05/11/21

Constructoras en pie de guerra en los pagos de Ziliotto y Bordet

La Pampa frenó la obra vial de una empresa neuquina por presión de una firma local. En Entre Ríos, cinco consorcios afuera y nuevo aeropuerto para Eurnekian.

Por Antonio Rossi



A pocos días de las elecciones y con el oficialismo utilizando a pleno toda su artillería para tratar de dar vuelta el traspié de las PASO, dos licitaciones destacadas de obras de infraestructura han puesto a varias constructoras en pie de guerra en los terruños provinciales que controlan el pampeano Sergio Ziliotto y el entrerriano Gustavo Bordet.

En La Pampa, la disputa quedó planteada por la “rehabilitación y mantenimiento de la ruta provincial 20”, donde está en juego un paquete de obras que supera los 2.500 millones de pesos. Licitada a principios de setiembre por la Dirección de Vialidad Provincial que pilotea Rodrigo Cadenas, la adjudicación de la obra se encuentra llamativamente congelada en medio de un fuego cruzado entre las dos empresas que compiten por el contrato, CN Sapag y Omar Ángel Jubete, y el funcionariado pampeano.

Financiada con recursos que aporta la administración de Alberto Fernández por medio de Vialidad Nacional, la licitación de la RP 20 se dividió en tres tramos que van del kilómetro 328 al 365 y desde ahí hasta el cruce con la ruta nacional 151. Comprende los trabajos de fresado de la capa de rodamiento, la construcción de banquinas, el ensanche de alcantarillas y la señalización horizontal. En los dos primeros tramos, la oferta más baja fue la presentada por la CN Sapag que cotizó las obras en casi 82 millones de pesos menos que la firma pampeana Jubete.

CN Sapag es una constructora neuquina que talla a nivel nacional. Fue fundada hace más de 30 años por Carlos Natalio "Nuno" Sapag, fallecido en 2015 y hermano de Jorge Sapag, exgobernador y hombre fuerte del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia hace 60 años.

En tanto, Jubete es la principal constructora de La Pampa que tuvo un significativo crecimiento entre 2007 y 2015 durante la gobernación del justicialista Oscar Jorge. Conducida por Omar Jubete, la empresa local ha sido en los últimos años la gran ganadora de las principales obras públicas de la provincia. Referentes de la oposición lo califican irónicamente como el “Lazaro Báez” pampeano, que mantiene una estrecha relación con el actual gobernador y con el senador nacional del Frente de Todos Daniel Lovera.

Cuando todo parecía encaminado a adjudicar las obras a la mejor oferta de CN Sapag, las autoridades pampeanas resolvieron frizar el trámite y darle curso a un reclamo planteado casi sobre la hora por los representantes de Jubete.

La constructora local advirtió que CN Sapag habría incurrido en una “presunta falsedad” cuando presentó los antecedentes técnicos y el listado de todas las obras que tiene ejecutadas, en curso y en vías de ser adjudicadas. Tras recibir la queja de Jubete, Vialidad le pasó la pelota al Registro de Licitadores de la provincia para que verifique y emita un dictamen sobre la capacidad técnica y económica de la empresa neuquina.

Ante esa movida, CN Sapag salió a denunciar que el organismo vial busca desplazarla con un “manejo arbitrario y parcial” basado en datos de carácter reservado y confidencial a los que llamativamente tuvo acceso el segundo oferente. Tras destacar que Vialidad provincial les había ocultado el planteo de Jubete, los directivos de CN Sapag advirtieron que la firma local “tuvo un acceso indebido a información reservada, lo cual afecta la legalidad y transparencia de un proceso licitatorio donde se estaría buscando el camino para una sanción a nuestra empresa que tiene la capacidad de contratación requerida y ha presentado la oferta más baja”.

Mientras espera el dictamen provincial que destrabe la licitación, desde la constructora neuquina ya avisaron que, en caso de que sea desplazada, llevarán adelante una ofensiva de reclamos administrativos y judiciales cuyas esquirlas podrían llegar hasta Vialidad Nacional, por ser la repartición que gira los fondos y convalida lo actuado por la provincia.

Aeropuerto turbulento

En el caso de Entre Ríos, el Ejecutivo provincial decidió acelerar los últimos pasos que estaban pendientes para adjudicar la ampliación y modernización del aeropuerto de Concordia al único consorcio que dejaron en carrera luego de haber descalificado a cinco grupos oferentes.

Tras un prolongado proceso licitatorio que cosechó varios cuestionamientos y un manto de dudas sobre un eventual direccionamiento, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que depende del gobernador Bordet, resolvió preadjudicar la construcción del nuevo aeropuerto de Concordia a la UTE conformada por Helport, Pietroboni y Sabavisa.

Helport es la constructora del grupo que lidera Eduardo Eurnekian, el dueño de Corporación América y AA 2000. Por su parte, Pietroboni es una de las principales empresas entrerrianas del sector, mientras que Sabavisa es la compañía manejada por Victorio Gualtieri, el empresario que tuvo su época de auge durante la administración bonaerense de Eduardo Duhalde y que hoy tiene varios negocios en curso en la provincia mesopotámica.

La oferta del consorcio ganador rozó los 30 millones de dólares y se ubicó un 20% abajo del presupuesto oficial de la obra que cuenta con financiamiento del BID.

Tal como había anticipado Letra P a fines de julio, los grupos que quedaron marginados son los integrados por Constructora Sudamericana, Luis Losi y Kralicek; Vialagro-Ceosa y Riva-Guerechet. Completan la lista Rovella Carranza – Esuco y Dinale-Tradeco de México. El motivo esgrimido para bajarlos fue que no habían cumplido con los antecedentes de construcción de aeropuertos establecidos en los pliegos.

Ahora los consorcios excluidos tienen plazo hasta el próximo martes para impugnar las decisiones de la UEP. Salvo que cambien de estrategia a último momento, ningún grupo iría contra la resolución oficial pese a que todos aseguran haber cumplido con los requisitos. Algunos porque sus ofertas son muy superiores a la ganadora y otros porque consideran una pérdida de tiempo y dinero atacar una medida que el funcionariado provincial ya calificó como “irreversible”.

Nota Editada en LetraP