclamos de incrementos que trepan hasta el 90% por la incidencia de la inflación, la variación de los costos operativos y la evolución del tipo de cambio.

Además de la demora que arrastra el ajuste tarifario, las cajas de Ausol y CGO se han visto afectadas por la caída en la cantidad de vehículos que transitan por los accesos desde el inicio de la pandemia del coronavirus. De acuerdo con los últimos informes presentados en la Bolsa, en diciembre pasado el tránsito medio diario en ambos accesos registró una caída del 13% comparado con igual mes de 2019. En tanto, los números preliminares de abril y parte de mayo están reflejando una disminución del 11% con respecto al mismo período de 2019.

Más allá del aumento mínimo concedido para los dos accesos, el problema de fondo que mantiene tensa la relación entre el Gobierno y Abertis pasa por la polémica renegociaciones contractuales de Ausol y CGO que fueron aprobadas en 2018 por la administración macrista y que tuvieron como puntos salientes la extensión de las concesiones hasta 2030 y una compensación estatal de casi 750 millones de dólares.

Mientras se esperan novedades en la causa judicial donde se investiga si los funcionarios macristas incurrieron en “defraudación al Estado y en negociaciones incompatibles con la función pública”, Katopodis tiene pendiente la finalización de las “auditorías integrales” que dispuso el año pasado sobre las dos concesionarias.

El resultado de esas auditorías es clave para determinar si continúan en pie las dos concesiones de Ausol y CGO o si el Gobierno avanza con la reestatización de los dos únicos accesos metropolitanos que aún se encuentran en manos privadas.

Nota Editada en Letra P